Cartagena, 25 de febrero de 2026.-

La medida establece una tarifa general del 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aproximadamente 10.474 millones de pesos) y una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético. Según lo proyectado, el 56% del recaudo provendría de estos dos sectores.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el tributo se pagará en dos cuotas: 50% el próximo primero de abril y el restante 50% el 4 de mayo siguiente. Recalcó que los recursos estarán destinados principalmente a intervenciones agrarias e infraestructura.

El decreto fue presentado durante el Consejo de Ministros liderado este martes por el presidente Gustavo Petro en Cartagena. El Gobierno nacional busca recaudar recursos destinados a atender los impactos de los recientes eventos climáticos y acelerar la recuperación de las regiones afectadas, especialmente en el Caribe colombiano.

El ministro Germán Ávila explicó que las medidas adoptadas responden a la evaluación técnica realizada por el Gobierno nacional sobre la magnitud de la emergencia.

“Trabajamos en la presentación de un decreto que se corresponde con la evaluación de la magnitud del impacto que ha tenido la emergencia», señaló el jefe de la cartera económica al presentar el balance preliminar del evento climático.

En el Consejo de Ministros, indicó que el reporte es crítico: se han registrado 65 emergencias, 53 de ellas por inundaciones, en 61 municipios de ocho departamentos. Más de 69.000 familias han resultado afectadas, 10 personas fallecieron y se reportan daños severos en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud.

El impacto en el sector productivo también es significativo: cerca de 20.000 hectáreas afectadas y más de 4.100 viviendas destruidas. El costo estimado para la atención y recuperación asciende a 8 billones de pesos.

El ministro Ávila sostuvo que, ante las restricciones jurídicas de la Corte Constitucional, el Gobierno estructuró el nuevo esquema tributario con eje central en el impuesto al patrimonio para personas jurídicas.

“El centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, porque antes lo teníamos para personas naturales», afirmó, al recordar que ese instrumento ya ha sido utilizado en el país para enfrentar emergencias ocasionadas por fenómenos climáticos, como La Niña en 2009.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Hacienda, se trata de una medida extraordinaria, de aplicación inmediata, para garantizar recursos en el corto plazo y atender la magnitud de la emergencia climática que enfrenta el país.

​Aporte del s​ector financiero

El ministro de Hacienda también destacó que el Gobierno ha sostenido conversaciones con el sector financiero para promover su participación en la solución de la emergencia.

“Entre 2024 y 2025 el sector financiero duplicó sus utilidades, lo cual es muy positivo, pero también implica la necesidad de que contribuyan a superar esta emergencia que estamos viviendo», indicó, tras explicar que las utilidades del sector alcanzaron niveles significativos durante ese periodo.

El gobierno hizo un llamado a las entidades financieras para adoptar medidas complementarias y los representantes del sector propusieron salidas como periodos de gracia para los afectados y suspensión de cobros jurídicos.

El paquete de alivios contempla un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia y suspensión de cobros, incluso para cartera en mora, además de atención prioritaria y educación financiera, precisó el Ministerio de Hacienda.

También el gobierno pidió reducción de tasas de interés en líneas de economía popular y fortalecimiento del crédito asociativo, decisiones que se podrán incluir próximos decretos.

El alto funcionario anticipó que continuará trabajando en nuevos decretos complementarios para garantizar los recursos necesarios y atender integralmente la emergencia en los territorios afectados

[7:52 p. m., 24/2/2026] Rubén Dario Franco Narvaez: Miércoles 25 de febrero 2026 – Día Internacional del Implante Coclear.
El 25 de febrero se celebra el Día Internacional del Implante Coclear, una técnica con la que se consigue que una persona con sordera profunda pueda oír a través de la estimulación eléctrica de las células acústicas dentro del oído interno.
Precisamente fue el 25 de febrero de 1957 cuando se realizó el primer implante coclear, a cargo de los doctores André Djourno y Charles Eyriès. Ellos hicieron historia al hacer oír a una persona totalmente sorda.
El Día Internacional del Implante Coclear se empezó a celebrar por primera vez en 2009 y desde entonces, asociaciones y la sociedad en general se empezaron a hacer eco de este avance técnico en el ámbito de la audición. Actualmente se celebra …
[7:52 p. m., 24/2/2026] Rubén Dario Franco Narvaez: Durante este segundo mes del 2026, para completar mi libro 133, seguiré utilizando el AUTOMÁGICO SISTEMA YOYO (Yo pregunto, yo respondo) aunque muchos enreden la piola. –RUDAFRA.
REFLEXIÓN: EL SONIDO DE LA ESPERANZA Y LA SOLIDARIDAD. Miércoles, 25 de febrero de 2026. Hoy celebramos el Día Internacional del Implante Coclear, una fecha que marca el aniversario de la primera cirugía de este tipo en 1957. Este avance científico no es solo un logro de la ingeniería médica; es una puerta abierta hacia la inclusión y la reconexión emocional con el mundo. Ante la pregunta de si es posible ayudar a que las personas sordas vuelvan a escuchar, la respuesta es un SÍ rotundo y esperanzador.
NUESTRA LABOR COMO PUENTE HACIA LA AUDICIÓN:
EL PODER DE LA DIFUSIÓN: El conocimiento es el primer paso para la sanación. Como comunicadores y ciudadanos, nuestra labor es utilizar todos los medios a nuestro alcance para informar que la pérdida auditiva severa ya no es necesariamente un destino permanente.
CONEXIÓN CON LA CARIDAD: Sabemos que la tecnología del implante coclear puede ser costosa. Por ello, nuestra misión es tender puentes entre quienes necesitan esta ayuda y las Instituciones de Caridad que lideran grandes campañas para brindar estos dispositivos de forma gratuita.
ACCIÓN COLECTIVA: Ayudar a alguien a recuperar el sentido del oído es devolverle la música, la voz de sus seres queridos y su participación plena en la sociedad. Al amplificar el alcance de estas campañas, estamos multiplicando las oportunidades de éxito para miles de personas.
«Un implante coclear es mucho más que un dispositivo electrónico; es el milagro de la ciencia puesto al servicio de la humanidad. Nuestra responsabilidad es asegurar que la falta de recursos no sea el silencio que apague el mundo de nadie.

Congresistas funcionales al gobierno de Gustavo Petro ahora regresan a sus departamentos vestidos de opositores, o al menos haciéndose los “yo no fui” frente a aquello de lo que fueron cómplices.

hace 15 ho

Al expresidente Virgilio Barco lo definía algunos como estadista en Bogotá y manzanillo en Cúcuta: una muestra de la dualidad que traen las dinámicas políticas de Colombia, donde las élites nacionales han gobernado con una cara en la capital y otra muy distinta en las regiones que les ponen los votos.

Esa misma lógica del doble juego se replica hoy con un giro particular: congresistas que en Bogotá fueron funcionales al gobierno de Gustavo Petro —votaron sus reformas, negociaron sus cuotas burocráticas y se beneficiaron de su cercanía con el poder— ahora regresan a sus departamentos vestidos de opositores, o al menos haciéndose los “yo no fui” frente a aquello de lo que fueron cómplices, convencidos de que sus electores tienen la memoria más corta que el camino entre el Capitolio y sus regiones.

Conviene, entonces, hacer el recuento de cómo fue la dinámica en el Congreso durante estos años, y señalar qué partidos y candidatos —petristas en Bogotá, opositores en campaña— esperan que el olvido les lave la hoja de vida antes de las elecciones.

Cuando Petro llegó al poder en agosto de 2022, armó una coalición que rayaba en lo absurdo. El Partido Conservador, el de la U, el Liberal y la Alianza Verde —partidos que meses antes habían hecho campaña contra Petro apoyando primero a Federico Gutiérrez y luego a Rodolfo Hernández— oficializaron su respaldo al primer presidente de izquierda en la historia de Colombia a cambio de ministerios y burocracia: así fue que llegamos al absurdo de hablar incluso de “conservadores petristas”. Solo el Centro Democrático se plantó en oposición desde el primer día y Cambio Radical, inicialmente independiente, dio el paso a la oposición formal en marzo de 2023. El resto del Congreso, con mayor o menor entusiasmo, estaba con Petro.

La ruptura formal de la coalición llegó en 2023, cuando Petro anunció su fin tras la negativa de los partidos tradicionales a respaldar la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho. Los conservadores, liberales y la U se fueron a la independencia. Pero independencia, en el Congreso colombiano, siempre ha sido un eufemismo: una manera elegante de mantener un pie en el gobierno —recibiendo burocracia y contratos— mientras se guarda el otro en la puerta de salida por si el barco se hunde.

En el Senado, donde la disciplina de bancada pesa más y las listas cerradas obligan a cierta coherencia, la pérdida de la coalición sí se hizo sentir. El gobierno dejó de tener la mayoría declarada, y las reformas empezaron a frenarse por márgenes estrechísimos. Pero en la Cámara de Representantes la historia fue completamente distinta: allí el gobierno manejó el tablero a su antojo durante prácticamente todo el cuatrienio. La diferencia la pusieron los disidentes de partidos tradicionales, supuestamente independientes y a veces opositores, pero que respaldaron ciegamente al gobierno a cambio de burocracia y contratos.

Los casos son de dominio público. Congresistas conservadores como Wadith Manzur y Ape Cuello fueron piezas clave para aprobar las reformas del gobierno en la Cámara, mientras la dirección de su partido posaba de independiente. Manzur, investigado en el escándalo de la UNGRD, no se esconde: ha dicho abiertamente que no fue opositor del gobierno. Lo mismo ocurrió con sectores amplios del Liberal y de la U: sus bancadas en Cámara operaron como aliados del Ejecutivo, votando reforma tras reforma —la laboral, la pensional, la tributaria— mientras sus directivos nacionales guardaban las apariencias de distancia.

Esos son los mismos congresistas que hoy, de cara a las elecciones de 2026, quieren regresar a sus regiones como si nada hubiera pasado. Para enfocarnos solo en Antioquia, varios candidatos aspiran a repetir curul haciéndose de la vista gorda frente a su entrega al gobierno de Petro.

Está por ejemplo Luis Carlos Ochoa, representante antioqueño por el Partido Liberal, que ahora busca repetir curul vestido de antipetrista: habrá que recordarle que le fue funcional al gobierno durante la mayor parte de este cuatrienio. Ni hablar del grupo de Carlos Andrés Trujillo, quien busca repetir en cuerpo ajeno con Jaime Cano a la Cámara y Daniel Restrepo al Senado, luego de haber sido el caso más latente de los “conservadores petristas”: Restrepo, como representante, se pareció más a uno del Pacto Histórico que a un godo, y ahora busca dar el brinco al Senado por el conservatismo. O del grupo de Julián Bedoya, en la misma dinámica: María Eugenia Lopera ahora quiere saltar al Senado, inundando el departamento con publicidad tras notarse boyante siendo una de las principales aliadas de Petro en el Partido Liberal.

Y hay casos todavía más graves: las aliadas de Daniel Quintero en el Concejo de Medellín que ahora vienen a camuflarse en coaliciones supuestamente de oposición, como Nataly Vélez por Cambio Radical y Lina García Gañán por la U.

No es el caso de todos los candidatos en estos partidos. Figuras como Juan Felipe Lemus, de la U, o Nicolás Albeiro Echeverry, del Partido Conservador, fueron congresistas antioqueños que, siendo de partidos independientes y presionados por el gobierno para plegarse, fueron capaces de pararse firmes y resultaron claves en contener la debacle que pudo haber sido un Senado completamente funcional a Petro.

Sin embargo, a la hora de votar, no hay que olvidar quiénes tratan de pintarse como oposición en Antioquia luego de ser petristas en Bogotá. Para evitar las dudas, valdría antes de votar quienes fueron coherentes en la defensa de la democracia y de los logros del país.

Mié, 25/02/2026.-

Muchas historias de países se replican para dar cuenta de lo que son y como actúan las estructuras del narcotráfico y lo que logran hacer en las comunidades. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, este fin de semana en un operativo del Ejército mexicano desencadenó la violencia del Cartel Jalisco Nueva Generación, que este capo creó en el 2010 y extendió por México llegando a ser una de las bandas más poderosas al lado del Cartel de Sinaloa. Colombia lo ha vivido también.
En diciembre de 1993 con la muerte de Pablo Escobar, capo del Cartel de Medellín, en un operativo del Bloque de Búsqueda de la Policía, hubo muchos que lo lloraron a pesar de haber sido un sanguinario. Dio pie para que el Cartel del Valle tomara el manejo del negocio de las drogas en el país y la violencia se mantuvo; además en Medellín, si bien se disolvió la estructura Escobar, se reconformaron otras bandas criminales más pequeñas que seguían delinquiendo con otros cabecillas.
En enero del 2012 fue abatido por las autoridades en la Operación Colombia 25 Juan de Dios Úsuga David, alias Giovanni, líder de la banda criminal Los Urabeños, convertida en el Clan del Golfo. Como retaliación sus hombres iniciaron un paro armado, intimidando y paralizando 16 municipios de Antioquia, Magdalena, Bolívar, Chocó, Córdoba y Sucre donde Los Urabeños tenían fuerte influencia. Surgió un fuerte desplazamiento de pobladores, que había logrado descender con la desmovilización de los paramilitares entre el 2005 y el 2006. El hermano de Giovanni, alias Otoniel, siguió delinquiendo y traficando. Fue capturado en el 2021 en el Gobierno de Iván Duque y en mayo del 2022 extraditado a Estados Unidos donde lo condenaron a 45 años de prisión.
Es lo que se teme ahora en México, puesto que la gente del Cartel Jalisco lanzó ataques en varios estados que han dejado por lo menos 25 muertos de la Guardia Nacional y unos 30 delincuentes; además siguen recibiendo protección, como su exjefe, de una red en regiones rurales y urbanas de Jalisco que les permite seguir delinquiendo. No obstante, y como lo han señalado analistas, lo que se viene son disputas entre organizaciones criminales mexicanas y colombianas porque sin El Mencho se desequilibra el mercado internacional de la cocaína, sobre el que él ostentaba el poder en el manejo de rutas, alianzas y negocios y con seguridad vendrá un reconfiguración que afectará a Colombia.
Este Cartel de Jalisco se había convertido en el principal comprador e intermediario de la coca que se produce en Colombia, tanto que la Defensoría del Pueblo lo alertó para el Cauca, considerado de los principales departamentos en los que se cultiva coca en el país. Es una situación bastante grave, porque ante un Gobierno que ha sido ineficiente en enfrentar al narcotráfico ahora pueden querer tomar delantera estructuras criminales como las disidencias de las Farc y el Eln que también derivan buena parte de sus negocios del narcotráfico, y en río revuelto, ganancia de pescadores, que puede ser muy peligroso para este país

/Foto AFP

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Viernes, 20 de Febrero de 2026

La aprobación por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela de la ley de Amnistía General si bien es cierto que generó reacciones positivas en muchos sectores de ese país y la comunidad internacional, todavía tiene algunos elementos que deben ser aclarados y precisados.

Hay que destacar que dicho estatuto legal se presenta como un mecanismo para superar violentos ciclos de confrontación entre el régimen dictatorial y la oposición, buscando abrir paso a un sendero de estabilidad y unión nacional. De entrada, permite la excarcelación automática de muchas personas detenidas por su participación en protestas por las anomalías electorales que perpetró el chavismo o fueron blanco de entrampamiento judicial. Además, elimina las órdenes de arresto internacionales contra muchos líderes opositores, facilitando el regreso de exiliados.

Es prioritario también que la norma no propicie la impunidad sobre delitos graves como homicidio, crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos. También se excluye a personas acusadas de «acciones armadas». Es lógico también que cubra solo a quienes hayan dejado de realizar las actividades delictivas imputadas.

Sin embargo, debido a algunos vacíos normativos ya algunas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de justicia real para las víctimas de la represión dictatorial.

De otro lado, se debe tener en cuenta que varios expertos independientes vinculados a las Naciones Unidas han recordado que los procesos de amnistía suelen requerir un marco más amplio de justicia transicional, orientado a la reparación de víctimas y a la no repetición, principios básicos en estos procesos.

Es crucial que haya claridad en cada uno de los artículos y su alcance, esto con el fin de que los tribunales tengan certeza jurídica para aplicar la amnistía y excluir a quienes no la merecen.

No hay que llamarse a engaños. La nueva ley no puede, en modo alguno, abrir la posibilidad de cobijar, directa o indirectamente, los delitos de lesa humanidad que cometió la dictadura. Estos deben seguir siendo investigados por la justicia interna. De lo contrario, se activará la jurisdicción supranacional sobre la materia, en cabeza de la Corte Penal Internacional, que ya tiene expedientes abiertos a varios cabecillas de la dictadura. Bien lo dice Edmundo González, quien ganara los comicios de junio de 2024, pero fue objeto de fraude: «no habrá una reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad».

Habrá que esperar, entonces, cómo se desarrolla esta norma. La aplicación será clave para determinar su viabilidad.

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

El pasado sábado, el Gobierno Nacional inauguró la Intersección Galicia en Pereira, un proyecto vial que ha generado controversia por su financiación y ejecución. La obra, gestionada por Envías, fue construida con recursos provenientes del Peaje de Cerritos, cuyo manejo fue acordado hace seis años entre Risaralda, Valle, el Instituto Nacional de Vías y Findeter bajo el convenio “Vías del Samán”. Sin embargo, la inauguración se realizó con obras incompletas y sin la presencia de autoridades regionales, lo que ha generado críticas sobre la transparencia y priorización de los recursos.

La ausencia de representantes locales en el acto oficial ha sido interpretada como un desprecio a la región, que espera desde hace años mejoras viales reales y no simbólicas. Aunque el Ministerio de Transportes destacó la obra como un avance para la movilidad, habitantes y líderes locales señalan que la Intersección Galicia no resuelve los problemas de congestión ni conectividad que afectan a Pereira y Cerritos. Además, se cuestiona por qué se destinaron fondos del peaje a una obra que no fue priorizada por las comunidades.

Antecedentes del convenio “Vías del Samán” indican que los recursos debían invertirse en infraestructura que beneficiara directamente a los departamentos de Risaralda y Valle. Sin embargo, la ejecución de la Intersección Galicia ha sido vista como una decisión centralizada, sin consulta previa ni evaluación de impacto real. Expertos en planeación urbana advierten que proyectos de esta magnitud requieren participación ciudadana y estudios técnicos claros, elementos que parecen haberse omitido en este caso.

La controversia también resalta la necesidad de revisar el manejo de los recaudos del peaje, que deberían ser administrados con transparencia y bajo control regional. La comunidad exige que se rindan cuentas sobre cómo se han utilizado los fondos y qué obras están pendientes. Mientras tanto, la Intersección Galicia permanece como un símbolo de la desconexión entre las decisiones de Bogotá y las necesidades reales de los territorios.

English versión

Galicia Interchange Inaugurated in Pereira: Controversy Over Use of Cerritos Toll Funds

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator and Journalist. Professional License 0222 issued by the Ministry of National Education

Last Saturday, the National Government inaugurated the Galicia Interchange in Pereira, a road project that has sparked controversy over its funding and execution. The work, managed by Envías, was built with funds from the Cerritos Toll, whose management was agreed upon six years ago between Risaralda, Valle, the National Institute of Roads, and Findeter under the “Vías del Samán” agreement. However, the inauguration took place with unfinished works and without the presence of regional authorities, raising questions about transparency and resource prioritization.

The absence of local representatives at the official event has been interpreted as a disregard for the region, which has long awaited real, not symbolic, road improvements. Although the Ministry of Transport highlighted the project as a mobility advancement, residents and local leaders argue that the Galicia Interchange does not address the congestion or connectivity issues affecting Pereira and Cerritos. Moreover, there is criticism over why toll funds were allocated to a project not prioritized by the communities.

Background on the “Vías del Samán” agreement indicates that resources were meant to be invested in infrastructure directly benefiting Risaralda and Valle. Yet, the execution of the Galicia Interchange has been seen as a centralized decision, lacking prior consultation or impact assessment. Urban planning experts warn that projects of this scale require citizen participation and clear technical studies — elements that appear to have been overlooked in this case.

The controversy also underscores the need to review the management of toll revenues, which should be administered transparently and under regional oversight. The community demands accountability on how funds have been used and which projects remain pending. Meanwhile, the Galicia Interchange stands as a symbol of the disconnect between Bogotá’s decisions and the real needs of the territories.

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Por: Ruth Trinidad MendozaHablando CON la comunidad.-

En medio de una zona rural donde por años el deporte se ha practicado en condiciones precarias, el corregimiento de Los Pozos comienza a escribir una nueva historia con la construcción de su primera cancha sintética, una obra que promete transformar la vida de niños y jóvenes.

La Administración Municipal de San Juan del Cesar socializó ante la comunidad el inicio de este proyecto, que contará con una inversión de $532.827.587,57 provenientes de recursos propios, consolidándose como una de las apuestas más significativas para el fortalecimiento del deporte en la zona rural.

Durante el encuentro, que contó con la presencia del alcalde Cubita Enrique Camilo Urbina Suárez, el secretario de Planeación y Valorización, Rafael Humberto Frías, así como representantes del contratista y la interventoría, se dieron a conocer los detalles técnicos de la obra. El proyecto contempla la construcción de una cancha con gramado sintético, cerramiento perimetral, sistema de drenaje y moderna iluminación, lo que permitirá su uso en horarios nocturnos.

Más allá de la infraestructura, la iniciativa representa un avance en el cierre de brechas entre el sector urbano y rural, llevando oportunidades a territorios donde históricamente el acceso a escenarios deportivos adecuados ha sido limitado. En ese sentido, el mandatario local expresó su satisfacción por materializar una obra que responde a una necesidad sentida de la comunidad.

“Esta es la primera cancha sintética que gestionamos y construimos en nuestros corregimientos. Le estamos apostando al deporte rural, no solo desde los campeonatos, sino desde la infraestructura que dignifica a nuestros jóvenes”, manifestó el alcalde.

El impacto del proyecto también se verá reflejado en procesos formativos como la escuela de fútbol liderada por la docente María Teresa Soler, quien por años ha impulsado el talento local en condiciones adversas y ahora contará con un escenario adecuado para fortalecer su labor.

Asimismo, la administración anunció que esta intervención hace parte de una visión más amplia que contempla nuevas obras en corregimientos como #Cañaverales, #Corralejas y #BocadelMonte, reafirmando el compromiso de llevar desarrollo integral a las comunidades rurales.

El alcalde también fue enfático en la exigencia de calidad y cumplimiento en la ejecución del proyecto, planteando incluso el reto de entregar la obra en el mes de abril, durante la temporada de Semana Santa, con una inauguración que incluiría un encuentro deportivo entre concejales.

Finalmente, hizo un llamado a la Junta de Acción Comunal y a los habitantes de Los Pozos para que asuman el cuidado del escenario, destacando que su sostenibilidad dependerá del sentido de pertenencia de la comunidad.

Con esta obra, Los Pozos no solo gana una cancha, sino un espacio de encuentro, integración y oportunidades, donde el deporte se proyecta como motor de transformación social en la ruralidad.

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Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

El domingo 22 de febrero de 2026, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder máximo del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido en un ataque armado en plena vía pública. La operación, que dejó tres muertos y 19 heridos —entre ellos al funcionario Jesús Orta García Harfuch—, marca un punto de inflexión en la guerra contra el narcotráfico en México. Su muerte, hasta entonces el hombre más buscado por México y Estados Unidos, desató una oleada de violencia entre sus antiguos subordinados, quienes ahora luchan por el control del poderoso cártel.

El CJNG, considerado una de las organizaciones criminales más peligrosas del continente, ha mantenido alianzas estratégicas con grupos narcoterroristas colombianos, lo que amplía su influencia y capacidad de respuesta violenta. La caída de “El Mencho” no solo representa un golpe simbólico, sino operativo: su liderazgo había logrado consolidar una estructura casi militarizada, con ramificaciones en múltiples estados mexicanos y una red logística internacional. Ahora, sin su figura central, el vacío de poder amenaza con desestabilizar aún más una nación ya sumida en el caos.

García Harfuch, expolicía y abogado, ha sido una pieza clave en la estrategia gubernamental contra el CJNG. Sus acciones en años anteriores lograron debilitar varias células del cartel, pero también lo convirtieron en blanco prioritario. El ataque que lo dejó herido no fue un acto aislado, sino parte de una escalada planificada por facciones internas del CJNG que buscan redefinir el poder tras la muerte de su líder. La violencia, lejos de disminuir, se ha intensificado en las últimas 48 horas, con enfrentamientos en al menos cinco estados.

La caída de “El Mencho” plantea preguntas sobre el futuro de la estrategia de seguridad nacional. ¿Podrá el gobierno contener la fragmentación del CJNG antes de que se convierta en una amenaza aún más descentralizada y letal? ¿Será esta la oportunidad para desmantelar las alianzas internacionales del cartel, o simplemente abrirá la puerta a nuevas facciones más radicales? La respuesta dependerá de la coordinación entre fuerzas federales, estatales y la capacidad de inteligencia para anticipar los movimientos de los nuevos líderes emergentes.

English versión

The End of a Narcotic Empire: The Fall of “El Mencho” Sparks Chaos in Mexico

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator and Journalist. Professional License 0222 issued by the Ministry of National Education

On Sunday, February 22, 2026, Nemesio Oseguera Cervantes, known as “El Mencho,” the top leader of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), was killed in a brazen armed attack on a public road. The operation left three dead and 19 injured —including official Jesús Orta García Harfuch— marking a turning point in Mexico’s war on drugs. His death, as the most wanted man by both Mexico and the United States, triggered a wave of violence among his former lieutenants now vying for control of the powerful cartel.

The CJNG, considered one of the continent’s most dangerous criminal organizations, has maintained strategic alliances with Colombian narco-terrorist groups, expanding its influence and violent capabilities. “El Mencho’s” fall is not just symbolic but operational: his leadership had built a near-militarized structure with branches across multiple Mexican states and an international logistics network. Now, without its central figure, the power vacuum threatens to further destabilize a nation already engulfed in chaos.

García Harfuch, a former police officer and lawyer, has been a key figure in the government’s strategy against the CJNG. His past actions weakened several cartel cells but also made him a top target. The attack that left him injured was not isolated but part of a planned escalation by internal CJNG factions seeking to redefine power after their leader’s death. Violence has intensified in the last 48 hours, with clashes reported in at least five states.

The fall of “El Mencho” raises questions about the future of national security strategy. Can the government contain the CJNG’s fragmentation before it becomes a more decentralized and lethal threat? Will this be an opportunity to dismantle the cartel’s international alliances, or will it simply open the door to even more radical factions? The answer depends on coordination between federal and state forces and the intelligence community’s ability to anticipate the moves of emerging leaders.