El Mandatario posesionó como alto consejero para la Estabilización (antes Posconflicto) al abogado Emilio Archila, experto en asuntos financieros, exsuperintendente de Industria y Comercio durante el Gobierno de Andrés Pastrana, y muy cercano a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
En principio, el rol principal de esta dependencia será llevar la inversión y la presencia del Estado a las zonas históricamente golpeadas por la violencia.
Como alto consejero para la Paz (que reemplaza al Alto Comisionado y que al parecer se llamará de manera definitiva Alto Consejero para la Legalidad) fue nombrado el abogado y exviceministro de Justicia Miguel Antonio Ceballos, a quien Duque le encomendó “ejercer una Consejería que nos permita la desmovilización, el desarme y la reinserción sobre la base de la legalidad, que es la forma como se cimienta una paz verdadera”.
En ambos casos llaman la atención los cambios que ha introducido el Presidente en los nombres de las entidades, lo que, para Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz– se traduce en un cambio de concepción del Gobierno entrante sobre términos con implicaciones políticas como conflicto, como paz, como guerra.
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Una opinión que comparte el politólogo Enrique Serrano. “La primera mutación que quiere hacer Duque con respecto a la paz tiene que ver con el lenguaje. La idea de que aquí hubo una guerra civil es exagerada e inexacta, por ejemplo. La idea de que hubo conflicto armado es más precisa, pero las implicaciones jurídicas de reconocer ese conflicto armado implican tratar los temas de un modo internacionalmente establecido. En ese sentido, lo que creo que quiere hacer el Presidente es ‘colombianizar’, ‘nacionalizar’ el lenguaje para tratar estos temas tan espinosos que tienen que ver con la paz o con el final del conflicto armado, y darle este tinte de ‘estabilización’ que, me parece, es una estrategia que a la gente le suena, no solo a los que votaron por Duque, sino a lo que no”, argumenta.
Ahora bien, de momento no hay claridad si el cambio de nomenclatura del Alto Comisionado de Paz y la Alta Consejería para el Posconflicto implica también un cambio de funciones.
En el caso de la Alta Consejería para el Posconflicto, es una instancia que surgió para, básicamente, asesorar al Gobierno y otras entidades en la implementación de los Acuerdos de Paz, que van más allá de la ‘estabilización’ de las regiones.
“Más allá de la denominación de los cargos, lo que me preocupa es el enfoque que le está dando el Gobierno a esas dos instituciones. Lo que siento es que el nuevo Gobierno pretende que las palabras ‘paz’ y ‘posconflicto’ se acaben. Que no vuelvan a aparecer en ningún documento. Y me preocupa mucho el horizonte de esas dos instituciones con un Gobierno que quiera eliminar esas palabras. Pareciera que el Gobierno en realidad no tiene un horizonte con respecto a la paz. La pregunta es si no han manifestado ese horizonte, pero sí lo tienen, o no hay una claridad sobre lo que va a hacer el Gobierno con el tema de la paz”, comenta al respecto el analista Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.
Para el politólogo Serrano lo único claro hasta el momento con respecto a la política de paz de Duque es que será “una paz condicionada”.
“La incondicionalidad que caracterizó a Juan Manuel Santos se terminó el 7 de agosto. A partir de este momento se les pondrá condiciones a todos los que quieran hablar de paz. Eso es lo que probablemente ya empezó a cambiar con Duque. En otras palabras, un acuerdo tan generoso como el que las Farc logró no se puede conseguir desde el 7 de agosto para acá. Se pueden lograr otros modelos de acuerdos, pero lo que vemos claro es que, en el caso del el ELN, en un eventual acuerdo no van a conseguir lo que consiguieron las Farc. Tampoco se va a hablar con la retórica con la que se habló en La Habana”.
A González Posso, de Indepaz, le ha llamado la atención en el discurso Duque que precisamente reitera términos como ‘desmovilización’, ‘desarme’, ‘reincorporación’, jamás ‘negociación’.
“Esto lo que nos muestra es ese cambio de enfoque del nuevo Gobierno con respecto a la paz, aunque todavía no ha puesto las cartas sobre la mesa. Pero el concepto y los términos con los que está hablando el Presidente creo que es una limitación para las políticas de paz. Se pueden meter en una camisa de fuerza muchas de las reformas, planes y acuerdos alrededor de la paz. Y eso en el caso del proceso con el ELN tiene un mensaje que puede ser restrictivo, en el sentido de que para ellos solamente habrá desmovilización, desarme, reincorporación.
Quiere decir que temas sustantivos que tienen que ver con alguna reforma, una apertura democrática, o políticas de sentido económico y social quedarían por fuera”.
La reincorporación a la vida civil de los excombatientes rasos, así como la recuperación social de las zonas afectadas por el conflicto armado debe ser la prioridad de las nuevas políticas de paz del Gobierno Nacional, aseguran expertos en reconciliación.
Colprensa
«Si hay voluntad del ELN para que haya un proceso de desmovilización, desarme y reinserción, pero si siguen reclutando niños, si siguen secuestrando, si siguen cometiendo actos de violencia, lo único que van a recibir es una respuesta contundente de la Fuerza Pública»,
Iván Duque,
presidente de la República.
Algo similar plantea el analista político Diego Arias. “En política de paz, referido a negociaciones con actores ilegales, la apuesta parece ser muy de mano firme, muy apegada a la legalidad, lo cual supondría disposición para acordar mecanismos de sometimiento a la justicia, más que propiamente negociaciones de paz. La propuesta, por ejemplo, de desvincular el narcotráfico como delito conexo al delito político (rebelión) va en esa dirección. En este contexto se afectarían severamente las opciones con el ELN”.
Efectivamente, el Ejército de Liberación Nacional y el actual Gobierno están distanciados, por lo que no pareciera que pudiera firmarse un acuerdo de paz, por lo menos en el corto y mediano plazo.
De otro lado, en relación a los Acuerdos logrados con las Farc, una cosa es la intención política de Iván Duque de modificarlos, y otra muy distinta las herramientas jurídicas que tenga para lograrlo.
“Yo creo que el Centro Democrático e Iván Duque tratarán de ajustarse al Acuerdo tal y como fue modificado después de la derrota del Sí en el plebiscito, teniendo en cuenta que los Acuerdos están muy blindados. Santos fue suficientemente astuto para que no se puedan cambiar fácilmente”, dice Enrique Serrano.
El analista Arias plantea además que el Gobierno Nacional tiene el dilema de empeñarse en introducir cambios al Acuerdo de Paz (como lo prometió en campaña) o “gastarse” su capital político en sacar adelante reformas complejas y controversiales como la pensional y la tributaria.
“En el Congreso habrá combustible para sacar algunas reformas pero no para todas, así que el Gobierno deberá optar por un enfoque pragmático y estratégico. Pero está claro que al menos en tres asuntos el Gobierno sí intentará cambios en el Acuerdo con las Farc: la participación política; el juzgamiento diferenciado para miembros de las Fuerzas Armadas y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. No parece haber ambiente para que se puedan dar mas cambios en los Acuerdos porque eso sí sería “hacerlos trizas”, comenta Arias.
Quiénes son
El nombramiento de los nuevos altos consejeros que se encargarán de sacar adelante las políticas de Paz del nuevo Gobierno lo realizó el pasado lunes el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño.
De Miguel Antonio Ceballos, quien sucederá en funciones al exalto comicionado Rodrigo Rivera, el Mandatario manifestó ese día: “Lo he conocido en varios escenarios de mi vida profesional. Ahora tenemos la tarea de la Consejería de la Legalidad, para cimentar una paz duradera”.
De igual forma, el Presidente se refirió en la misma jornada a Emilio Archila, encargado desde ese mismo día de la Alta Consejería para la Estabilización.
“Conozco su trayectoria como abogado y analista de las políticas públicas, tiene un rigor que lo distingue y será muy importante para que se llamen las cosas por su nombre y para cumplirle al país”, sostuvo Duque en relación a quien dirigiera la Oficina Jurídica del entonces Ministerio de Desarrollo Económico y en adelante asumirá la dependencia que antes manejó Rafael Pardo.
Lo que falta
Entre la población de víctimas del conflicto armado, excombatientes y defensores de los Derechos Humanos existe inquietud por la demora en el nombramiento y en la reactivación de los programas destinados a reincorporación a la vida civil de quienes integraron las Farc y se acogieron a los Acuerdos de Paz firmados con el anterior Gobierno.
Esa preocupación se expresa especialmente en la ausencia de titulares para la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), encargada anteriormente de ejecutar los programas destinados a garantizar el retorno a la vida civil de los excombatientes, a través de la implementación de programas educativos y productivos.
De igual forma, se está a la expectativa de que se nombra a la cabeza de la Unidad para las Víctimas, encargada de garantizar la atención de las ocho millones de personas afectadas por la guerra en el país.
AGENCIA EFE
General de la Repulica en acto que se llevara a cabo conjuntamente entre el Senado y la Càmara de Representantes.
