Con el hashtag #JepEsImpunidad, varios usuarios de Twitter, entre ellos senadores y representantes del Centro Democrático, cuestionaron con firmeza la labor de la justicia de paz, asegurando que este tribunal está buscando excusas para no extraditar a ‘Santrich’, preso desde abril de 2018.

De hecho, ha sido ampliamente difundido un documento que, para algunos, demuestra que Estados Unidos sí envió las pruebas que evidencian la culpabilidad del exjefe de la guerrilla de las Farc.

Lea también: JEP concede libertad condicional a alias Sonia

Ante lo cual la JEP respondió que no ha recibido ninguna prueba que permita determinar si el presunto acto criminal se cometió antes del 1 de diciembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz.

Toda la polémica levantada alrededor de este asunto hace pensar en cómo afectaría al tribunal de paz la no extradición de ‘Santrich’, así la decisión que tome se apegue a la ley.

Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, la no extradición del exguerrillero podría afectar a la JEP en cuanto a su credibilidad y legitimidad “ante la sociedad colombiana”.

“La JEP no puede mandar un mensaje de impunidad. En el caso ‘Santrich’, el punto es que si los hechos son posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz, se le aplica el régimen común y deben autorizar la extradición, sin hacerle el juego a la posible impunidad”. 

Charry advierte que este es “un punto de inflexión” para el tribunal, que se juega su credibilidad, al mostrar si va actuar como una justicia que haga cumplir las reglas de juego a los miembros del grupo guerrillero o no.

Pero para Jairo Estrada Álvarez, miembro del Consejo Político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, mientras la JEP obre en consonancia con las facultades propias de esa jurisdicción, según la Constitución y la ley vigente, no tendría por qué verse afectada.

“Otra cosa es que hay sectores del establecimiento, especialmente de la derecha, interesados en desprestigiarla. Hay una presión indebida para convertirla en una justicia punitiva y de venganza”, anota Estrada.

Añade que este caso no es una prueba de fuego para esta justicia, si bien es cierto que se trata de un caso importante, “su prueba de fuego está en responder a las expectativas de la sociedad colombiana, de acuerdo con el mandato de una justicia de transición para la superación de un conflicto”.

Le puede interesar: «Somos una jurisdicción de paz, no de la venganza»: presidenta de la JEP

Por su parte, la experta en marketing político de la Universidad Externado de Colombia, Katherine González, señala que la JEP se anotó un tanto a su favor, teniendo en cuenta las dudas que había sobre sus actuaciones.

“Al final logran su objetivo de cumplir con lo que le habían dicho a la opinión pública en cuanto a que si no hay pruebas, no se hace la extradición”.

Sin embargo, dice González, también es una carga adicional para las personas que están en contra de este organismo y de sus decisiones:
“Se alimenta la contraparte y los mensajes de la oposición a este proceso, porque el mensaje que manda la JEP es que efectivamente lo acordado en La Habana está por encima de cualquier tratado internacional de extradición”.

Asimismo, María del Pilar Arango, presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Rama Judicial, Asonal S.I., seccional Bogotá, cree que la JEP está haciendo “la tarea que debe”, aunque a muchos pueda no gustarle.

“El trabajo de los jueces y los magistrados tiene esa naturaleza: la mitad puede estar contenta con determinadas decisiones que se tomen y la otra mitad no; porque a la mitad le dices que sí a la otra mitad le dices que no. Pero hay que hacer lo que corresponde”, señala Arango.

Durante la instalación de la mesa técnica para la preservación de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, se escucharon voces para que se realice un adecuado manejo de esos expedientes con el fin de que contribuyan a esclarecer algunos episodios del conflicto colombiano.

La mesa es presidida por el magistrado Óscar Parra, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, quien escuchó a delegados de entidades gubernamentales, organismos multilaterales internacionales y colectivos de derechos humanos.

Voceros de estos últimos señalaron que existe un riesgo latente en la conservación de los miles de expedientes relacionados con inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados de la desaparecida entidad.

Sebastián Escobar Uribe, quien dijo representar a varias organizaciones, entre ellas el colectivo José Alvear Restrepo, solicitó que los archivos sean declarados como documentación de derechos humanos toda vez que desde el DAS se concertaron violaciones a los derechos humanos.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia explicó que el proceso que se surte contra el exsenador Musa Besaile, por el denominado ‘Cartel de la Toga’, fue remitido a la JEP porque el dinero que se presume canceló fue para evitar un proceso por parapolítica, por lo que tiene relación indirecta con el conflicto armado.

Con la providencia de 31 páginas que hoy reposa en la JEP, se abre la brecha a considerar que cualquier delito que tenga relación indirecta con el conflicto armado podría hacer trámite para llegar a la justicia transicional, si así lo considera el procesado.

“El que se trate de conductas relacionadas con el fenómeno de la corrupción, se reitera, no comporta necesariamente desconexión con el conflicto armado”, dice la providencia.

En este caso, la JEP tiene 45 días hábiles para resolver la solicitud de Besaile y su defensa, y si finalmente la justicia especial decide no acogerlo, el expediente será devuelto a la Corte para que siga el curso habitual.

COLPRENSA

Tan particular como costosa era la presunta lista de precios que manejaba César Ceballos, director de la cárcel La Modelo de Bogotá, quien fue detenido en las últimas horas por ser la persona señalada por la Fiscalía de estar detrás de uno de los sistemas de corrupción más sofisticados que se hayan descubierto en el interior del penal, ubicado en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

Según el ente investigador, el funcionario, encargado de manejar uno de los penales más peligrosos de América Latina por la población carcelaria que alberga, exigía gruesas sumas de dinero para que pudieran ingresar elementos que están prohibidos por reglamento, pero que con la anuencia de Ceballos era común verlos en los pasillos y patios de la penitenciaría.

Lea también: Capturan al anterior propietario del ‘carro bomba’ en la Escuela de cadetes en Bogotá

Whisky, droga, celulares, tarjetas SIM y visitas en horarios no permitidos eran algunos de los servicios que ofrecía Ceballos para lo cual, según la Fiscalía, se alió con guardianes y civiles para llevar a cabo su cometido.

El fiscal Néstor Humberto Martínez detalló este miércoles que “por una botella de whisky cobraban 600.000 pesos. Por un celular exigían 400.000 pesos y para el ingreso de personas dependía del patio. Por ejemplo, para el patio 3, pedían 550.000 pesos y para otros patios, 150.000 pesos”.

Con respecto a la droga, esta se valoraba de acuerdo al peso. Por una libra se cobraban 500.000 pesos. Un negocio redondo teniendo en cuenta que la población carcelaria es una de las que más consume alucinógenos.

El patio 3 es uno de los menos congestionados del penal y la población que lo ocupa es diferente a la del resto de pabellones donde predominan violadores, drogadictos, homicidas, raponeros y atracadores. Por eso, para obtener un cupo en una de sus celdas, Ceballos, dice la Fiscalía, cobraba tres millones de pesos mensuales.

Si el recluso se colgaba en el ‘arriendo’ era sacado y movido a otro patio bajo la advertencia de que no podían garantizarle su seguridad.

“Los testimonios y la evidencia técnica en poder de la Fiscalía permitieron conocer que los sobornos eran entregados al conductor de Ceballos o a uno de sus escoltas. En otras oportunidades, los familiares de los reclusos llevaban los pagos a la casa de ‘El Paisa’, un hombre que pertenecería a la red de corrupción y tenía un inmueble frente a la cárcel”, contó Martínez Neira. 

‘El paisa’, que refiere el jefe del búnker, es José Armando Suárez y el conductor es Yovanny Esteban Rincón. Ambos fueron capturados y en las próximas horas quedarán en manos de un juez de garantías, donde les imputarán cargos por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Junto con ellos también fueron capturados Néstor Daniel Bernal Reyes, quien estaba al mando de la vigilancia en los patios y Ana Rosa Casas, a quien señalaron de ser la dueña de uno de los inmuebles que servía para esconder droga y dinero en efectivo.

Ceballos puede correr con la misma suerte jurídica del exdirector de La Picota, el mayor Luis Francisco Perdomo, capturado en septiembre pasado por un caso similar. Actualmente, está a la espera de que se radique el escrito de acusación en su contra, pero su panorama no parece tan claro, ya que Martínez Neira reveló que en su caso habrá una nueva imputación.

A Perdomo lo capturaron cuando, según la Fiscalía, recibía 20 millones de pesos, al parecer, fruto de un soborno que le habría exigido a José Bayron Piedrahíta, un capo que está en la lista de extraditables y quien habría negociado con el director a cambio de obtener beneficios en su celda.

Ahora, de acuerdo a lo señalado por Martínez Neira, a Perdomo lo descubrieron en un hecho similar y en las próximas semanas será imputado por segunda vez por concución y enriquecimiento ilícito.

De La Picota, en la Fiscalía señalaron que se evidenció un sistema de cobros parecido al de La Modelo, pero con la diferencia de que allí los productos que ingresaban eran acordes a la población carcelaria, es decir, a funcionarios y personalidades que están condenados o procesados por delitos relacionados con la corrupción.

“El ingreso de perfumes en frasco podría costar 100.000 pesos, peros si iba con su caja y empaque original ascendía a 150.000 pesos. Entrar una muda de ropa podría superar los 300.000 pesos, según la marca, e ingresar un reloj costaría 3 millones de pesos”, precisa la información del ente acusador.

COLPRENSA