La carta más importante de los últimos meses, la que no se podía perder, la que definía el futuro de Jesús Santrich, uno de los principales motivos de controversia entre la Fiscalía y la JEP y sobre el que la justicia de Estados Unidos está atenta, nunca llegó a su destinatario, el Departamento de Justicia de los EE. UU.
La historia es de no creer, pues en pleno siglo 21 una misiva enviada por correo certificado se extravió en Panamá, según lo reconoció la propia ministra de Justicia, Gloria Borrero.
Todo comenzó con el auto 059 que la Jurisdicción Especial para la Paz expidió en octubre pasado para que a través de los canales diplomáticos se le pidiera al gobierno de los Estados Unidos las evidencias con las que ellos cuentan para pedir en extradición a Seuxis Paucias Hernández Solarte, el exintegrante de las Farc que se ha convertido en una verdadera papa caliente para el gobierno y la justicia.
En el documento de la JEP se establecía un plazo de 40 días para que se hiciera llegar esa información que sería analizada por la Sala de Revisión para determinar si se aplicaba la garantía de no extradición o, por el contrario, era enviado a los Estados Unidos para que responda por delitos relacionados por el narcotráfico ya que, de acuerdo con las autoridades, estaría concertando el envío de 10 toneladas de cocaína a ese país.
El límite se cumplió el lunes anterior, pero las autoridades estadounidenses no dieron respuesta alguna, lo que generó una sospecha ya que esa justicia es la más interesada en que Santrich, actualmente recluido en la cárcel La Picota, responda ante un estrado.
De parte de la JEP se revisó una y otra vez las radicaciones recibidas, pues no querían dar un paso en falso antes de pronunciarse al respecto sobre lo que en principio se consideró como un silencio por parte de las autoridades estadounidenses. Al final de la tarde, ese organismo emitió un comunicado en el que advertían que no se recibió el material probatorio solicitado dentro del plazo estipulado.
A su turno, las indagaciones y las consultas empezaron de parte de los delegados del Ministerio de Justicia sobre la no contestación. El entuerto tuvo un final inesperado, y que incluso sería cómico si no fuera tan grave, ya que el documento no llegó nunca a manos del Departamento de Justicia porque en algún punto de Panamá se extravió.
La ministra, ante el asombro de muchos, tuvo que salir a dar explicaciones y de allí el país se enteró que esos trámites deben surtirse a través de correo físico y que para ello se requirieron los servicios de 4–72, la compañía de correos colombiana.
“Esto nunca había pasado. Me sorprendí con esa noticia, vamos a pedir todas las explicaciones a 4 – 72. Es inaudito”, explicó la ministra quien no dudo en manifestar que la culpa es de la firma postal.
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La alta funcionaria dijo que entre Colombia y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos mantienen una correspondencia muy fluida, en especial en lo que tiene que ver con las solicitudes de extradición y todas deben ir por correo certificado.
Voceros de 4 – 72, por su parte, le manifestaron a Colprensa que se viene evaluando y realizando una trazabilidad de información del envío de la carta para establecer cuáles fueron las causas que generaron que la misiva se quedó en Panamá y no llegara a los Estados Unidos.
“4-72 se encuentra recopilando la información detallada que permita establecer con precisión el estado actual del envío, que va más allá de las fronteras nacionales y así poder suministrar al remitente la trazabilidad del mismo. En virtud de lo anterior 4-72 está obligado a garantizar la confidencialidad de la correspondencia, por lo cual, solo podrá remitir información del servicio prestado al Ministerio de Justicia en calidad de remitente del envío”, señaló la entidad.
¿Qué pasa con el caso Santrich?
A su turno, la JEP está haciendo una revisión de lo acontecido y analizando las consecuencias jurídicas del hecho. Entre la baraja de posibilidades está el hecho de que posiblemente, a raíz del infortunio, otorguen un nuevo plazo para que se alleguen las pruebas. De ser así, es innegable que la defensa de Santrich alegará e interpondrá recursos apelando al vencimiento de términos.
Por el momento, de manera oficial, el único pronunciamiento hecho por la JEP se orientó a recordar el trámite que se le dio a la comunicación y señalar que “la Sección de Revisión comenzó a estudiar el asunto y tomará una decisión oportuna conforme a la ley”.
Para el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, ante un «infortunado incidente» como el ocurrido con la carta, la única solución jurídica posible es «volver a enviar la comunicación por el medio más seguro que garantice que llegue al lugar y así obtener la información respectiva”.
Sin embargo, lo que tendrá que definir la JEP es si, como lo ha solicitado la Ministra de Justicia, abre de nuevo el plazo para pruebas alegando un hecho fortuito o si toma su decisión con base en las pruebas recibidas hasta ahora.
En este último caso, la defensa de Santrich alegará que no existen pruebas suficientes que demuestren que el exjefe guerrillero delinquió después de la firma del acuerdo de paz, para pedir su no extradición.
En principio, la razón por la que la JEP solicitó pruebas a la justicia estadounidense fue precisamente porque había dudas sobre la ocurrencia del hecho del que se acusa a Santrich. Sin las pruebas solicitadas en la carta, que eran vitales para el proceso, hay una alta probabilidad de que la extradición de Santrich no sea autorizada.
Piden la renuncia
El tema, que ha sido calificado por distintos sectores como vergonzoso, también ha tenido efectos políticos inmediatos para el Gobierno, pues provocó un tsunami de reacciones en el Congreso, al punto incluso de que ya algunos le están pidiendo a Borrero que se aparte del cargo.
“Un episodio como este suscita toda clase de sospechas sobre la manera como el Ministerio de Justicia procedió. La ministra (Gloria María Barrero) no basta con que dé unas explicaciones, sino que debe renunciar. Este es un hecho muy grave y en este momento el imperativo es que se cumpla el procedimiento”, sostuvo Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático.
En sentido similar, el constitucionalista Rubén Darío Henao sostuvo que el episodio demuestra una “incapacidad” por parte del Ministerio de Justicia ya que, según dice, tenían que estar pendientes de este caso trascendental. “En consecuencia, si tuviera dignidad, la señora ministra ya había renunciado hace rato”, manifestó.
El también senador Rodrigo Lara (Cambio Radical) declaró que “es inverosímil, increíble e inaudito, que un documento de este tenor se haya podido perder.
COLPRENSA
