CRECE VIOLENCIA ELECTORAL A 28 DÍAS DE LECCIONES PARA SENADO Y CÁMARA DE REPRENNTES.-

/Foto tomada de senado.gov.co

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Jueves, 5 de Febrero de 2026

* Atacan caravana del senador Castellanos

* Guerrilla y bandas imperan en territorios

A cinco semanas de las elecciones parlamentarias y las consultas interpartidistas para escoger candidatos presidenciales únicos de coalición, una vez más la violencia política golpea al país. Ayer se perpetró un atentado en Arauca contra la caravana vehicular que presta seguridad al senador Jairo Castellanos, quien no se desplazaba en la misma. Presuntos guerrilleros del Eln atacaron las dos camionetas blindadas, asesinando a dos escoltas y hurtando uno de los automotores.

Ya en ese departamento partidos, candidatos y dirigentes de distintas corrientes habían denunciado en los últimos meses que esa organización subversiva venía hostigando e incluso vetando aspirantes, distribución de material proselitista y hasta prohibiendo mitines en determinadas zonas rurales.

Este ataque no es el primero contra la actual contienda. En junio del año pasado, como todo el país lo sabe y continúa lamentando, se produjo el magnicidio del senador y entonces precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, baleado al occidente de la capital del país. Tras varias semanas en cuidados intensivos terminó falleciendo en agosto. La Nueva Marquetalia de las Farc, principal sospechosa.

Asimismo, otros aspirantes a la Casa de Nariño han denunciado amenazas. Igualmente, dos congresistas de Cambio Radical fueron blanco de sendos atentados en Huila y Cauca, en tanto que información de inteligencia detectó posibles planes para atacar a varios senadores y representantes a la Cámara.

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Lo cierto es que la campaña electoral ha estado rodeada de un creciente clima de inseguridad y miedo, sobre todo en regiones en donde grupos guerrilleros y bandas criminales de alto espectro se han convertido en un factor de riesgo para la actividad proselitista. Hay candidatos que solo pueden llegar a determinados municipios si van fuertemente escoltados por la Policía o el Ejército. Otros ni siquiera así se arriesgan a arribar a ciertas provincias por cuanto los ilegales los tienen ‘vetados’ o coaccionan a la población civil para que no asista a sus reuniones.

La situación, como se ve, es crítica. De hecho, el miércoles la Misión de Observación Electoral presentó su reporte de “Mapas y Factores de Riesgo Electoral” para 2026, en el cual se describe un panorama bastante preocupante. El estudio advierte que mientras en los comicios de 2022 se registraron 131 municipios en riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude y violencia, este año esa cifra se elevó a 170 poblaciones. Es decir, un incremento alarmante del 29,7 %. Otro dato más impactante: en materia de riesgo extremo se pasó de 49 municipios hace cuatro años a 81 en este. Un crecimiento del 65,3 %.

Dicha investigación señala que las zonas con escenarios más complicados son, precisamente, Arauca, el nordeste antioqueño, el sur de Bolívar, el andén Pacífico, el norte del Cauca, así como algunas regiones de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.

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Este mapa de riesgo electoral no es excepcional ni gratuito. Por el contrario, muchos de los sitios en donde hay limitaciones para que los partidos y candidatos expongan sus propuestas y busquen votos coinciden con las zonas en donde los grupos armados ilegales se han fortalecido en los últimos tres años por cuenta de una deficiente estrategia de seguridad y orden público, así como de una accidentada política de ‘paz total’, que no disminuyó la incidencia del conflicto armado, pero sí fue aprovechada por las facciones criminales para extender ‘control territorial’, aumentar pie de fuerza, lucrarse sustancialmente de las economías ilícitas, disparar la victimización de la población y desplazar el principio de legitimidad institucional. Los últimos reportes de la Misión de Verificación de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oenegé Human Rights Watch también van en la misma dirección.

Las cifras al respecto son muy dicientes, como se evidenció días atrás en el informe de la Fundación Ideas para la Paz, según el cual a diciembre pasado las estructuras del Eln, grupos residuales de las Farc, Clan del Golfo y otras facciones delincuenciales sumaban más de 27.000 integrantes, entre hombres en armas y redes de apoyo. Esto implicó un crecimiento del 23,5 % respecto al cierre de 2024. En otras palabras, en un solo año sumaron 5.000 ilegales.

Visto todo lo anterior, y más allá de las condenas a los ataques a los candidatos y dirigentes políticos, lo cierto es que hoy el Gobierno no parece garantizar unos comicios libres y transparentes. Si bien desde el Comité Nacional de Garantías Electorales se afirma que la situación está controlada y los hechos de violencia contra la actividad proselitista son aislados, en el día a día el sentir es otro: miedo y desamparo. Ya incluso se habla de zonas en donde difícilmente se realizarán elecciones o habrá que trasladar las mesas a sitios menos inseguros. Una democracia en riesgo y un Ejecutivo con un lenguaje cada vez más beligerante contra la oposición.