Deuda del Gobierno de Gustavo Petro aumentó a un ritmo histórico.

Por: Luis Alberto Figueroa, tarjeta profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

La deuda bruta del Gobierno Nacional durante la administración del presidente Gustavo Petro continúa creciendo a niveles históricos y, según recientes reportes económicos, el endeudamiento aumentó en promedio cerca de 313.000 millones de pesos diarios desde agosto de 2022. Las cifras, divulgadas en medio del debate sobre la sostenibilidad fiscal del país, reflejan el fuerte incremento de las obligaciones financieras del Estado en un contexto marcado por mayores gastos públicos, reformas sociales y presiones sobre las finanzas nacionales.

De acuerdo con los informes del Ministerio de Hacienda y análisis económicos recientes, la deuda pública del Gobierno Nacional Central alcanzó aproximadamente 1,238 billones de pesos durante los primeros meses de 2026, el nivel más alto registrado para ese periodo desde que existen mediciones comparables. Los reportes señalan que el endeudamiento aumentó en más de 433 billones de pesos desde la llegada de Petro a la Presidencia, mientras que solo en el último año el incremento superó los 200 billones de pesos.

Expertos en economía advierten que el crecimiento acelerado de la deuda genera preocupación por el impacto que podría tener sobre el presupuesto nacional, especialmente en el pago de intereses y en la capacidad futura de inversión del Estado. Parte importante del endeudamiento corresponde a deuda interna, aunque también se registra un aumento considerable en compromisos externos vinculados a bonos internacionales y créditos multilaterales.

El debate fiscal se intensificó además tras recientes decisiones del Gobierno relacionadas con recursos pensionales y nuevas estrategias de financiamiento estatal. Sectores financieros y organismos de control han expresado inquietud frente al manejo de algunas medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo, argumentando que podrían aumentar la incertidumbre en los mercados y elevar las tasas de interés que paga Colombia por su deuda.

Mientras el Gobierno defiende su política económica afirmando que busca fortalecer programas sociales, impulsar la transición energética y estimular el crecimiento económico, analistas y gremios insisten en que el aumento sostenido de la deuda bruta podría limitar el margen fiscal de futuras administraciones. La discusión sobre el manejo financiero del país seguirá siendo uno de los temas centrales del debate político y económico colombiano rumbo al cierre del actual mandato presidencial.

English version

The debt of Gustavo Petro’s government increased at a historic rate.

Por: Luis Alberto Figueroa, professional license 0222 issued by the National Ministry of Education

The gross debt of Colombia’s national government under President Gustavo Petro has continued rising at historic levels, with recent economic reports indicating that public debt increased by an average of nearly 313 billion Colombian pesos per day since August 2022. The figures emerged amid growing debate over the country’s fiscal sustainability and reflect the sharp rise in state financial obligations during a period marked by expanded public spending, social reforms and mounting pressure on national finances.

According to reports from the Ministry of Finance and recent economic analyses, the public debt of the Central National Government reached approximately 1.238 quadrillion pesos during the first months of 2026, the highest level ever recorded for that period. Data show that government debt has increased by more than 433 trillion pesos since Petro took office, while the rise over the last year alone exceeded 200 trillion pesos.

Economic experts warn that the rapid growth of debt raises concerns about its potential impact on the national budget, particularly regarding interest payments and the government’s future investment capacity. A significant portion of the debt corresponds to domestic obligations, although external commitments linked to international bonds and multilateral loans have also increased considerably.

The fiscal debate intensified further following recent government decisions involving pension resources and new state financing strategies. Financial sectors and oversight agencies have expressed concern about some of the economic measures promoted by the administration, arguing that they could increase market uncertainty and raise the interest rates Colombia must pay on its debt.

While the government defends its economic policies by arguing they are intended to strengthen social programs, promote the energy transition and stimulate economic growth, analysts and business groups insist that the sustained increase in gross debt could reduce the fiscal flexibility of future administrations. The management of Colombia’s public finances is expected to remain a central issue in the country’s political and economic debate as the current presidential term approaches its end.