Por: Luis Alberto Figueroa, tarjeta profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional
La nueva ola de ataques terroristas registrada en los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca volvió a sembrar miedo entre miles de habitantes del suroccidente colombiano. Durante los últimos días, explosiones, hostigamientos armados y atentados en corredores estratégicos dejaron decenas de víctimas mortales y heridos, especialmente en sectores de la vía Panamericana y zonas cercanas a Cali y Santander de Quilichao. Las autoridades atribuyen estas acciones violentas a disidencias armadas que operan en la región y que mantienen disputas por rutas del narcotráfico y control territorial.
El atentado más grave ocurrió en el municipio de Cajibío, donde un artefacto explosivo destruyó varios vehículos de transporte y generó escenas de pánico entre viajeros y comunidades rurales. La magnitud de la explosión provocó daños en la infraestructura vial y obligó a reforzar la presencia militar en los principales corredores del suroccidente del país. La situación incrementó la preocupación ciudadana debido a la continuidad de los ataques y al temor de nuevas acciones violentas en zonas urbanas y rurales.
La crisis de seguridad también impacta la economía y la movilidad regional. Comerciantes, transportadores y habitantes denuncian que muchas rutas permanecen bajo estricta vigilancia militar, mientras algunas instituciones educativas han suspendido actividades por amenazas y riesgos de nuevos atentados. La circulación constante de información alarmante en redes sociales ha aumentado la sensación de incertidumbre entre las comunidades afectadas.
Las autoridades nacionales anunciaron el despliegue de tropas adicionales y ofrecieron millonarias recompensas para capturar a los responsables de la ofensiva armada. Paralelamente, sectores políticos y líderes regionales exigieron respuestas más contundentes frente al deterioro del orden público y reclamaron mayor presencia integral del Estado en municipios golpeados por la violencia. El aumento de los hechos terroristas ocurre además en medio de un ambiente político sensible, marcado por preocupaciones sobre la seguridad durante el proceso electoral colombiano.
La escalada de violencia en el suroccidente revive recuerdos de los años más críticos del conflicto armado en Colombia y mantiene a miles de familias bajo un clima permanente de temor. Mientras continúan las investigaciones y operaciones militares, las comunidades reclaman garantías de seguridad, protección para la población civil y acciones efectivas que permitan recuperar la tranquilidad en una de las regiones históricamente más afectadas por la confrontación armada.
English version
Violence in Cauca and Valle Revives Collective Fear
Por: Luis Alberto Figueroa, professional license 0222 issued by the National Ministry of Education
A new wave of terrorist attacks in the departments of Cauca and Valle del Cauca has once again spread fear across southwestern Colombia. Over recent days, explosions, armed assaults and attacks along strategic highways left dozens of people dead and injured, especially near the Pan-American Highway and areas surrounding Cali and Santander de Quilichao. Authorities blame dissident armed groups operating in the region, which continue fighting for drug trafficking routes and territorial control.
The deadliest incident occurred in the municipality of Cajibío, where an explosive device destroyed several transport vehicles and triggered panic among travelers and rural residents. The force of the blast caused major damage to road infrastructure and prompted authorities to strengthen military deployment across key transportation corridors in southwestern Colombia. The continuing attacks have increased public concern over the possibility of further violence in both urban and rural areas.
The security crisis is also affecting the regional economy and mobility. Business owners, transport workers and residents report that many roads remain under heavy military surveillance, while some schools have suspended activities due to threats and fears of additional attacks. Constant circulation of alarming information on social media has intensified uncertainty among affected communities.
National authorities announced the deployment of additional troops and offered multimillion-dollar rewards for information leading to those responsible for the attacks. At the same time, political leaders and regional officials demanded stronger government action against the worsening public security situation and called for a greater state presence in municipalities heavily impacted by violence. The escalation comes amid growing concerns about security during Colombia’s electoral period.
The renewed violence in southwestern Colombia has revived memories of the country’s darkest years of armed conflict and left thousands of families living in fear. As investigations and military operations continue, communities are demanding stronger security guarantees, protection for civilians and effective measures to restore peace and stability in one of Colombia’s most conflict-affected regions.




