Gustavo Petro enfrenta al ELN con bombardeos y oferta de diálogo internacional.

En un giro significativo en la política de seguridad de Colombia, el presidente Gustavo Petro ordenó el primer bombardeo oficial contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el 4 de febrero de 2026 en la región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, mientras simultáneamente envió una comisión de diálogo liderada por Víctor Currea de Lugo para intentar reanudar conversaciones de paz. La ofensiva militar, ejecutada por las Fuerzas Militares de Colombia, dejó varios guerrilleros muertos y armas incautadas, y se dio horas después de una reunión de Petro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El bombardeo, calificado por el mismo Petro como una acción precisa para proteger a civiles y reducir la capacidad operativa del ELN, representa un cambio de táctica dentro de la estrategia de seguridad nacional del Gobierno. Según reportes oficiales, esta operación incluye la recuperación de armamento y habría neutralizado a al menos siete integrantes de ese grupo armado ilegal, reflejando un endurecimiento de la respuesta estatal ante la persistente violencia en el Catatumbo.

Al mismo tiempo, Petro reiteró su llamado al ELN para que acepte una misión de verificación científica e internacional, con el objetivo de facilitar la entrega de infraestructura vinculada al narcotráfico y avanzar hacia una verdadera paz total. Este diálogo, que el Gobierno quiere acompañar con la participación de la Iglesia Católica y observadores extranjeros, busca reiniciar espacios de debate que han estado interrumpidos desde hace meses tras el estallido de violencia en el mismo territorio.

Expertos señalan que esta dualidad —intensificación militar y propuestas de negociación— refleja la complejidad del conflicto colombiano, en el que siglos de presencia guerrillera han generado patrones de violencia difíciles de erradicar. El ELN, que ha estado en conversaciones intermitentes con varios gobiernos, no ha mostrado señales claras de retomar un proceso sostenido de paz, situación que ha complicado los esfuerzos del Ejecutivo por consolidar la seguridad interna y reducir la influencia de estructuras armadas ilegales.

La respuesta de la comunidad internacional y de la sociedad colombiana ante estas medidas ha sido variada, con sectores que aplauden la firmeza frente a grupos armados y otros que expresan preocupación por el posible impacto en la población civil y en la continuidad de futuros diálogos de paz. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la estabilidad y la paz duradera solo podrán alcanzarse mediante una combinación de presión militar y apertura a conversaciones constructivas con actores dispuestos a abandonar la violencia.

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English version

Gustavo Petro Confronts ELN with Bombings and International Dialogue Offer

In a significant shift in Colombia’s security policy, President Gustavo Petro ordered the first government bombing against the National Liberation Army (ELN) on February 4, 2026, in the Catatumbo region near the Venezuelan border, while simultaneously sending a dialogue commission led by Víctor Currea de Lugo to try to resume peace talks. The military offensive, carried out by Colombia’s Armed Forces, resulted in several guerrillas killed and weapons seized, and occurred just hours after Petro met with U.S. President Donald Trump.

The bombing, described by Petro as a precise action to protect civilians and reduce the ELN’s operational capacity, marks a shift in the government’s national security strategy. Official reports indicate that the operation included the recovery of weapons and neutralized at least seven members of the armed group, reflecting a tougher state response to ongoing violence in the Catatumbo region.

At the same time, Petro reiterated his call for the ELN to accept an international scientific verification mission to facilitate the surrender of infrastructure linked to drug trafficking and progress toward true total peace. The government wants the Catholic Church and foreign observers to participate in this dialogue, aiming to restart discussions that have been stalled for months following the outbreak of violence in the same area.

Analysts say that this dual approach —military escalation and negotiation proposals— reflects the complexity of Colombia’s conflict, in which decades of guerrilla presence have created entrenched patterns of violence. The ELN, which has had intermittent talks with various governments, has not shown clear signs of returning to sustained peace negotiations, complicating the administration’s efforts to consolidate internal security and reduce the influence of illegal armed structures.

International and Colombian public responses to these measures have been mixed, with some praising a firm stance against armed groups and others expressing concern about the potential impact on civilians and the prospects for future peace talks. Meanwhile, the government insists that stability and lasting peace can only be achieved through a combination of military pressure and openness to constructive dialogue with actors willing to abandon violence.