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POR : LUIS ALBERTO FIGUEROA  ( LUALFI  ) TARJETA PROFESIONAL 0222 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCAIÓN NACIONAL.

La adminitrión de Pereira puso en marcha un programa de formación empresarial dirigido a más  de 200 mujeres emprendedoras del municipio, con el objetivo de reducir brechas de género, potenciar sus capacidades y fomentar ia independencia económica.

La incoativa es impulsada por el Alcalde Mauricio Salazar Peláez, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y competitividad, en alianza con la Corporación Educativa Milenio-

Dentro del programa se ofrece una formación académica integral que abarca temas como Inteligencia Artificial aplicada a los negocios, alfabetización digital, formalización empresarial y educación financiera.

Con estas herramientas se busca fortalecer tanto habilidades técnicas como las capacidades administrativas y estrategias de las participantes, impulsando así el crecimiento y sostenibilidad de sus emprendimientos.

El proyecto está enfocado principalmente en mujeres de estratos 1 y 2, trabajadoras informales y emprendedoras que buscan fortalecer y formalizar sus unidades productivas.

BRUTAL ROBO LE OSTÓ LA VIA LUEGO DE PERMANECER 18 DÍAS HOSPITALIZADO, FALLECIÓ EL ADULTO MAYOR QUE HABÍA SIDO VÍCTIMA DE UN VIOLENTO ROBO UANDO SALIÓ DE SU CASA  A TRABAJAR COMO DE COSTUMBRE. FUE INTERCEPTADO POR UN LDRÓN QUE NO SOLO LE QUITO SUS PERTENENCIAS ,DESPUÉS DE GOLPEARLO SIN COMPASIÓN , UNA AGRESIÓN QUE FINALMENTE TERMINÓ COSTÁNDOLE LA VIDA. A ESTA HORA JORGE ABELARDO PINEDA OCAMPO, DE 77 AÑOS DE EDAD, SALIÓ COMO DE COSTUMBRE DEL LUGAR DONDE VIVÍA DESDE HACIA APROXIMADAMENTE 10 AÑOS, EN EL SECTOR 2500 LOTES DE CUBA.

Risaralda  e uno de los departamentos del país que registra más eventos adversos por cuenta de las lluvias. Aunque en el año en urso no se reporta la perdida de vidas humanas, sí hay graves afecciones en los corredores viales, destechamientos de viviendas, entre otras situaciones.

A raíz de este panorama, el consejo departamental para la Gestión del Riesgo recomienda declarar la calamidad pública para los 14 municipios. Esta figura ya se está implementando en Dosquebradas en el sector Camilo Torres.

Desde noviembre del 2025 a la fecha, ya van más   de 260 emergencias reportadas, algunas de las  cuales requieren de millonarios recursos para la atención de las mismas.

Así lo manifestó en entrevista con el Periódico Ciberespacial www.Notieje.com la Coordinador de Gestión del Riesgo en el Departamento, Diana Carolina Ramírez, quien aseguró que además de la declaración de calamidad pública está la construcción del plan de acción que debe ser aprobado por el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo. Este plan de acción se va construyendo a medida que e van adquiriendo recursos. Así mismo mencionar que cada que se tenga que ajustar el plan de acción, el Consejo Departamental se puede reunir y aprobar el ajuste. Puntualizó Diana Carolina Ramírez, directora de Gestión de Riesgo del Departamento de Risaralda.

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

Un reciente estudio revela que los seres humanos están delegando cada vez más funciones mentales a la Inteligencia Artificial, fenómeno conocido como Cognitive Offloading. Esta práctica, que se intensifica entre jóvenes de 17 a 25 años —los llamados “hijos putativos de las tecnologías digitales”—, busca reducir el esfuerzo racional al transferir tareas de análisis y toma de decisiones a sistemas externos. Aunque se reconoce su utilidad para liberar recursos cognitivos, expertos advierten sobre riesgos crecientes: la atrofia progresiva de habilidades como el pensamiento crítico y la autonomía intelectual.

El fenómeno no es nuevo, pero su escala sí lo es. Desde la calculadora hasta los asistentes virtuales, la humanidad ha externalizado funciones mentales. Lo que cambia ahora es la profundidad y frecuencia con que se recurre a la IA para resolver problemas cotidianos, académicos y hasta éticos. Los jóvenes, criados en entornos digitales, tienden a confiar más en algoritmos que en su propio juicio, lo que genera una dependencia que puede debilitar su capacidad de reflexión autónoma.

En contraste, adultos mayores de 45 años muestran mayor resistencia a este síndrome, no por falta de acceso, sino por razones socioculturales: su formación cognitiva se consolidó en un entorno menos tecnológico. Esto no los exime de riesgos, pero sí les otorga una ventaja adaptativa. El estudio sugiere que la brecha generacional en el uso de la IA podría ampliarse, con consecuencias educativas y laborales significativas si no se promueve un uso equilibrado.

La relación entre la Inteligencia Artificial y la estupidez humana no es casual. No es que la IA genere estupidez, sino que facilita su expresión al reducir la necesidad de esfuerzo mental. Cuando se delega sin reflexión, se pierde la práctica del análisis, la duda y la síntesis —pilares del pensamiento profundo. El reto no es rechazar la tecnología, sino integrarla con conciencia, evitando que se convierta en un sustituto de la inteligencia, en lugar de un complemento.

English versión

AI Dependence: Cognitive Freedom or Erosion of Critical Thinking?

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator and Journalist. Professional License 0222 issued by the Ministry of National Education

A recent study reveals that humans are increasingly delegating mental tasks to Artificial Intelligence, a phenomenon known as Cognitive Offloading. This practice, most pronounced among 17- to 25-year-olds —dubbed the “digital natives”— aims to reduce rational effort by transferring analytical and decision-making tasks to external systems. While its utility in freeing cognitive resources is acknowledged, experts warn of growing risks: the progressive erosion of skills such as critical thinking and intellectual autonomy.

This phenomenon is not new, but its scale is. From calculators to virtual assistants, humanity has long externalized mental functions. What’s changing now is the depth and frequency with which AI is used to solve everyday, academic, and even ethical problems. Young people, raised in digital environments, tend to trust algorithms more than their own judgment, fostering a dependency that may weaken their capacity for independent reflection.

In contrast, adults over 45 show greater resistance to this syndrome—not due to lack of access, but sociocultural reasons: their cognitive development occurred in a less technological context. This doesn’t exempt them from risks, but grants them an adaptive advantage. The study suggests that the generational gap in AI usage may widen, with significant educational and professional consequences if balanced use isn’t promoted.

The link between Artificial Intelligence and human stupidity is not coincidental. AI doesn’t create stupidity; it enables its expression by reducing the need for mental effort. When delegation occurs without reflection, the practice of analysis, doubt, and synthesis—the pillars of deep thinking—is lost. The challenge isn’t to reject technology, but to integrate it consciously, ensuring it complements rather than replaces intelligence.

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

Un atraco a mano armada cometido esta semana en la avenida Sur de Pereira, frente al cuartel de la Policía Nacional, ha generado alarma ciudadana y exigencias de acción inmediata. El hecho ocurrió mientras una persona en moto esperaba el cambio del semáforo, abordada por delincuentes que actuaron con total impunidad, a plena vista de uniformados y vehículos policiales que transitaban por el lugar. Este incidente no es un caso aislado, sino un síntoma del crecimiento desbordado de la inseguridad que afecta a la ciudad y que exige una respuesta coordinada de las autoridades.

La gravedad del suceso radica en su simbolismo: ocurrió en el corazón del poder policial, donde la presencia de la institución debería garantizar protección, no vulnerabilidad. Testigos relatan que decenas de agentes conversaban en las puertas del cuartel mientras los delincuentes actuaban sin ser interceptados. Este episodio evidencia una crisis de seguridad urbana que va más allá de la falta de personal: refleja una estrategia insuficiente, recursos limitados y una percepción ciudadana de impunidad que se profundiza con cada hecho similar.

Antecedentes recientes muestran que Pereira ha registrado un aumento del 22% en delitos contra el patrimonio en los últimos seis meses, según cifras internas no oficiales. La retirada de efectivos policiales tras la temporada navideña, sin reemplazo o refuerzo, ha dejado zonas clave sin vigilancia adecuada. La ciudad necesita una reestructuración de la presencia policial, con más patrullas, tecnología de monitoreo y coordinación con comunidades, no solo más uniformados, sino una estrategia inteligente y visible.

Es urgente que autoridades locales, dirigentes cívicos, gremios y empresarios se unan en una sola voz para exigir a la dirección nacional de la Policía el retorno de los efectivos retirados y la dotación de recursos necesarios. La tranquilidad ciudadana no puede depender de la buena voluntad de los agentes, sino de una política pública clara, sostenible y con resultados medibles. La población no puede seguir viviendo con miedo en sus propias calles.

English versión

Pereira on Alert: Armed Robbery in Front of Police Station Demands Immediate Action

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator Journalist. Professional License 0222 issued by the Ministry of National Education

An armed robbery committed this week on Avenida Sur in Pereira, directly in front of the National Police barracks, has triggered public alarm and urgent calls for action. The incident occurred as a motorcyclist waited for a traffic light to change, only to be approached by armed assailants who acted with total impunity, while police vehicles and officers moved in and out of the station. This is not an isolated crime, but a symptom of the uncontrolled growth of insecurity plaguing the city, demanding a coordinated response from authorities.

The gravity of the event lies in its symbolism: it unfolded at the heart of police power, where institutional presence should guarantee safety, not vulnerability. Witnesses report dozens of officers conversing at the station’s entrance as criminals operated undisturbed. This incident reveals a crisis in urban security that goes beyond staffing shortages—it reflects inadequate strategy, limited resources, and a growing public perception of impunity with each similar occurrence.

Recent data indicate Pereira has seen a 22% increase in property crimes over the past six months, according to unofficial internal figures. The withdrawal of police personnel after the Christmas season, without replacement or reinforcement, has left key areas underprotected. The city needs a restructured police presence, including more patrols, surveillance technology, and community coordination—not just more officers, but a smart, visible strategy.

It is urgent that local authorities, civic leaders, business associations, and community groups unite in a single voice to demand the National Police return withdrawn personnel and provide necessary resources. Citizen peace of mind cannot rely on officers’ goodwill alone, but must be backed by clear, sustainable public policy with measurable results. Residents cannot continue living in fear on their own streets.

Jueves 12 de marzo 2026 – Día Mundial contra la Censura en Internet.
Cada 12 de marzo se celebra el Día Mundial Contra la Censura en Internet, también conocido como Día Internacional de la Libertad de Expresión en Internet.
Esta efeméride fue creada en el año 2008, por iniciativa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), con la finalidad de denunciar la cibercensura en varios países del mundo y apoyar el libre acceso a la información en medios digitales y redes sociales.
Se pretende generar conciencia acerca de la libertad de expresión, el respeto a la diversidad de opiniones y la privacidad de los usuarios en las redes sociales.
Durante este tercer mes 2026, crearé una minipoesía -relacionada con la celebración de cada día-.
LA CENSURA
Pensaron los genios de red y metal, /
que el muro ficticio sería mi final. /
Mas no conocieron mi oculta destreza: /
mis armas secretas de luz y entereza. /.
Rudafra, 12 marzo 2026.
Cada momento es una oportunidad para sonreírle a la vida. SONRÍA… SONRÍA… SONRÍA… CON AMOR Y ALEGRÍA, AGRADECIÉNDOLE A DIOS: CADA SEGUNDO DE VIDA. –RUDAFRA.
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Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

En una decisión histórica que sacude el panorama político nacional, la Corte Suprema de Justicia ha decidido llamar a juicio al senador por Risaralda, Juan Pablo Llo Maya, junto a cinco legisladores más, por su presunta participación en el caso UNGRD —considerado el escándalo de corrupción más grave del gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego. El hecho ocurrió en 2023, cuando estos funcionarios formaban parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, y ahora enfrentan cargos por presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos. La decisión se fundamenta en hallazgos que apuntan a un sistema de favorecimiento contractual y desviación de fondos destinados a emergencias.

El caso UNGRD, que involucra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ha sido objeto de múltiples investigaciones desde su estallido. La Corte Suprema ha señalado que los legisladores en cuestión habrían ejercido presión para la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a intereses políticos, violando principios de transparencia y equidad. Entre los llamados a juicio también figuran Yadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, quienes, según la fiscalía, actuaron en coordinación para beneficiar a terceros en perjuicio del Estado. Este proceso marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción institucional en Colombia.

Antecedentes revelan que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en la que se desempeñaban los imputados, tenía como función supervisar la asignación de recursos para emergencias nacionales. Sin embargo, las investigaciones indican que su rol fue distorsionado para facilitar maniobras irregulares que afectaron la gestión de fondos destinados a la población más vulnerable. La Corte ha destacado que las pruebas recogidas incluyen comunicaciones, actas y testimonios que vinculan directamente a los legisladores con decisiones que desviaron el propósito original de los recursos.

La decisión judicial ha generado reacciones en todo el espectro político. Mientras algunos sectores celebran el avance en la rendición de cuentas, otros cuestionan el momento y el alcance de la investigación, argumentando que podría tener un sesgo político. No obstante, la Corte ha reiterado que su actuación se basa exclusivamente en evidencia documental y testimonial, sin considerar afiliaciones partidistas. Este juicio podría sentar un precedente para futuras investigaciones contra funcionarios públicos en cargos de alto nivel.

English versión

Senator Juan Pablo Llo Maya and Five Other Legislators Summoned to Trial Over UNGRD Scandal Amid Major Government Corruption Case

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator and Journalist. Professional License 0222 issued by the Ministry of National Education

In a historic ruling that shakes Colombia’s political landscape, the Supreme Court has decided to summon to trial Senator Juan Pablo Llo Maya of Risaralda, along with five other lawmakers, for their alleged involvement in the UNGRD case — considered the most serious corruption scandal under the government of Gustavo Francisco Petro Urrego. The events took place in 2023, when these officials served on the Interparliamentary Commission on Public Credit

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

El próximo 30 de julio, el Congreso de la República tomará posesión de sus curules con un nuevo mapa político definido tras las elecciones del 8 de marzo, donde Pacto Histórico y Centro Democrático se consolidan como las fuerzas con mayor representación. En paralelo, la Fiscalía colombiana imputó al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por tráfico de influencias, en una investigación que vincula la compra de un apartamento en Bogotá con presuntas decisiones favorables en contratos de la petrolera estatal, especialmente en su filial Hocol. Este caso, que involucra a empresarios del sector de hidrocarburos, pone en jaque la transparencia de una de las empresas más estratégicas del país.

La investigación se centra en la adquisición de un inmueble perteneciente a Princeton International Holding, empresa ligada al empresario Serapino Lácono, cuyos vínculos con el sector energético han despertado sospechas. Las autoridades analizan si Roa, en su calidad de alto funcionario, ejerció influencia para favorecer intereses privados en contratos de Hocol, lo que podría configurar un delito grave contra la administración pública. Este escándalo no solo afecta la imagen de Ecopetrol, sino que también impacta el clima político previo a la instalación del nuevo Congreso, donde se esperan debates intensos sobre transparencia y ética pública.

Aunque el Congreso 2026-2030 promete un equilibrio entre fuerzas tradicionales y renovadoras, el caso de Ecopetrol introduce un elemento de inestabilidad institucional. La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas, incluyendo documentos de propiedad, comunicaciones y testimonios de funcionarios. Mientras tanto, el presidente Roa niega las acusaciones y asegura que actuó dentro del marco legal. La opinión pública observa con atención cómo se desarrollará el proceso, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones públicas ya está bajo presión.

La presencia de partidos como Pacto Histórico y Centro Democrático en la nueva legislatura podría influir en la forma en que se aborden estos temas de corrupción. Ambos bloques han mostrado posturas distintas frente a la transparencia y la rendición de cuentas, lo que podría generar tensiones en comisiones clave como la de Hacienda o la de Investigación y Acusación. El caso de Ecopetrol, por tanto, no es solo un asunto judicial, sino también un desafío político que podría definir la agenda legislativa de los próximos cuatro años.

English versión

Congress 2026-2030: Political Shifts and Shadow of Corruption at Ecopetrol

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator Journalist. Professional License 0222 issued by the Ministry of National Education

On July 30, the Congress of the Republic will take office with a new political landscape shaped by the March 8 elections, where Pacto Histórico and Centro Democrático emerge as the largest blocs. Simultaneously, Colombia’s Attorney General’s Office charged Ecopetrol’s president, Ricardo Roa, with abuse of influence, in an investigation linking the purchase of a Bogotá apartment to alleged favorable decisions in contracts awarded by the state-owned oil company, particularly through its subsidiary Hocol. The case involves businessmen in the hydrocarbons sector and raises serious questions about corporate governance.

The probe focuses on the sale of a property owned by Princeton International Holding, linked to businessman Serapino Lácono, whose ties to the energy industry have drawn scrutiny. Authorities are examining whether Roa, as a senior official, used his position to benefit private interests in Hocol contracts, potentially violating public administration laws. This scandal not only damages Ecopetrol’s reputation but also casts a shadow over the political climate ahead of the new Congress, where transparency and ethics are expected to be central issues.

Although the Congress 2026-2030 promises a balance between traditional and reformist forces, the Ecopetrol case introduces institutional instability. The Attorney General is gathering evidence, including property records, communications, and testimonies. Meanwhile, President Roa denies the allegations, asserting he acted within legal bounds. Public opinion watches closely as the case unfolds, especially amid declining trust in public institutions.

The presence of Pacto Histórico and Centro Democrático in the new legislature may influence how corruption issues are addressed. Both blocs have shown differing stances on transparency and accountability, potentially sparking tensions in key committees like Finance or Investigation and Accusation. Thus, the Ecopetrol case is not merely a legal matter but a political challenge that could shape the legislative agenda for the next four years.

Foto: Ministerio de Defensa

​​La operación anunciada por Mindefensa y comandante de las FFMM golpeó las estructuras de la mineria ilegal.​

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Bogotá, 10 de marzo de 2026

En una acción ordenada por el presidente Gustavo Petro, las Fuerzas Militares y la Policía lograron la neutralización de la estructura 18 de las disidencias de alias ‘Mordisco’ en zona rural de Ituango, Antioquia.

“He ordenado el 16 bombardeo en mi gobierno, esta vez en Ituango, Antioquia; hay 7 personas que murieron. Se recogen armas. Ha muerto el cabecilla de la estructura, alias Ramiro”, precisó el jefe de Estado en un mensaje​ publicado en su cuenta de X.

Según el presidente Petro, “se trata de un golpe al autodenominado frente 18 dedicado a la minería ilegal del oro. La violencia cesa si salimos de las economías ilícitas. La paz se logra si deciden salir de las economías ilícitas y ayudan a transformar el territorio para el progreso del pueblo excluido”.

Balance preliminar

El balance preliminar de la ofensiva confirma la muerte en combate de siete integrantes del grupo ilegal, entre los que se destaca alias ‘Ramiro’, máximo cabecilla de esta organización criminal que ha azotado el departamento durante años.

Minutos antes del reporte del jefe de Estado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había resaltado la importancia de este resultado para la tranquilidad del territorio, al señalar que el cabecilla era el dinamizador de múltiples economías ilícitas y crímenes de lesa humanidad. 

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, alias ‘Ramiro’ lideraba una “estructura criminal dedicada al narcotráfico, la minería ilegal, el reclutamiento de menores, homicidios, asesinatos de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento”.

El ministro enfatizó, en rueda de prensa, que estas acciones delictivas “han afectado a las comunidades durante décadas”, y calificó el operativo como un hito en la recuperación de la seguridad regional.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, ofreció detalles técnicos sobre la ejecución de la operación, destacando el uso de tecnología de punta y la cohesión de todas las armas. 

“Esta es una operación que se realiza con inteligencia dominante, que se articula con la Armada, con la Fuerza Aeroespacial, con el Ejército y con la Policía”, explicó el alto oficial. Reveló que la acción incluyó capacidades de bombardeo y desembarco aéreo para neutralizar de manera efectiva el campamento base de la estructura.

La operación también permitió la captura de una mujer perteneciente a la organización, quien resultó herida durante los enfrentamientos y recibió atención médica inmediata por parte de los enfermeros de combate, garantizando el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

Operación continúa

El alto oficial precisó que la misión fue diseñada meticulosamente: “Es una operación que se ejecuta con nuestra Fuerza Aeroespacial, mediante un bombardeo y con un asalto aéreo por parte del Ejército. El objetivo era ‘Ramiro’ y esperamos que la operación en su desarrollo pueda seguir buscando resultados”.

Debido a que las tropas aún se encuentran en el área realizando labores de registro y control, las autoridades advirtieron que los números podrían actualizarse en las próximas horas. 

El ministro de Defensa reiteró que la ofensiva no se detendrá hasta desarticular por completo los remanentes de este grupo armado. 

“La operación continúa en desarrollo. La seguridad es posible. El Estado somos todos y los buenos somos más”, recalcó, al convocar a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas gratuitas 107 y 157.