En diálogo con Infobae Colombia, el director ejecutivo de la entidad, Luis Fernando Mejía, indicó que cerca de 600.000 colombianos perderían su empleo con la iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro, por lo que espera que el Senado de la República haga modificaciones a varios artículos ya aprobados por la Cámara de Representantes

PorJuan Escobar Fernández

06 Oct, 2024 07:02 a.m. CO

Expertos creen que la nueva reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro llega en un momento inconveniente para la economía de los colombianos – crédito iStock

Sin duda alguna, Colombia pasa por un momento decisivo en lo que tiene que ver con la economía. Esto, debido a que en el Congreso de la República se debate el proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, cuyo articulado ya fue aprobado en más de 40% por la Cámara de Representantes (el debate se retoma el 7 de octubre), aunque debe surtir trámite en el Senado.

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Pese a que sigue adelante, los gremios productivos se muestran en contra de la iniciativa, ya que esta, según la misma ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no genera empleo ni combate la informalidad del país, sino que busca garantizar los derechos laborales, con lo que se concluye que habrá sobrecostos para las empresas, sobre todo, por la modificación a la jornada laboral (la jornada nocturna empezará a las 7:00 p. m. y no a las 9:00 p. m., como en la actualidad).

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Además de eso, el Ministerio de Hacienda presentó a la corporación un nuevo proyecto de reforma tributaria o ley de financiamiento que buscará recaudar hasta $12 billones, gracias a la modificación del impuesto de renta, que hará que más personas naturales declaren ingresos y egresos, así como cambios en el impuesto al carbono, lo que generará nuevas alzas en el precio de los combustibles.

También, empezó a hablarse del aumento del salario mínimo para 2025, otro posible dolor de cabeza para las empresas, pues un aumento desmesurado puede hacer que cada trabajador salga más costoso y haya menos oferta de empleo.

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Sobre el posible alza para el próximo año ya hay varias proyecciones. Una de ella la dio el director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, Camilo Pérez Álvarez, quien indicó que se espera que pueda subir cerca del 8% y pasar de $1.300.000 a $1.400.000.

La Cámara de Representantes ya aprobó el 40% del proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro – crédito Nathalia Angarita/Reuters

Otro asunto tiene que ver con el precio del dólar, que sigue por encima de los $4.000 (cerró en $4.173,64 el 4 de octubre) y no deja de generar presiones a la economía colombiana, en la que se perciben productos y servicios cada vez más caros, pese a que la inflación viene en un notable descenso (cerró en 6,12% anual n agosto de 2024, según el Dane).

A estos asuntos se refirió el director ejecutivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), Luis Fernando Mejía. En diálogo con Infobae Colombia, el también ex director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) dios sus previsiones sobre lo que viene para los colombianos en este sentido.

¿Qué análisis hace de los recientes movimientos del dólar y qué se espera para el resto de 2024?

El dólar ha tenido un ligero aumento relacionado, especialmente, con factores externos. La noticia de lo que es una recuperación de la actividad productiva en Estados Unidos, con muy buenos datos en materia del mercado laboral, muestra que la economía de dicho país continúa muy resiliente. Eso hace más atractivo, en términos relativos, a la moneda estadounidense y, en general, puede aumentar el precio del dólar, es decir, una depreciación que ha sido pequeña, pero al final de cuentas el alza es por una depresión de la moneda colombiana.

También, en ese movimiento estuvo involucrado el comportamiento de la percepción del riesgo fiscal en Colombia, en especial, lo que tiene que ver con la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, el comportamiento del recaudo en lo corrido del año hasta agosto, que ha sido muy negativo y registra una caída de 14,9% en términos reales.

Además, está lo que tiene que ver con la nueva ley de financiamiento, que generó algo de incentivo al alza, así que hay, principalmente, factores externos, pero también internos que llevaron a una depreciación de nuestra moneda.

¿Cuál es la conclusión que hace del hecho de que el Presupuesto General de la Nación para 2025 se expida por decreto y que no haya tenido consenso en el Congreso de la República?

No es una buena noticia. Desde la Constitución del 91 es la primera vez en más de 30 años en donde un Gobierno no logra de manera exitosa aprobar ese PGN que se presenta siempre en agosto. Eso, naturalmente, está relacionado con el riesgo que hay frente al financiamiento de ese presupuesto.

Se analizó y, desde Fedesarrollo y otros analistas, se pusieron ciertas alertas sobre la mesa sobre componentes relacionados, primero, con la ley de financiamiento. Es una ley, o una reforma tributaria, que no tiene mucho ambiente político y, técnicamente, consideramos inconveniente.

Ahí hay unos recursos de cerca de $12 billones y, al menos, $14,6 billones adicionales que el Gobierno incorporó como recursos que vendrían de una mejor gestión de la Dian, una cifra que es mucho más alta de lo que con normalidad son los recursos que provienen de la gestión de la entidad.

Luis Fernando Mejía es el director ejecutivo de Fedesarrollo desde 2018. Fue director del DNP entre 2017 y 2018 y director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda entre 2012 y 2014, así como investigador junior del Banco de la República entre 2010 y 2012 – crédito DNP

Esa inquietud, sobre el monto del presupuesto y la capacidad del Gobierno para financiarlo, generó una reticencia del Congreso de la República para aprobar el monto del PGN este año y vamos a terminar en el escenario donde el Gobierno tendrá que expedirlo vía decreto, un acto administrativo. Sin embargo, si la ley de financiamiento no se aprueba, eso implicaría que el Gobierno tendría que hacer una aplazamiento de ese presupuesto, es decir un recorte, para compensar esos mejores ingresos que no vendrían de esa ley de financiamiento.

Así que no es una buena noticia. Idealmente, hubiera sido importante llegar a acuerdos entre el Gobierno y el Congreso, pero no se logró y eso es algo atípico en el ordenamiento legal del país.

Foto: UNGRD

​La UNGRD continúa desplegando acciones en los ocho departamentos afectados por el frente frío, en el marco de la declaratoria de emergencia, con el objetivo de mitigar riesgos y atender a las comunidades damnificadas.​

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Acandí (Chocó), 9 de marzo de 2026

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), durante su visita al municipio,  anunció que esta inversión forma parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y será destinada a la recuperación temprana de senderos y a atender las afectaciones ocasionadas por los recientes frentes fríos y las lluvias que provocaron pérdida de banca, socavación y daños en vías rurales, dejando incomunicadas a más de 10.000 personas.

El director de la UNGRD le manifestó al alcalde del municipio de Acandí, Luis Fernando Martínez, que, como aporte al municipio y al departamento, desde la línea de reducción del riesgo, como proceso misional: “Vamos a aportar 3.800 millones para la adquisición de maquinaria amarilla, eso es una medida de mitigación, de prevención, para que usted acá tenga las capacidades de poder actuar antes de que se materialice, en efecto, el riesgo”.

Agregó el funcionario que, desde la Subdirección de manejo de desastres,  se destinaran más de 1.100 millones para obras de maquinaria amarilla y para que llegue de inmediato, indicó el citado director.

Adicionalmente, se acordó el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos con nuevos equipos y una camioneta 4×4 que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, según lo anuncio la entidad.

La UNGRD continúa desplegando acciones en los ocho departamentos afectados por el frente frío, en el marco de la declaratoria de emergencia, con el objetivo de mitigar riesgos y atender a las comunidades damnificadas.

Con información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

Foto: Juan Diego Cano – Presidencia

​​​En la Sesión Anual de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro resaltó el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y la experiencia internacional de  Colombia en materia de incautación de cocaína.

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Viena (Austria), 9 de marzo de 2026

En la Sesión Anual de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se adelanta en Viena (Austria), el presidente Gustavo Petro se refirió este lunes a los resultados del programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, impulsado de la mano con los campesinos en los territorios, y a la incautación histórica de 3.300 toneladas de cocaína durante su Gobierno.

​​En ese contexto, el mandatario instó a la comunidad internacional a apoyar el modelo de sustitución voluntaria de cultivos que se adelanta en su Gobierno y, a la vez, exhortó al mundo a perseguir a los grandes capos del narcotráfico y no a los pequeños productores de hoja de coca.

“Hay que decirlo, podríamos en concreto pedirle al mundo: los necesitamos; que nos permitan fortalecer algo que está haciendo mi Gobierno, una verdadera revolución en el tema de cómo afrontar los cultivos de hoja de coca. No puedo hablar del consumo de la cocaína, sino de lo que me corresponde: nosotros estamos sustituyendo voluntariamente 42.000 hectáreas, de 260.000″, manifestó.

Agregó que la sustitución voluntaria se está desarrollando con el ánimo y la disposición de los campesinos, que ya no le apuestan a la erradicación forzada.

“La sustitución voluntaria implica que el corazón, el ánimo, las ganas del campesino, por generaciones excluido, está al lado de este Gobierno y conmigo, arrancando físicamente las matas de hoja de coca de raíz», recalcó.

​Informes engañ​osos

Al sustentar su teoría sobre las bondades de la sustitución voluntaria, el jefe de Estado señaló que los indicadores de la erradicación son engañosos.

“Los informes que les llegaban a ustedes sobre erradicación forzosa, por ejemplo, de fumigación desde el aire con glifosato, los engañaban, porque una lluvia de glifosato que cae sobre la parte alta de hoja de coca no mata la hoja de coca, sino que vuelve a nacer y es más productiva», dijo.

Asimismo, recalcó que también eran engañosos los informes sobre los resultados de erradicación forzada a pie, pues las personas que adelantaban esta tarea de alto riesgo sufrían amputaciones.

“Ahora estamos demostrando que, con el apoyo nacido de la fuerza campesina, cultivadora de hoja de coca, esperanzada en cambiar su cultivo por uno que les permita que sus hijos y sus hijas puedan ir a la universidad, se está garantizando la erradicación de raíz, es decir, una erradicación definitiva», agregó.

En la misma línea, ante la Comisión de la ONU, el presidente explicó que la sustitución voluntaria se está ejecutando en las regiones con mayor concentración de cultivos de hoja de coca del país. 

Y sobre el particular se preguntó: “¿Por qué ese programa no se puede desarrollar con la ayuda del mundo?».

La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, con sede en Viena, supervisa la aplicación de los tratados internacionales de fiscalización y adopta resoluciones que orientan la acción de los estados miembros contra el narcotráfico y las drogas.​

​Capturar ​a los grandes capos

El presidente Petro también se refirió a la necesidad de que el mundo decida construir una política de perseguir a los grandes capos del narcotráfico, que no solo son responsables del tráfico de drogas, sino también de la trata de personas y otros delitos de alto impacto internacional.

“Las mafias de hoy son multinacionales que incluyen albaneses, italianos, franceses, mexicanos, brasileros, estadounidenses, colombianos, etcétera. Una multinacional es capaz de volverse multicrimen, de mover armas, mover seres humanos, trasplante de órganos, prostitución; es hoy realmente un cáncer que no vive en Colombia, sino en las grandes ciudades de lujo y no estamos capturando a sus jefes, porque para poderlos capturar tendríamos que ir al sistema financiero internacional y a las ciudades de lujo del planeta», subrayó el mandatario.

Aseveró que para capturar “a los capos de capos» es necesario coordinar lo mejor de las inteligencias policiales, lo cual implica tomar una decisión política por el bienestar de la humanidad de “incautar sus bienes, sus palacios de lujo y sus cuentas bancarias abultadas en el sistema financiero internacional».

“Necesitamos decisión política: en vez de golpear a un campesino sin tierra, golpear al capo de capos», insistió.

​Incautacio​nes con inteligencia colombiana

En la Comisión de la ONU en Viena, el presidente Petro también exaltó el apoyo de Colombia en materia de inteligencia en la lucha contra el narcotráfico, particularmente por la incautación durante su Gobierno de 3.300 toneladas de cocaína tanto en territorio colombiano como en otras partes del mundo.

“Colombia, a pesar de sus errores y problemas, tiene la inteligencia más sofisticada en alianza con 75 naciones para incautar, sin matar a nadie, 3.300 toneladas (de cocaína) en el área colombiana, en el planeta tierra; 80% de inteligencia colombiana», expresó.

En el mismo orden, reiteró: “Colombia es esencial, por su experiencia, para irradiarla al conjunto del planeta. Yo creo que con la experiencia que tenemos y aquí se ha construido una alianza con 75 inteligencias policiales en Europa, en Asia y en todo el mundo -con Estados Unidos incluido- tenemos una mayor capacidad de escudo contra la cocaína».

Foto: Departamento Nacional de Planeación

Con el Conpes para el Pacífico, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca transformar una de las regiones más biodiversas del mundo.​

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Bogotá, 10 de marzo de 2026

Para cerrar brechas de desigualdad y mejorar las condiciones de vida en 179 municipios del Pacífico colombiano, el Gobierno del presidente Gustavo Petro aprobó el Conpes 4185 sobre Política para Desarrollo Integral del Pacífico, un instrumento de política pública que exige una inversión de 12,3 billones de pesos.

Con esta decisión, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca transformar una de las regiones más biodiversas del mundo al reconocer que el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución, no puede quedarse en el papel.

El Conpes para el Pacífico tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la región, para garantizar el goce efectivo de los derechos de sus pueblos y comunidades con un horizonte de cumplimiento a 2035.

Para cumplir con este propósito, la política articula el trabajo de 18 ministerios, 3 sectores administrativos y 27 entidades del Gobierno nacional, a través de acciones organizadas en seis grandes ejes de transformación:

• ​         Superar el racismo estructural y la estigmatización de las comunidades étnicas 
•          Reducir las conflictividades socio-territoriales 
•          Garantizar servicios sociales y públicos dignos 
•          Fortalecer la planeación territorial 
•          Impulsar la economía propia no extractivista del Pacífico 
•         ​ Mejorar la conectividad del Pacífico.  

Agua potable y energía, pilares de la inversión

La directora del Departamento de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina Posso, indicó que buena parte de los recursos va orientada a saldar las deudas en materia de agua potable y energía eléctrica.​

“Esta apuesta es un hito en la historia de Colombia: estamos impulsando el desarrollo del Pacífico con una inversión de 12,3 billones de pesos en los próximos 10 años, más de 1,5 billones de pesos para llevar energía a comunidades que hoy no tienen acceso al sistema eléctrico; más de 2,2 billones para mejorar el acceso a agua potable en ciudades como Buenaventura, Tumaco y Quibdó, y más de 1,4 billones para infraestructura que conecte a la región con el resto del país», destacó. 

Sobre el Conpes 4185, dijo que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas concretas para que la igualdad sea real y efectiva, sobre todo en territorios en que la discriminación histórica y el racismo estructural han limitado el acceso a derechos básicos. 

“Sabemos que el rezago de esta región no es casualidad. Durante décadas, las decisiones de inversión, desarrollo e infraestructura han dejado atrás a territorios donde habitan mayoritariamente comunidades negras, afrocolombianas, raizales e indígenas», manifestó. 

Asimismo, agregó que el Pacífico colombiano es un ejemplo claro de estas desigualdades.

“En esta región son marcadas las limitaciones en el acceso a salud, educación, energía y saneamiento básico y los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria son mayores frente al promedio nacional; condiciones que reflejan la forma en que, gobierno tras gobierno, la distribución de recursos, bienes y servicios se ha concentrado en el centro del país y en algunas capitales, reproduciendo desigualdades que hoy queremos transformar», recalcó. 

A pesar de su enorme riqueza ambiental, cultural y productiva, el potencial del Pacífico continúa desaprovechado y esto limita también el crecimiento del país. 

El Conpes fue construido con las comunidades

La Política para el Desarrollo Integral del Pacífico se construyó a partir del diálogo con comunidades en territorios como Tumaco, Buenaventura, Guapi, Santander de Quilichao y Quibdó. Estos espacios permitieron recoger las visiones de desarrollo de sus habitantes, especialmente de las juventudes, para reconocer sus saberes como base para la transformación del territorio.  ​

El Conpes 4185 se articula con otros instrumentos liderados por Planeación Nacional como los Pactos Territoriales de Nariño, Cauca y Chocó, que comprometen 43,5 billones de pesos en inversiones y los proyectos declarados de importancia estratégica mediante documentos Conpes, en sectores clave como transporte, educación, salud, ambiente, vivienda, agua potable y saneamiento básico. 

La aprobación de este Conpes da cumplimiento al artículo 290 del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida».

Con información del Departamento de Planeación Nacional

Foto: Ministerio del Deporte

​Más de 600 mil deportistas escolares se espera que participen en la nueva edición de los Juegos Intercolegiados Nacionales.

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Bogotá, 9 de marzo de 2026

Estas justas, que impulsa el Ministerio del Deporte, integra a niñas, niños y adolescentes escolarizados entre los 7 y 17 años de todas las regiones del país.  De acuerdo con el Ministerio, los establecimientos educativos de todos los municipios del país, y las organizaciones que atienden a deportistas con discapacidad podrán inscribir a sus representantes a través de la página web www.juegosintercolegiados.gov.co​

El Ministerio del Deporte llegará a los 32 departamentos del país con esta herramienta de transformación social. La meta para esta vigencia contempla impactar positivamente a más de 600 mil deportistas escolares y entrenadores de 9.600 Instituciones Educativas en más de 1.120 municipios y áreas no municipalizadas; un espaldarazo al deporte formativo nacional que se ha venido fortaleciendo en los últimos cuatro años.

Tras un ejercicio de participación ciudadana, que definió los criterios de selección de los deportes y Para deportes que harán parte de esta edición, las disciplinas habilitadas son: baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, baloncesto 3×3, atletismo, ajedrez integrado, natación, tenis de mesa, taekwondo, boxeo, Para natación, karate Do, judo, levantamiento de pesas, Para atletismo, fútbol, fútbol de salón, bádminton, ciclismo de ruta, patinaje y boccia. También se contempla la realización de festivales escolares y mini deportes. 

La ministra del Deporte, Patricia Duque exaltó la inversión destinada para esta vigencia “con un total de 64.500 millones de pesos, realizaremos todas las fases del programa y también se garantizará la participación de Colombia en los XXX Juegos Sudamericanos Escolares, organizados por el Consejo Sudamericano del Deporte (Consude), una muestra real con el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes”. 

Así las cosas, el Gobierno nacional cumple desarrollando por cuarto año consecutivo, el calendario completo de las justas, logrando la participación de más de 2 millones de deportistas de todas las regiones, demostrando el poder del deporte en la construcción de tejido social.

Con información del Ministerio del Deporte

Foto: Ejercito Nacional

​En el operativo también fueron recuperados ocho menores de edad que se encontraban en poder del grupo armado ilegal.​

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Bogotá, 10 de marzo de 2026

En una operación conjunta de alta precisión, las Fuerzas Militares desarticularon una importante estructura armada del frente de guerra oriental del Eln en el departamento de Arauca.

Esta acción fue liderada por tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército, en coordinación con la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, en la vereda La Conquista, en zona rural del municipio de Arauca.

Como resultado de los combates, se confirmó la captura de siete presuntos integrantes de este grupo armado ilegal y la muerte en desarrollo de operaciones militares de uno de sus miembros. Entre los detenidos destaca alias ‘Zeta’, señalado como uno de los principales dinamizadores de la extorsión en el departamento.

Las investigaciones indican que alias ‘Zeta’ utilizaba las redes sociales como herramienta para el reclutamiento forzado de menores de edad, práctica sistemática que el Gobierno nacional combate con determinación para proteger a la juventud colombiana.

En un hito fundamental para la protección de los Derechos Humanos, la Fuerza Pública logró la recuperación de ocho menores de edad que se encontraban bajo el poder de esta estructura criminal.

Entre los menores rescatados, cinco son de nacionalidad venezolana, lo que evidencia la transnacionalidad de los delitos cometidos por el Eln en la frontera. Tras el rescate, las tropas priorizaron su integridad y los trasladaron a centros asistenciales para verificar su estado de salud, garantizando un trato digno y humano.

Posteriormente, los menores fueron puestos bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Allí se dio inicio al proceso de restablecimiento de sus derechos y se les brinda el acompañamiento psicosocial necesario para su recuperación tras el trauma del reclutamiento.

El Gobierno nacional reafirma su compromiso de sacar a los niños, niñas y adolescentes de las manos de la guerra, asegurando que sus proyectos de vida no sean truncados por la violencia de los grupos armados.

Durante el registro del área, las autoridades incautaron un arsenal significativo, que incluye 12 armas de largo alcance, tres armas cortas, una mira de alta precisión y seis granadas de mano.

Además, se hallaron más de 2 mil municiones de diversos calibres y abundante material de comunicaciones e intendencia.

Este decomiso representa una afectación estructural a la logística de guerra del Eln, reduciendo drásticamente su capacidad de ataque contra la población civil y las instituciones del Estado.

El Ejército anticipó que las operaciones militares continúan activas en el sector para consolidar la seguridad y estabilidad de las comunidades araucanas y reafirmó la voluntad del Estado de perseguir sin descanso a las estructuras criminales que persisten en el uso de la violencia.

Con información del Ejército Nacional

Foto: Ministerio de Transporte

​​​​La decisión del gobierno garantiza salario, seguridad social y condiciones dignas a conductores de carga.​

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Bogotá, 9 de marzo de 2026

El Gobierno nacional, a través de los ministerios de Transporte y de Trabajo, expidió una circular conjunta que unifica y aclara las reglas laborales, contractuales y de seguridad social en el servicio público de transporte de carga, una medida que brinda mayor seguridad jurídica al gremio transportador y establece condiciones claras para todos los actores de la cadena logística en el país. 

La circular precisa las responsabilidades de las empresas de transporte, los propietarios de vehículos y quienes contratan el servicio, con el propósito de evitar interpretaciones contradictorias de la normatividad vigente. Con ello, el Gobierno nacional busca generar estabilidad en la operación del sector, reducir conflictos laborales y dar reglas transparentes que permitan una actividad más organizada y competitiva. 

Uno de los principales beneficios para el gremio transportador es que la medida no crea nuevas obligaciones, sino que aclara cómo deben cumplirse las normas existentes, lo que permite a las empresas planear su operación con mayor certeza jurídica y reducir riesgos de sanciones por interpretaciones diferentes de la ley. Esto favorece un entorno más predecible para la actividad económica y fortalece la confianza entre los distintos actores del sector.  

La circular también establece lineamientos claros sobre el reconocimiento del salario, el pago de prestaciones sociales y la afiliación al sistema de seguridad social de los conductores, lo que contribuye a mejorar la formalización laboral en el transporte de carga y a dignificar el trabajo de quienes movilizan la economía por carretera. Para el gremio, estas reglas permiten competir en condiciones más equitativas y evitar prácticas que generen desventajas entre empresas. 

Asimismo, se fijan criterios para la organización de la jornada laboral, los tiempos de descanso y las condiciones de seguridad en la operación, aspectos que contribuyen a disminuir la fatiga en la conducción y a reducir los riesgos de siniestros viales. Esto se traduce en beneficios directos para el sector transportador, al mejorar la seguridad en las vías, proteger la vida de los conductores y reducir costos derivados de accidentes. 

Con esta decisión, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con el trabajo digno, la seguridad vial y el fortalecimiento del transporte de carga como eje fundamental de la economía. La circular conjunta establece reglas claras y responsabilidades compartidas que favorecen tanto a los conductores como a las empresas, y contribuyen a consolidar una operación logística más segura, formal y eficiente en todo el territorio nacional. 

Con información de Mintransporte

Mar, 10/03/2026 .-

Siguen los escrutinios, ese proceso que arroja en definitiva el favor de los electores para con cada uno de los candidatos. Hasta que no culmine esta fase no se sabrá si Caldas va a tener un senador, Wilder Escobar de la coalición Alianza por Colombia, y como representantes a la Cámara a Octavio Cardona, liberal; Manuel Correa, ASI; Juan Manuel Londoño, conservador; Santiago Osorio, Pacto Histórico-Alianza Verde; Mateo Hidalgo, Centro Democrático-Partido de la U, y Carlos Mario Calvo, Movimiento Unidad en Minga por Colombia.
Esta ubicación se tiene con base en el preconteo de votos. Sin embargo, y al menos para Cámara, se puede decir que en su mayoría son resultados que estaban en los cálculos al ser candidatos de colectividades de arraigo político regional y con los que se mantiene la hegemonía de los partidos. El mapa político del departamento no va a cambiar mucho, y si la representatividad queda de esta manera, las jefaturas se mantienen.
Persiste un riesgo, y es con la delegación de Caldas en el Senado, ya que la ubicación de Escobar en los últimos lugares entre las curules de Alianza por Colombia lo deja con una alta probabilidad de que no entre. Demuestra lo que advertimos, en cuanto a que muy seguramente no se tendría senador caldense o en el mejor de los casos solo se lograría elegir uno. Ya se debería estar pensando en volver a la elección regional de senadores, porque son muchos otros departamentos los que se van a quedar por cuatro años sin quién hable por ellos en esta cámara alta, o acudir a mecanismos combinados en los que se puedan elegir por circunscripción nacional una parte y el resto por regiones.
Quienes queden en el Congreso (2026- 2030) deben jugar como voceros fuertes, en sus partidos y en la interlocución nacional que se requiere por los departamentos y la región como Eje Cafetero de manera que se le haga frente al centralismo cada vez más arraigado. Muy lamentable, y también lo dijimos, que Caldas se haya quedado sin representación femenina en el Congreso, se debe entender como un retroceso en la búsqueda de equidad de género en la política.

También hay que decir sobre estas elecciones que la decisión de manejar listas cerradas, al menos para el Senado en el Centro Democrático y el Pacto Histórico facilitó la votación, porque el país sigue enredado para manejar el tarjetón por números. Quienes se decidieron por lista cerrada también permitieron una ventaja adicional con las llamadas listas cremallera, en las que las mujeres van de entrada con la mitad de las curules y los hombres con el resto, lo que no tiene la lista abierta. Igualmente hay que señalar en todo el Eje Cafetero los resultados obtenidos hasta el momento por el Pacto Histórico que, guste o no, se está mostrando en votos como una fuerza importante, indicando que hay otras maneras de pensar y hacer las cosas y con quienes hay que conversar, desde el centro y la derecha política.

Si algo ha quedado claro en medio de la crisis política, comercial y diplomática entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, es que mientras Quito toma decisiones cada vez más radicales, Bogotá sigue sin activar medidas eficientes para solucionar el desencuentro que ya genera cuantiosas y graves afectaciones económicas y sociales a lado y lado de la frontera.

De hecho, lo advertido ayer por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en torno a que su país priorizará la importación de productos chinos, indios y otras naciones asiáticas, es un paso más en la escalada de la tensión binacional. Esto último porque el mandatario señaló que esa decisión obedecía a que muchas de estas mercancías llegan a Colombia, en donde se reenvasan y reempaquetan para luego enviarlas a la nación vecina sin pagar arancel.

No es una acusación menor. Por el contrario, acudiendo a los canales diplomáticos del caso e incluso a las instancias respectivas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la administración Petro debería pronunciarse al respecto.

Si bien es cierto que la Cancillería y las carteras de Comercio Exterior y Defensa han buscado puentes de comunicación con el gobierno Noboa, hasta ahora no han desactivado la crisis que comenzó a finales de enero. De allí que los gremios empresariales de nuestro país continúen urgiendo al Ejecutivo ser más proactivo en concretar una solución binacional satisfactoria y equilibrada.

La situación se torna más preocupante en la medida en que las autoridades ecuatorianas parecen no creer en los planes anunciados por Colombia para fortalecer el combate al narcotráfico y los grupos armados ilegales en la zona fronteriza.

Como se sabe, el Palacio de Carondelet insiste en que la sobretasa arancelaria del 30 % que impuso inicialmente a muchos productos colombianos, que luego subió a 50 % en medio del pulso de medidas de reciprocidad adoptadas por la Casa de Nariño a las mercancías ecuatorianas, más que un impuesto son una especie de “tasa de seguridad” para compensar los millonarios recursos que el gobierno Noboa estaría invirtiendo en el combate a las mafias en la frontera con Colombia sin que -según Quito- se vea una eficiencia similar de la administración Petro.

En el entretanto, Noboa no solo reforzó su alianza antidroga y antiterrorista con Estados Unidos, sino que ya el pasado viernes desarrollaron un operativo conjunto contra un campamento de los ‘Comandos de la Frontera’, una facción subversiva de origen colombiano que opera en la provincia de Sucumbíos, cerca del área limítrofe.

A esto se suma que el fin de semana el presidente Trump se reunió con mandatarios y autoridades de diecisiete gobiernos latinoamericanos con los que acordó una alianza trasnacional para erradicar el narcotráfico. No fue invitado el gobierno Petro, que ayer se quejaba de su exclusión, más aún porque nuestro país tiene la mayor extensión de narcocultivos y es el principal exportador de cocaína. Es obvio, entonces, que más allá de la distensión por la cumbre presidencial de comienzos de febrero en la Casa Blanca, persisten fuertes diferencias entre la administración republicana y el saliente titular de la Casa de Nariño alrededor del asunto antidroga.

Es más, mientras Ecuador decidió expulsar ayer al embajador de Cuba en Quito, el mandato Petro sigue bajo la lupa de Washington en torno a si participó de una operación encubierta para romper el embargo petrolero al régimen castrista, que cada vez está más débil y acorralado.

Visto todo lo anterior, queda claro que el Gobierno colombiano debe implementar una estrategia política, comercial, diplomática y de seguridad más efectiva para desarmar la crisis con Ecuador. No es conveniente dejar que la tensión continúe profundizándose o que la ‘guerra arancelaria’ se normalice. De hecho, el propio Noboa defiende que la escalada de impuestos de importación, que también ha implicado cruce de medidas bilaterales, como la suspensión de ventas de energía o el encarecimiento de la tarifa de transporte de petróleo, le está beneficiando más a su país. Los balances de los doce sectores exportadores colombianos impactados son, por el contrario, de una afectación creciente.  

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Es imperativo, entonces, que la Casa de Nariño le ponga más atención prioritaria a este asunto. Pareciera que por estar imbuida en asuntos políticos y electorales internos el Ejecutivo no le da la importancia debida, como tampoco dimensiona el daño producido en la balanza comercial, el intercambio fronterizo diario, así como en el flujo de doble vía de productos, bienes y servicios, del cual dependen miles de empresas, negocios y empleos allá y aquí.

Por estos mismos hechos han sido privados de la libertad dos hermanos del ahora procesado. El Peñón (Bolívar).

Cartagenma-Colombia-Noticias625.co 06-03-2026. Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Diego Armando Lerme Elles, presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y lesiones personales.

Los hechos que involucrarían al ahora procesado ocurrieron el 20 de marzo durante la celebración de las fiestas patronales en el corregimiento El Peñoncito, jurisdicción del municipio del Peñón (Bolívar).

Lerme Elles, al parecer, en medio de una riña y con la complicidad de sus dos hermanos hirieron con arma cortopunzante a un hombre de 49 años. La víctima murió a causa de las heridas causadas. Una persona que acompañaba al agredido resultó herida.

En cumplimiento de una orden judicial, la Policía Nacional capturó al ahora implicado en Mosquera (Cundinamarca), el pasado 6 de marzo.

Por estos mismos hechos Miguel Ángel y Julio César Lerma Elles fueron capturados; el 11 de diciembre de 2025, en El Banco (Magdalena); y el 24 de febrero en Mosquera, respectivamente.