Luis Alberto FigueroaComentarios desactivados en Ejército Nacional frustra secuestro, y logra la liberación de una mujer en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño.
La intervención oportuna de las Fuerzas Militares permitió la recuperación sana y salva de una ciudadana, tras cinco días retenida contra su voluntad, e intimidada por integrantes de un grupo armado organizado residual en el departamento de Nariño.
En el marco de las operaciones ofensivas adelantadas por el Ejército Nacional, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 16, orgánico de la Fuerza de Tarea Hércules, lograron la ubicación y liberación de una mujer que se encontraba retenida en contra de su voluntad por integrantes del GAO-r Estructura 30 Rafael Aguilera, en zona rural del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño.
La operación militar se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, mediante acciones que permitieron ubicar y poner a salvo a la víctima, quien permaneció alrededor de cinco días privada de la libertad.
Los hechos se registraron en zona rural del municipio Santa Bárbara Iscuandé, en donde tropas del Ejército Nacional que realizaban labores de control territorial, lograron ubicar a la ciudadana, quien previamente había conseguido separarse de sus captores y refugiarse en una zona selvática en un recorrido de tres días.
Una vez en el lugar, las unidades del Ejército brindaron ayuda y protección a la ciudadana, quien posteriormente quedó bajo el cuidado de las autoridades competentes, con el fin de garantizar su bienestar y brindarle el acompañamiento institucional correspondiente.
Este resultado operacional representa un avance en la lucha contra los delitos que atentan contra la libertad personal en el Pacífico nariñense y ratifica el compromiso del Ejército Nacional, a través de la Fuerza de Tarea Hércules, de continuar desarrollando operaciones militares sostenidas, para proteger a la población civil y fortalecer la seguridad en esta región del país.
National Army foils kidnapping and secures the release of a woman in Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño.
The timely intervention of the Armed Forces led to the safe return of a woman after she had been held against her will for five days and intimidated by members of a residual organized armed group in the department of Nariño.
As part of offensive operations carried out by the National Army, troops from the 16th Ground Operations Battalion, part of Task Force Hercules, located and freed a woman who was being held against her will by members of the GAO-r Structure 30 Rafael Aguilera, in a rural area of the municipality of Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño.
The military operation was carried out within the framework of the Ayacucho Plus Campaign Plan, through actions that allowed the location and safety of the victim, who had been held captive for approximately five days.
The events took place in a rural area of the municipality of Santa Bárbara Iscuandé, where National Army troops conducting territorial control operations located the woman, who had previously managed to escape her captors and take refuge in a jungle area after a three-day trek.
Once at the location, the Army units provided assistance and protection to the woman, who was subsequently placed under the care of the appropriate authorities to ensure her well-being and provide her with the necessary institutional support.
This operational result represents progress in the fight against crimes against personal liberty in the Nariño Pacific region and reaffirms the commitment of the National Army, through Task Force Hercules, to continue conducting sustained military operations to protect the civilian population and strengthen security in this region of the country.
Luis Alberto FigueroaComentarios desactivados en Contundente golpe a la capacidad armada y finanzas de los GAO-r en el primer trimestre de 2026: Quinta División.
brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe comandante Quinta División Ejército Nacional.
Bajo el liderazgo del brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbre, la Quinta División del Ejército Nacional presenta un balance operacional del primer trimestre de 2026 con resultados altamente contundentes, lo que evidencia una ofensiva sostenida que impacta de manera directa la capacidad armada de los grupos armados organizados sus finanzas y logística.
La ofensiva operacional permitió impactar de manera directa a múltiples organizaciones, con la neutralización de 15 afectaciones a los GAO residuales (GAO-r), 9 afectaciones al Clan del Golfo, 3 afectaciones al ELN; asimismo se logró la intervención de más de 20 estructuras criminales, incluyendo redes vinculadas a la Segunda Marquetalia, afectando su mando, control y capacidad de expansión territorial.
Durante este periodo, las tropas desarrollaron 61 operaciones ofensivas, de las cuales 31 (51 %) estuvieron dirigidas a golpear las economías ilícitas, principal fuente de financiación de estas estructuras criminales.
La ofensiva militar permitió afectar de manera directa el sistema financiero ilegal de los grupos armados, con resultados de alto impacto, como la incautación de 17.180 galones de hidrocarburos, 1403 kg de cocaína, 5229 kg de marihuana incautados, 906 kg de insumos sólidos y 1180 galones de insumos líquidos decomisados, una reducción del 70 % en la producción de pasta base de coca.
Estas cifras reflejan una estrategia efectiva de asfixia financiera, debilitando la capacidad de sostenimiento y expansión de las estructuras criminales.
En materia de afectación a la capacidad bélica, los resultados evidencian una degradación significativa del poder de daño de los grupos ilegales, dado de 190 artefactos explosivos fueron neutralizados, 46 minas antipersonal, 153 kg de explosivos, 174 detonadores, 77 armas cortas incautadas, una reducción del 76 % en la disponibilidad de municiones, afectando las logística criminales que delinquen en área de responsabilidad de la Quinta División. Estos resultados representan un golpe directo a la capacidad de acción terrorista, limitando la ejecución de atentados contra la población y la Fuerza Pública.
En protección directa a la población civil, se destacan, en el primer trimestre 2026, 30 capturas por extorsión y secuestro, 8 personas liberadas; lo anterior evidencia una mayor capacidad de respuesta frente a delitos que vulneran la libertad y la seguridad ciudadana, y mediante el desarrollo regional de la campaña, #YoDenuncioYoNoPago.
El brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbre afirmó, «Estos resultados demuestran una ofensiva operacional sostenida, focalizada en debilitar la capacidad armada su estructura de mando y sus economías ilícitas. Continuaremos desarrollando operaciones contundentes para proteger a la población y garantizar la seguridad en nuestra área de operaciones».
Los resultados del primer trimestre de 2026 consolidan una campaña militar efectiva basada en inteligencia, focalización y presión simultánea, logrando desfinanciar estructuras criminales, reducir su capacidad armada y debilitar la amenaza en las regiones de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda y Caldas, siendo la División con mayor responsabilidad en el corazón del país.
ENGLISH VERSION
Decisive Blow to the Armed Capacity and Finances of Organized Armed Groups in the First Quarter of 2026: Fifth Division.
Under the leadership of Brigadier General Carlos Ernesto Marmolejo Cumbre, the Fifth Division of the Colombian National Army presents an operational report for the first quarter of 2026 with highly decisive results, demonstrating a sustained offensive that directly impacts the armed capacity, finances, and logistics of organized armed groups.
The operational offensive directly impacted multiple organizations, neutralizing 15 residual armed groups (GAO-r), 9 Clan del Golfo, and 3 ELN; it also resulted in the intervention of more than 20 criminal structures, including networks linked to the Segunda Marquetalia, affecting their command, control, and capacity for territorial expansion.
During this period, troops conducted 61 offensive operations, 31 (51%) of which targeted illicit economies, the primary source of funding for these criminal organizations.
The military offensive directly impacted the armed groups’ illegal financial system, yielding high-impact results such as the seizure of 17,180 gallons of hydrocarbons, 1,403 kg of cocaine, 5,229 kg of marijuana, 906 kg of solid precursor chemicals, and 1,180 gallons of liquid precursor chemicals, resulting in a 70% reduction in cocaine base production.
These figures reflect an effective strategy of financial strangulation, weakening the capacity of these criminal organizations to sustain and expand their operations.
Regarding the impact on combat capabilities, the results demonstrate a significant reduction in the destructive power of illegal groups, given that 190 explosive devices were neutralized, along with 46 antipersonnel mines, 153 kg of explosives, 174 detonators, and 77 seized handguns. There was also a 76% reduction in the availability of ammunition, affecting the logistics of criminals operating in the area of responsibility of the Fifth Division. These results represent a direct blow to terrorist activity, limiting the execution of attacks against the population and the Public Force.
In terms of direct protection of the civilian population, the first quarter of 2026 saw 30 arrests for extortion and kidnapping, and the release of 8 people. This demonstrates a greater capacity to respond to crimes that violate freedom and citizen security, and is further evidenced by the regional development of the #YoDenuncioYoNoPago (I Report, I Don’t Pay) campaign.
Brigadier General Carlos Ernesto Marmolejo Cumbre stated, “These results demonstrate a sustained operational offensive focused on weakening the armed capacity, command structure, and illicit economies of criminal organizations. We will continue to conduct decisive operations to protect the population and guarantee security in our area of operations.”
The results of the first quarter of 2026 consolidate an effective military campaign based on intelligence, targeted operations, and simultaneous pressure, successfully defunding criminal structures, reducing their armed capacity, and weakening the threat in the regions of Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, and Caldas. This division bears the greatest responsibility in the heart of the country.
Luis Alberto FigueroaComentarios desactivados en Ejército Nacional afecta en más de 337 millones de pesos mensuales a la minería ilegal en el departamento de Caldas.
En desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Infantería n.°22 Batalla de Ayacucho, en una operación conjunta, coordinada e interinstitucional, lograron un resultado contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en zona rural del municipio de Anserma, Caldas.
Esta operación fue realizada mediante un trabajo articulado por la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, el Grupo de Inteligencia de la Fuerza Aeroespacial n.°12 y en coordinación con la SIPOL, SIJÍN y Corpocaldas, a través de las labores de inteligencia militar.
Como resultado se logró la captura de 2 sujetos por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y daño en los recursos naturales y ecocidio, además durante la operación fueron incautados 5 motobombas y se intervinieron 6 socavones, elementos empleados para la extracción ilícita de oro.
Con esta acción se genera una afectación a las economías ilícitas estimadas en aproximadamente 337 millones de pesos mensuales, producto de la extracción ilegal de cerca de 750 gramos de oro al mes, lo que debilita las finanzas de los grupos comunes delincuenciales organizados.
Asimismo, se impactan materiales utilizados para esta actividad ilícita por un valor cercano a los 4 millones de pesos, afectando la capacidad logística de estas estructuras. Estas operaciones contribuyen de manera directa a la protección del medio ambiente, mitigando los delitos ambientales en sus diferentes modalidades y reduciendo el vertimiento de químicos contaminantes que afectan gravemente los ecosistemas, provocando el desplazamiento y la muerte de la fauna silvestre.
El Ejército Nacional reafirma su compromiso con la defensa del territorio, la protección de los recursos naturales, contrarrestando las actividades ilícitas que buscan afectar la seguridad y el desarrollo sostenible del departamento de Caldas.
ENGLISH VERSION
National Army impacts illegal mining in the department of Caldas by more than 337 million pesos per month.
As part of the Ayacucho Plus Campaign Plan, troops from the 22nd Infantry Battalion «Batalla de Ayacucho,» in a joint, coordinated, and inter-institutional operation, achieved a result against the illicit exploitation of mineral deposits in the rural area of the municipality of Anserma, Caldas.
This operation was carried out through the coordinated efforts of the Brigade Against the Illicit Exploitation of Mineral Deposits, the 12th Aerospace Force Intelligence Group, and in conjunction with the SIPOL (Police Intelligence Service), SIJÍN (Judicial Investigation Unit), and Corpocaldas (Regional Autonomous Corporation of Caldas), through military intelligence work.
As a result, two individuals were arrested for the crimes of illegal mining, damage to natural resources, and ecocide. During the operation, five water pumps were seized, and six mine shafts—equipment used for the illegal extraction of gold—were closed.
This action disrupts illicit economies estimated at approximately 337 million pesos per month, generated by the illegal extraction of about 750 grams of gold per month, thus weakening the finances of organized criminal groups.
Furthermore, materials used in this illicit activity, valued at nearly 4 million pesos, were seized, impacting the logistical capacity of these groups. These operations directly contribute to environmental protection by mitigating environmental crimes in their various forms and reducing the dumping of polluting chemicals that severely damage ecosystems, causing the displacement and death of wildlife.
The National Army reaffirms its commitment to the defense of the territory, the protection of natural resources, countering illicit activities that seek to affect the security and sustainable development of the department of Caldas.
Luis Alberto FigueroaComentarios desactivados en POR EL ESCRITOR RUBÉN DARÍO FRANCO NARVÁEZ, PRESIDENTE COMUNICADORES SOCIALES PERIODISTAS RISARALDA PRI.
Rubén Dario Franco Narvaez: Miércoles 8 de abril 2026 – Día Internacional de Oposición a los Alimentos Transgénicos. Cada 8 de abril se celebra el Día Internacional de Oposición a los Alimentos Transgénicos, un movimiento de acción mundial que manifiesta el rechazo hacia el cultivo y producción de alimentos modificados genéticamente, afectando la agricultura y la alimentación tradicionales. Se pretende visibilizar la imposición y la desinformación acerca de los riesgos y desventajas de los transgénicos en la dieta alimenticia, incentivando el cultivo sostenible y la producción de alimentos para el consumo humano libres de transgénicos. El Día Internacional de Oposición a los Alimentos Transgénicos se creó el 8 de abril de 2006, por iniciativa de cien organizaciones internacionales ubicadas en más de 40 países. Su finalidad es divulgar los efectos nocivos de los cultivos y alimentos transgénicos en la salud humana y el medio ambiente. *. Cada momento es una oportunidad para sonreírle a la vida. SONRÍA… SONRÍA… SONRÍA… CON AMOR Y ALEGRÍA, AGRADECIÉNDOLE A DIOS: CADA SEGUNDO DE VIDA. –RUDAFRA. REFLEXIÓN RUDAFRA DEL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL 2026: EL DEBER DE LA SALUD PÚBLICA: UNA REFLEXIÓN CONTRA EL ALIMENTO VENENO Es imperativo reconocer una verdad incómoda que afecta a nuestras familias: la comida chatarra no es solo una opción nutricional deficiente; es, en realidad, un veneno y una amenaza directa para la salud pública. Su consumo desmedido socava la vitalidad de nuestra sociedad y compromete el futuro de las nuevas generaciones. Considero que un buen gobierno, aquel que verdaderamente prioriza el bienestar de sus ciudadanos por encima de los intereses comerciales, tiene la responsabilidad ética de intervenir. No basta con la educación individual; se requiere establecer normas estrictas que pongan fin a la producción de esta «comida veneno». Proteger la vida implica regular lo que nos daña. La salud no debe ser un lujo, sino el resultado de un entorno donde la integridad física de las personas sea el eje fundamental de toda política de Estado. -Rudafra, miércoles, 8 de abril de 2026. *. 8 de abril – Día Mundial del Síndrome de Cushing / 8 de abril – Día Internacional del Pueblo Gitano. Rubén Dario Franco Narvaez: REFLEXIÓN RUDAFRA DEL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL 2026: EL DEBER DE LA SALUD PÚBLICA: UNA REFLEXIÓN CONTRA EL ALIMENTO VENENO Es imperativo reconocer una verdad incómoda que afecta a nuestras familias: la comida chatarra no es solo una opción nutricional deficiente; es, en realidad, un veneno y una amenaza directa para la salud pública. Su consumo desmedido socava la vitalidad de nuestra sociedad y compromete el futuro de las nuevas generaciones. Considero que un buen gobierno, aquel que verdaderamente prioriza el bienestar de sus ciudadanos por encima de los intereses comerciales, tiene la responsabilidad ética de intervenir. No basta con la educación individual; se requiere establecer normas estrictas que pongan fin a la producción de esta «comida veneno». Proteger la vida implica regular lo que nos daña. La salud no debe ser un lujo, sino el resultado de un entorno donde la integridad física de las personas sea el eje fundamental de toda política de Estado. -Rudafra, miércoles, 8 de abril de 2026.
ENGLISH VERSION
Rubén Dario Franco Narvaez: Wednesday, April 8, 2026 – International Day of Opposition to Genetically Modified Foods.
Every April 8th, the International Day of Opposition to Genetically Modified Foods is celebrated, a global action movement that expresses rejection of the cultivation and production of genetically modified foods, which affect traditional agriculture and food systems. It aims to raise awareness of the imposition and misinformation surrounding the risks and disadvantages of GMOs in our diets, encouraging sustainable cultivation and the production of GMO-free food for human consumption.
The International Day of Opposition to Genetically Modified Foods was created on April 8, 2006, at the initiative of one hundred international organizations located in more than 40 countries. Its purpose is to publicize the harmful effects of genetically modified crops and foods on human health and the environment.
*. Every moment is an opportunity to smile at life. SMILE… SMILE… SMILE… WITH LOVE AND JOY, THANKING GOD: EVERY SECOND OF LIFE. –RUDAFRA.
RUDAFRA’S REFLECTION FOR WEDNESDAY, APRIL 8, 2026: THE DUTY OF PUBLIC HEALTH: A REFLECTION AGAINST POISON FOOD It is imperative to acknowledge an uncomfortable truth that affects our families: junk food is not only a nutritionally poor choice; it is, in fact, a poison and a direct threat to public health. Its excessive consumption undermines the vitality of our society and compromises the future of new generations.
I believe that a good government, one that truly prioritizes the well-being of its citizens over commercial interests, has the ethical responsibility to intervene. Individual education is not enough; it requires establishing strict regulations that put an end to the production of this «poison food.»
Protecting life means regulating what harms us. Health should not be a luxury, but rather the result of an environment where the physical integrity of individuals is the cornerstone of all state policy.
-Rudafra, Wednesday, April 8, 2026. *
April 8 – World Cushing’s Syndrome Day / April 8 – International Roma Day.
Rubén Darío Franco Narváez: RUDAFRA REFLECTION FOR WEDNESDAY, APRIL 8, 2026: THE DUTY OF PUBLIC HEALTH: A REFLECTION AGAINST POISON FOOD It is imperative to acknowledge an uncomfortable truth that affects our families: junk food is not just a nutritionally poor choice; it is, in fact, a poison and a direct threat to public health. Its excessive consumption undermines the vitality of our society and jeopardizes the future of new generations.
I believe that a good government, one that truly prioritizes the well-being of its citizens over commercial interests, has the ethical responsibility to intervene. Individual education is not enough; strict regulations are needed to put an end to the production of this «poisonous food.»
Protecting life means regulating what harms us. Health should not be a luxury, but rather the result of an environment where the physical integrity of individuals is the cornerstone of all government policy.
Luis Alberto FigueroaComentarios desactivados en Paloma Valencia alerta a la ONU y a EE.UU. sobre riesgo electoral por beneficios judiciales a criminales en Colombia
Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional
La candidata presidencial Paloma Susana Valencia Laserna envió este lunes una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres; al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; y a la presidenta de la Corte, Nancy Hernández, solicitando acompañamiento internacional especial para garantizar la celebración de elecciones libres en Colombia, ante los beneficios judiciales otorgados a 23 miembros del crimen organizado por parte de la Fiscalía General de la Nación.
La senadora y aspirante presidencial advirtió que la suspensión de las órdenes de captura contra 23 integrantes de bandas criminales, ordenada por la Fiscalía a solicitud del Gobierno, podría convertirse en un mecanismo de presión para obligar a la ciudadanía a votar por el candidato oficial en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Valencia Laserna señaló que esta decisión, tomada a menos de dos meses de los comicios, representa una amenaza directa a la democracia colombiana y a la libertad del voto.
A finales de marzo, la Fiscalía colombiana suspendió por seis meses las órdenes de captura contra 23 miembros de estructuras criminales que operan principalmente en Medellín, algunos de ellos recluidos en centros penitenciarios. La medida fue adoptada para permitirles actuar como voceros en espacios de convivencia definidos por el Gobierno Nacional, con el objetivo declarado de avanzar en el sometimiento de los grupos delincuenciales que representan.
Sin embargo, para Valencia Laserna, la coincidencia entre esta decisión y la proximidad del calendario electoral no es casual. La candidata considera que liberar de presión judicial a líderes del crimen organizado en zonas de alta influencia política, como el área metropolitana de Medellín, puede traducirse en coerción sobre comunidades vulnerables durante el proceso de votación, afectando la transparencia electoral que debe caracterizar a un Estado democrático.
La solicitud de acompañamiento internacional refleja una creciente preocupación en sectores políticos y civiles sobre las condiciones en que se desarrollarán los comicios presidenciales de 2026 en Colombia. La intervención de organismos como la ONU y el Departamento de Estado de EE.UU. ha sido históricamente clave en la verificación de procesos electorales en países donde la integridad democrática enfrenta amenazas de actores armados o decisiones gubernamentales cuestionadas.
English version
Paloma Valencia Alerts the UN and the US About Electoral Risks Linked to Criminal Judicial Benefits in Colombia
By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator and Journalist. Professional License 0222 issued by the Colombian Ministry of National Education
Colombian presidential candidate Paloma Susana Valencia Laserna sent a letter this Monday to United Nations Secretary-General António Guterres, U.S. Secretary of State Marco Rubio, and Court President Nancy Hernández, requesting special international oversight to ensure free and fair elections in Colombia, following the granting of judicial benefits to 23 members of organized crime by the country’s Attorney General’s Office.
Valencia Laserna warned that the suspension of arrest warrants against 23 criminal gang members — ordered by the Attorney General at the Government’s request — could be used as a pressure tool to coerce citizens into voting for the ruling party’s candidate in the presidential elections scheduled for May 31. She stressed that this decision, made less than two months before the vote, poses a direct threat to Colombian democracy and electoral freedom.
At the end of March, the Colombian Attorney General’s Office suspended for six months the arrest warrants of 23 members of criminal organizations operating mainly in Medellín, some of whom are currently imprisoned. The measure was taken to allow them to serve as spokespersons in dialogue spaces defined by the National Government, with the stated goal of advancing the dismantling of the criminal groups they represent.
However, Valencia Laserna argues that the timing of this decision — so close to the electoral calendar — is no coincidence. She believes that relieving organized crime leaders from judicial pressure in politically influential areas such as greater Medellín could lead to voter coercion in vulnerable communities, undermining the electoral transparency essential to a functioning democracy.
The call for international oversight reflects growing concern among political and civil sectors about the conditions under which Colombia’s 2026 presidential election will take place. The involvement of bodies such as the UN and the U.S. State Department has historically played a key role in monitoring electoral processes in countries where democratic integrity faces threats from armed actors or controversial government decisions.
estev.quin10Comentarios desactivados en Venecia Colombiana deslumbra al mundo desde Nariño.
La Laguna de La Cocha, en el departamento de Nariño, se consolidó en los últimos días como uno de los destinos más llamativos del sur de Colombia, gracias al creciente interés turístico que ha despertado por su belleza natural, sus recorridos acuáticos y su llamativa comparación con la ciudad italiana de Venecia. Ubicada en el corregimiento de El Encano, cerca de Pasto, esta joya andina atrae a viajeros nacionales e internacionales que buscan experiencias auténticas en medio de paisajes de montaña y ecosistemas de alto valor ambiental.
El auge de este destino no solo responde a su atractivo visual, sino también a la manera en que combina naturaleza, tradición y una oferta turística diferente dentro del mapa latinoamericano. Sus embarcaciones, construcciones pintorescas y la atmósfera tranquila que rodea la laguna han impulsado el interés por el turismo en Colombia, especialmente entre quienes prefieren lugares menos saturados y con una conexión más directa con el entorno.
Uno de los mayores tesoros de la zona es la Isla La Corota, un santuario natural rodeado por las aguas de la laguna y reconocido por su riqueza ecológica. Este espacio refuerza la importancia de la Laguna de La Cocha no solo como atractivo turístico, sino también como escenario de conservación ambiental y biodiversidad, un aspecto cada vez más valorado por el turismo internacional y por quienes priorizan destinos sostenibles.
Además de su belleza paisajística, el lugar se ha convertido en símbolo de una tendencia regional: el redescubrimiento de territorios con gran potencial que durante años permanecieron fuera de los grandes circuitos de promoción. En ese contexto, Nariño gana visibilidad como una región capaz de ofrecer experiencias únicas, donde el agua, la gastronomía local y el paisaje andino se convierten en una carta de presentación frente al mundo.
Para quienes deseen visitar este rincón del sur colombiano, el acceso principal se realiza desde Pasto, seguido por un recorrido terrestre hasta El Encano, donde comienzan las travesías por la laguna. Con su creciente proyección y su capacidad para cautivar a quienes la descubren, la llamada Venecia colombiana se abre paso como una de las postales más impactantes y prometedoras del turismo nacional.
English version
Colombia’s Venice stuns travelers from the heart of Nariño
La Cocha Lagoon, in the department of Nariño, has emerged in recent days as one of southern Colombia’s most captivating destinations, drawing attention for its natural beauty, boat-based experiences and the growing comparison to the iconic city of Venice. Located in El Encano, near Pasto, this Andean treasure is attracting both domestic and international visitors in search of authentic travel experiences surrounded by mountain scenery and environmentally rich landscapes.
Its growing popularity is not only tied to its striking appearance, but also to the way it blends nature, tradition and a distinctive tourism model within Latin America. The local boats, colorful settings and peaceful atmosphere surrounding the lagoon have strengthened interest in tourism in Colombia, especially among travelers looking for quieter destinations with a deeper connection to the environment.
One of the area’s most remarkable highlights is La Corota Island, a natural sanctuary set within the waters of the lagoon and widely recognized for its ecological richness. This protected site reinforces the role of La Cocha Lagoon not only as a tourism hotspot, but also as a center of environmental conservation and biodiversity — an increasingly important factor for international travelers seeking sustainable destinations.
Beyond its scenic charm, the location has also become part of a broader regional trend: the rediscovery of places with enormous potential that long remained outside major tourism promotion routes. In that context, Nariño is gaining new visibility as a region capable of offering unique experiences where water, local cuisine and the Andean landscape come together as a powerful invitation to the world.
For those planning to visit this corner of southern Colombia, the main route begins in Pasto, followed by a road trip to El Encano, where lagoon tours begin. With its rising profile and its ability to impress first-time visitors, the so-called Colombian Venice is steadily positioning itself as one of the most breathtaking and promising travel destinations in the country.
Luis Alberto FigueroaComentarios desactivados en Risaralda en Alerta: Campesinos Perseguidos Mientras Constructoras Devastan el Campo.
Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional
En Risaralda, un creciente clamor ciudadano exige a las autoridades un cambio urgente en su enfoque ambiental: mientras los campesinos son objeto de sanciones por talar un árbol o guadua, las grandes constructoras operan con impunidad, arrasando zonas rurales y afectando fuentes hídricas vitales. Este contraste ha generado indignación en comunidades rurales y urbanas, que denuncian una doble moral en la aplicación de la ley. La situación se agrava con el aumento de animales silvestres en áreas urbanas, señal de que su hábitat natural está siendo destruido a un ritmo acelerado.
El problema no es nuevo, pero sí se ha intensificado en los últimos años. Las autoridades ambientales han centrado sus esfuerzos en pequeños agricultores, muchos de ellos sin acceso a asesoría técnica, mientras grandes proyectos inmobiliarios —respaldados por figuras políticas y empresarios con influencia— obtienen permisos de manera cuestionable. Estos permisos, según testimonios locales, se otorgan sin evaluaciones ambientales rigurosas, y en muchos casos, tras presiones económicas o incluso sobornos. La falta de transparencia en estos procesos alimenta la desconfianza ciudadana.
Además, el impacto ecológico es tangible. La deforestación masiva no solo reduce la cobertura vegetal, sino que altera los ciclos hídricos, afectando el suministro de agua a poblaciones enteras. La presencia de fauna silvestre en ciudades como Pereira o Dosquebradas no es casualidad: es una consecuencia directa de la destrucción del hábitat natural. Animales como pumas, jaguares y aves migratorias se ven forzados a buscar alimento y refugio en zonas urbanas, lo que genera conflictos y riesgos para la seguridad humana y animal.
La comunidad rural, históricamente marginada, ahora exige ser escuchada. No se trata de defender la tala indiscriminada, sino de exigir equidad en la aplicación de la ley. Los campesinos, que muchas veces gestionan sus tierras de forma sostenible, merecen apoyo técnico y no persecución. Mientras tanto, las grandes empresas deben rendir cuentas por los daños ambientales que causan, especialmente cuando operan en zonas protegidas o con permisos irregulares.
La solución no es simple, pero es urgente. Se requiere una revisión profunda de los procesos de licenciamiento ambiental, mayor transparencia en la asignación de permisos y una política pública que priorice la conservación sobre el lucro. Sin ello, Risaralda seguirá perdiendo su riqueza natural, y sus ciudades seguirán recibiendo a animales que huyen de un campo que ya no les pertenece.
English versión
Risaralda on Alert: Farmers Targeted While Developers Devastate the Countryside
By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator Journalist. Professional License 0222 issued by the Ministry of National Education
In Risaralda, growing public outcry demands that authorities urgently shift their environmental focus: while farmers face penalties for cutting a single tree or guadua, large construction firms operate with impunity, clearing vast rural areas and damaging vital water sources. This disparity has sparked outrage among rural and urban communities, who denounce a double standard in law enforcement. The situation is worsening as wild animals increasingly appear in cities — a clear sign that their natural habitats are being destroyed at an accelerating pace.
The problem is not new, but it has intensified in recent years. Environmental authorities have focused their efforts on small-scale farmers — many without access to technical guidance — while major real estate projects, backed by political figures and influential businesspeople, obtain permits under questionable circumstances. These permits, according to local testimonies, are often granted without rigorous environmental assessments — sometimes following economic pressure or even bribes — fueling public distrust.
Moreover, the ecological impact is tangible. Mass deforestation not only reduces vegetation cover but also disrupts water cycles, affecting water supply for entire populations. The presence of wildlife in cities like Pereira or Dosquebradas is no coincidence — it is a direct consequence of natural habitat destruction. Animals such as pumas, jaguars, and migratory birds are forced to seek food and shelter in urban areas, creating conflicts and risks for both human and animal safety.
The rural community, historically marginalized, now demands to be heard. This is not about defending indiscriminate logging, but about demanding fairness in law enforcement. Farmers, who often manage their land sustainably, deserve technical support — not persecution. Meanwhile, large corporations must be held accountable for environmental damage, especially when operating in protected zones or with irregular permits.
The solution is not simple, but it is urgent. A thorough review of environmental licensing processes, greater transparency in permit allocation, and public policies that prioritize conservation over profit are needed. Without them, Risaralda will continue to lose its natural wealth — and its cities will keep receiving animals fleeing a countryside that no longer belongs to them.
Luis Alberto FigueroaComentarios desactivados en Gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego no ha neutralizado ningún objetivo de alto valor de grupos criminales.
En la actual administración han abatido o capturado a varios mandos medios, pero ningún cabecilla principal, como sí ocurrió en los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, con sujetos como alias ‘Raúl Reyes’, el ‘Mono Jojoy’ y ‘Otoniel’
Alias ‘Raúl Reyes’, de las Farc, fue abatido en el gobierno de Álvaro Uribe. Foto AFP
EL PRINCIPAL objetivo de las Fuerzas Militares en este momento es la captura o abatimiento de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de la mayor facción de las disidencias de las Farc. De los cuatro últimos gobiernos, la administración de Gustavo Petro no ha logrado neutralizar hasta el momento a ningún alto mando de los grupos armados.
EL PRINCIPAL objetivo de las Fuerzas Militares en este momento es la captura o abatimiento de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de la mayor facción de las disidencias de las Farc. De los cuatro últimos gobiernos, la administración de Gustavo Petro no ha logrado neutralizar hasta el momento a ningún alto mando de los grupos armados.
El Ejército hizo un bombardeo el pasado 25 de marzo a un campamento de las disidencias en el departamento de Vaupés, en el cual según información de inteligencia se encontraba ‘Mordisco’. Como resultado fueron abatidos dos hombres y cuatro mujeres que de acuerdo con las autoridades hacían parte de ese grupo armado. Además, se incautó armamento y material de intendencia.
Sin embargo, en el sitio no fue encontrado ‘Mordisco’, aunque por la posterior identificación de los cuerpos se determinó que fue abatida su compañera sentimental alias ‘Lorena’. Esto sería una pista clave para afirmar que el máximo cabecilla de las disidencias estuvo en el lugar.
El pasado sábado, el presidente Petro sorprendió al afirmar que comandantes militares le estarían supuestamente avisando a ‘Mordisco’ por pagos que les hace, sobre los operativos que se preparan en su contra, y que esto explicaría que haya escapado no solo del bombardeo en Vaupés, sino de otras acciones.
“El que no se encuentre a ‘Iván Mordisco’, solo tiene un nombre, no solo porque es un jaguar colombiano traqueto con mucho dinero, sino que con ese dinero como hace ‘Chiquito Malo’ con la policía, la compra en sus zonas; ‘Iván Mordisco’ compra los comandantes que deben capturarlo; así se escapa de los bombardeos, pero deja morir a los suyos. Le avisan antes de cada bombardeo”, escribió el mandatario en la red X.
Esta afirmación causó rechazo en organizaciones de militares y policías en uso de buen retiro porque el presidente no presenta pruebas de lo que dice; así como en sectores políticos que indican que el Gobierno habría intensificado en los últimos meses la ofensiva contra ‘Mordisco’ para mostrar algo ante los nulos resultados de la política de paz total.
En el marco de la ofensiva contra dicho cabecilla el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo en días pasados que “alias ‘Mordisco’ ya le hemos capturado a cuatro hermanos, todos con vínculos con el crimen. Enfrentan delitos graves como homicidio y asesinatos de líderes sociales. Además, estaban encargados de coordinar la logística necesaria para perpetrar asesinatos”.
Advirtió el ministro a ‘Mordisco’ que “desmovilícese, haga un bien al país y ponga fin a esa vergüenza. De lo contrario, tenga la certeza de que el Estado colombiano continuará tras usted para capturarlo y, si ofrece resistencia, se empleará la fuerza legítima del Estado, como lo permite la ley para proteger al pueblo colombiano”.
Resultados operacionales
Tras el encuentro del presidente Petro con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca en febrero pasado, el Ejército por primera vez en este gobierno bombardeó al Eln en el Catatumbo (Norte de Santander), resultando abatidos siete guerrilleros.
Así mismo, las Fuerzas Armadas bombardearon a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en operativos que se desarrollaron entre el 13 y 15 de marzo pasado, contra al menos ocho campamentos en los departamentos de Arauca y Casanare.
Se conoció que Petro en esa reunión le entregó a Trump una lista con los objetivos de alto valor que tiene el Gobierno de cabecillas de grupos ilegales que se nutren del narcotráfico. Figuraban alias ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo; alias ‘Pablito’, del Eln; y alias ‘Iván Mordisco’, de las disidencias.
La política de paz total del Gobierno, que contempla sentarse a negociar al mismo tiempo con todos los grupos armados de alto impacto que se pueda, podría explicar en parte el hecho que en esta administración no haya sido capturado o abatido un alto cabecilla hasta el momento.
Durante todo el año 2023 y hasta abril del 2024, el Gobierno sostuvo mesas de negociación con las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’ y el Eln, periodo en el cual se pactaron varios ceses el fuego en los cuales el Ejército no podía hacer acciones ofensivas en su contra.
No obstante, estos procesos se suspendieron por los incumplimientos de las disidencias y el Eln, que mientras dialogaban seguían delinquiendo, lo que le quitó credibilidad a las mesas de conversaciones y la opinión pública exigió al Gobierno mano dura contra estas organizaciones y otras como el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia.
Distintos informes de inteligencia y de organizaciones de la sociedad civil estudiosas del conflicto en Colombia, coinciden en que los grupos armados aprovecharon la paz total para fortalecerse y expandirse a más regiones.
En la administración Petro han sido capturados o abatidos varios mandos medios de distintas organizaciones delincuenciales, pero ninguno de los que figuran de alto valor.
Del Eln fue neutralizado en enero pasado en Chocó, alias ‘Santiago’. Del Clan del Golfo el 20 de marzo fue capturado Juan Ezequiel Mosquera, alias ‘Boica’, segundo cabecilla.
De las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, el 16 de marzo fue abatido Reinel Contreras Cañizares, alias ‘Comando 60’, cabecilla de este grupo armado. De la Segunda Marquetalia el 14 de marzo fue capturado alias ‘Bladimir’, cabecilla financiero de la estructura criminal.
De las disidencias de ‘Mordisco’, el 8 y el 9 marzo fueron capturados dos hermanos de este sujeto: Juan Gabriel Vera Fernández, alias ‘La Jota’; y alias ‘El Conejo’.
El 10 de marzo, en un bombardeo en Antioquia, fueron abatidos siete sujetos, entre ellos alias ‘Ramiro’, delincuente con más de 20 años de actividad criminal. El 14 de marzo fue capturado José Manuel Vera Fernández, alias ‘José’, cuarto hermano de alias ‘Mordisco’.
De las disidencias de alias ‘Calarcá’, el 11 de febrero fue neutralizado alias ‘Venezuela’, cabecilla de una subestructura.
En el Gobierno Uribe
En su primera administración fue capturado el 2 de enero de 2004 en Quito (Ecuador) alias ‘Simón Trinidad’, cabecilla de la entonces guerrilla de las Farc. El operativo contó con participación de inteligencia colombiana. Posteriormente, el Gobierno lo extraditó a Estados Unidos.
El primero de marzo de 2008, fue abatido alias ‘Raúl Reyes’, segundo comandante de las Farc, en un operativo que desarrolló la Fuerza Pública de Colombia en territorio ecuatoriano contra un campamento. Ello estuvo a punto de provocar un conflicto entre ambos países porque Quito no fue informado.
En administración Santos
En septiembre del 2010 fue abatido en La Macarena (Meta) Jorge Briceño Suárez, alias ‘Mono Jojoy’, quien era el comandante militar de las Farc.
El 4 de noviembre de 2011, pereció en un operativo en Cauca, Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’, entonces máximo comandante de las Farc.
También fue abatido en la primera administración de Santos en diciembre de 2010, Pedro Olivero Guerrero Castillo, alias ‘Cuchillo’, jefe del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo (ERPAC); y en su segundo gobierno en octubre de 2015, Víctor Ramón Navarro Serrano, alias ‘Megateo’, comandante de la disidencia del Ejército Popular de Liberación (EPL).
En mandato de Duque
En esta administración fueron abatidos alias ‘Marihuano’, del Clan del Golfo; alias ‘Flechas’, de los Caparros; alias ‘Brayan’, de Los Pelusos; y alias ‘Fabián’, del Eln.
También se destaca la captura y extradición de alias ‘Otoniel’, principal cabecilla del Clan del Golfo y uno de los narcotraficantes más buscados por los organismos de inteligencia.
Luis Alberto FigueroaComentarios desactivados en Se prevé que al menos seis candidatos desistan de buscar la presidencia.
Es claro que los que figuran bien en las encuestas, como Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, van a primera vuelta
El tarjetón presidencial este año podría adelgazar por la renuncia de varios aspirantes. Foto Registraduría
ESTA SEMANA la senadora Clara López anunciaría la renuncia a su candidatura a la presidencia y que pasaría a respaldar la campaña de su copartidario en el Pacto Histórico Iván Cepeda. Se prevé que, en los próximos días, al menos seis de los 14 aspirantes darán un paso al costado porque no tendrían posibilidad de ganar, pues marcan bajo en las encuestas.
Al cierre de la inscripción de candidatos para los comicios del próximo 31 de mayo se registraron la senadora Clara López con su fórmula María Consuelo del Río Mantilla, por el partido Esperanza Democrática; el exministro Mauricio Lizcano con su fórmula Pedro Luis de la Torre, por la coalición Familia; el empresario Santiago Botero con su fórmula Carlos Fernando Cuevas, por el movimiento Romper el Sistema; el exsenador Miguel Uribe Londoño con su fórmula Luisa Fernanda Villegas, por el partido Demócrata Colombiano; la abogada Sondra Macollins con su fórmula Leonardo Karam Helo, por el movimiento Sondra Macollins, la Abogada de Hierro.
Así mismo el senador Iván Cepeda con su fórmula Aída Quilcué, por el Pacto Histórico; el abogado Abelardo de la Espriella con su fórmula José Manuel Restrepo, por el movimiento Defensores de la Patria; la exalcaldesa Claudia López con su fórmula Leonardo Huerta, por el movimiento con Claudia Imparables; la senadora Paloma Valencia con su fórmula Juan Daniel Oviedo, por el partido Centro Democrático; el exgobernador Sergio Fajardo con su fórmula Edna Bonilla, por el partido Dignidad y Compromiso; el exsenador Roy Barreras con su fórmula Martha Lucía Zamora, por el partido La Fuerza; el general (r) Gustavo Matamoros con su fórmula Mila Paz, por el partido Ecologista Colombiano; el excanciller Luis Gilberto Murillo con su fórmula Luz María Zapata, por el movimiento Luis Gilberto Soy Yo; y el exgobernador Carlos Caicedo, por el movimiento Caicedo.
El promedio de candidatos en el tarjetón presidencial ha sido de ocho en las distintas elecciones. Los comicios de 1994 tienen el récord porque en esa oportunidad hubo 18 aspirantes.
El calendario para los comicios de mayo próximo cerró el periodo de inscripción de aspirantes el 13 de marzo, el 20 de marzo venció el plazo de modificación de la inscripción de candidatos.
El 30 de abril vence el plazo de modificación de candidaturas revocadas por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterior a la inscripción. El 20 de mayo es la inscripción de candidatos en caso de muerte o incapacidad física permanente.
La ley permite a los candidatos a la presidencia renunciar en cualquier momento, incluso un día antes de las elecciones. Sin embargo, los que ganaron consultas: Iván Cepeda la interna del Pacto Histórico; y los triunfadores en las interpartidistas, Paloma Valencia (centroderecha), Claudia López (centro) y Roy Barreras (izquierda) tendrán que pagar una fuerte sanción económica si hicieran esto, debido a los gastos en que incurrió el Estado para llevar a cabo este ejercicio en las urnas.
Los que estarían fijos
Es claro que los candidatos que marcan bien en las encuestas se presentarán en primera vuelta. Se hace referencia al senador Iván Cepeda, quien ha liderado la mayoría de los estudios que se han publicado desde noviembre último; la senadora Paloma Valencia, quien tras las consultas es la que más ha crecido intención de voto, tanto que superó a Abelardo de la Espriella, quien ahora es tercero.
En la parte medía de las encuestas se ubican los dos candidatos de centro, un poco por delante Claudia López de Sergio Fajardo.
Los otros nueve aspirantes marcan una intención de voto muy bajita, sin embargo, ninguno de ellos ha mostrado intención de retirarse.
En caso de que el empresario Santiago Botero se retire, eventualmente apoyaría a Paloma Valencia, pues es fuerte crítico del Gobierno y no comulga con De la Espriella.
“En una segunda vuelta hipotética entre Cepeda y Abelardo porque votaría, eso sería como escoger entre cáncer o sida: escogería el que me dé más días de vida a los colombianos más pobres”, dijo Valencia.
En tanto que el exministro Mauricio Lizcano en caso de que renunciara es claro que no apoyará al candidato del oficialismo, a pesar de que hizo parte de la administración Petro.
En ese escenario hipotético Lizcano tampoco apoyaría a De la Espriella, porque se ha manifestado en contra de los extremos. Eventualmente podría acercarse a López. En días pasados, Lizcano invitó en X “a personas que ya lo intentaron y no lo lograron, como Claudia López y Roy Barreras, los invito a que se unan a nuestra campaña”.
En tanto que Miguel Uribe Londoño, en caso de renunciar, es posible que llegue a la campaña de Abelardo de La Espriella.
Vale recordar que, en diciembre pasado, Uribe salió del Centro Democrático cuando era precandidato presidencial por versiones sobre supuestos acercamientos con la campaña de De la Espriella. El exsenador negó estos señalamientos.
Otros aspirantes
Roy Barreras en caso de que dé un paso al costado es muy posible que busque unirse a la campaña de Iván Cepeda, a pesar de la fractura por haber impulsado la realización de la consulta de la izquierda sin este candidato, debido a que fue deshabilitado por el Consejo Nacional Electoral.
A su turno, el general (r) Gustavo Matamoros si renunciara a su candidatura, hay quienes lo ven llegar a la campaña de Paloma Valencia.
En tanto que Luis Gilberto Murillo ratificó ayer que va a primera vuelta, sin embargo, si en unos días cambia de opinión, es posible que respalde al senador Cepeda, pues fue ministro del gobierno Petro.
También si Carlos Caicedo desiste de su aspiración es posible que se una a la campaña de Cepeda por su afinidad en la izquierda, a pesar de que hace meses se alejó del gobierno del presidente Petro.
Luis Alberto FigueroaComentarios desactivados en ¿Cómo el sistema judicial permite que “Papá Pitufo” siga en libertad mientras avanza su red criminal?
Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional
Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, sigue en libertad provisional en Portugal desde junio de 2025, pese a ser investigado en Colombia por liderar una red de contrabando estructurado que operaba en puertos estratégicos como Cartagena y Buenaventura. Aunque la Fiscalía General de la Nación avanza en su juicio en ausencia, la decisión del Tribunal Supremo de Portugal de concederle libertad mediante habeas corpus —y evaluar su asilo político— expone una falla crítica en los mecanismos de cooperación judicial internacional. Mientras tanto, en Colombia, la justicia avanza con lentitud, y la ausencia del acusado no impide su procesamiento, pero sí limita la efectividad de las pruebas y la rendición de cuentas.
El caso revela una brecha sistémica: cuando un presunto delincuente de alto impacto logra refugio en otro país, el sistema judicial colombiano se vuelve reactivo, no preventivo. Aunque el gobierno insiste en su extradición, el proceso se dilata por la burocracia internacional y la interpretación discrecional de derechos humanos en países como Portugal. Esto no solo beneficia a Marín Buitrago, sino que envía una señal de impunidad a otras redes criminales que ven en la movilidad internacional una vía de escape. La corrupción policial vinculada a su red —con exfuncionarios investigados por sobornos— agrava la percepción de que el Estado no puede contener a quienes operan desde la sombra.
Además, la falta de coordinación entre la Fiscalía, la Cancillería y las cortes extranjeras genera retrasos que afectan la credibilidad del sistema. Mientras en Colombia se practican pruebas y se reconstruyen rutas de contrabando, en Portugal se evalúa si Marín Buitrago merece asilo —una decisión que, en ausencia de pruebas claras de persecución política, parece desproporcionada. La política de “Paz Total”, aunque no está directamente vinculada a su caso, ha sido usada como argumento por sus abogados para buscar beneficios judiciales, lo que evidencia cómo ciertos sectores aprovechan las ambigüedades legales para negociar impunidad.
La situación exige una reforma urgente en la cooperación judicial internacional, con tratados más vinculantes y mecanismos de seguimiento en tiempo real. También requiere mayor transparencia en los procesos de extradición, para evitar que figuras como “Papá Pitufo” se conviertan en símbolos de la inoperancia del sistema. Mientras la justicia avanza en cámara lenta, la ciudadanía pierde confianza en que el Estado pueda protegerla de redes criminales que, lejos de ser perseguidas, parecen estar siendo gestionadas desde el exterior.
English versión
How the Judicial System Allows “Papá Pitufo” to Remain Free While His Criminal Network Expands
By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator and Journalist. Professional License 0222 issued by the Ministry of National Education
Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, remains under provisional release in Portugal since June 2025, despite being investigated in Colombia for leading a structured smuggling network operating through key ports like Cartagena and Buenaventura. Although Colombia’s Attorney General’s Office is advancing his trial in absentia, the Portuguese Supreme Court’s decision to grant him freedom via habeas corpus — while reviewing his political asylum request — exposes a critical flaw in international judicial cooperation. Meanwhile, Colombia’s justice system moves forward, but the accused’s absence limits the effectiveness of evidence and accountability.
The case reveals a systemic gap: when a high-impact suspect finds refuge abroad, Colombia’s justice system becomes reactive, not preventive. Although the government insists on extradition, the process drags due to international bureaucracy and the discretionary interpretation of human rights in countries like Portugal. This not only benefits Marín Buitrago but sends a message of impunity to other criminal networks that see international mobility as an escape route. The police corruption linked to his network — with former officials under investigation for bribery — further erodes public trust in institutions.
Moreover, the lack of coordination between Colombia’s Attorney General, the Ministry of Foreign Affairs, and foreign courts causes delays that undermine credibility. While Colombia gathers evidence and reconstructs smuggling routes, Portugal weighs whether Marín Buitrago deserves asylum — a decision that, absent clear proof of political persecution, appears disproportionate. The “Total Peace” policy, though not directly tied to his case, has been invoked by his lawyers to seek judicial benefits, revealing how certain sectors exploit legal ambiguities to negotiate impunity.
The situation demands urgent reform in international judicial cooperation, with more binding treaties and real-time monitoring mechanisms. It also requires greater transparency in extradition processes to prevent figures like “Papá Pitufo” from becoming symbols of systemic inefficiency. As justice moves at a snail’s pace, public confidence in the State’s ability to protect citizens from criminal networks — which seem to be managed from abroad — continues to erode.
