Risaralda en Alerta: Campesinos Perseguidos Mientras Constructoras Devastan el Campo.

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

En Risaralda, un creciente clamor ciudadano exige a las autoridades un cambio urgente en su enfoque ambiental: mientras los campesinos son objeto de sanciones por talar un árbol o guadua, las grandes constructoras operan con impunidad, arrasando zonas rurales y afectando fuentes hídricas vitales. Este contraste ha generado indignación en comunidades rurales y urbanas, que denuncian una doble moral en la aplicación de la ley. La situación se agrava con el aumento de animales silvestres en áreas urbanas, señal de que su hábitat natural está siendo destruido a un ritmo acelerado.

El problema no es nuevo, pero sí se ha intensificado en los últimos años. Las autoridades ambientales han centrado sus esfuerzos en pequeños agricultores, muchos de ellos sin acceso a asesoría técnica, mientras grandes proyectos inmobiliarios —respaldados por figuras políticas y empresarios con influencia— obtienen permisos de manera cuestionable. Estos permisos, según testimonios locales, se otorgan sin evaluaciones ambientales rigurosas, y en muchos casos, tras presiones económicas o incluso sobornos. La falta de transparencia en estos procesos alimenta la desconfianza ciudadana.

Además, el impacto ecológico es tangible. La deforestación masiva no solo reduce la cobertura vegetal, sino que altera los ciclos hídricos, afectando el suministro de agua a poblaciones enteras. La presencia de fauna silvestre en ciudades como Pereira o Dosquebradas no es casualidad: es una consecuencia directa de la destrucción del hábitat natural. Animales como pumas, jaguares y aves migratorias se ven forzados a buscar alimento y refugio en zonas urbanas, lo que genera conflictos y riesgos para la seguridad humana y animal.

La comunidad rural, históricamente marginada, ahora exige ser escuchada. No se trata de defender la tala indiscriminada, sino de exigir equidad en la aplicación de la ley. Los campesinos, que muchas veces gestionan sus tierras de forma sostenible, merecen apoyo técnico y no persecución. Mientras tanto, las grandes empresas deben rendir cuentas por los daños ambientales que causan, especialmente cuando operan en zonas protegidas o con permisos irregulares.

La solución no es simple, pero es urgente. Se requiere una revisión profunda de los procesos de licenciamiento ambiental, mayor transparencia en la asignación de permisos y una política pública que priorice la conservación sobre el lucro. Sin ello, Risaralda seguirá perdiendo su riqueza natural, y sus ciudades seguirán recibiendo a animales que huyen de un campo que ya no les pertenece.

English versión

Risaralda on Alert: Farmers Targeted While Developers Devastate the Countryside

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator Journalist. Professional License 0222 issued by the Ministry of National Education

In Risaralda, growing public outcry demands that authorities urgently shift their environmental focus: while farmers face penalties for cutting a single tree or guadua, large construction firms operate with impunity, clearing vast rural areas and damaging vital water sources. This disparity has sparked outrage among rural and urban communities, who denounce a double standard in law enforcement. The situation is worsening as wild animals increasingly appear in cities — a clear sign that their natural habitats are being destroyed at an accelerating pace.

The problem is not new, but it has intensified in recent years. Environmental authorities have focused their efforts on small-scale farmers — many without access to technical guidance — while major real estate projects, backed by political figures and influential businesspeople, obtain permits under questionable circumstances. These permits, according to local testimonies, are often granted without rigorous environmental assessments — sometimes following economic pressure or even bribes — fueling public distrust.

Moreover, the ecological impact is tangible. Mass deforestation not only reduces vegetation cover but also disrupts water cycles, affecting water supply for entire populations. The presence of wildlife in cities like Pereira or Dosquebradas is no coincidence — it is a direct consequence of natural habitat destruction. Animals such as pumas, jaguars, and migratory birds are forced to seek food and shelter in urban areas, creating conflicts and risks for both human and animal safety.

The rural community, historically marginalized, now demands to be heard. This is not about defending indiscriminate logging, but about demanding fairness in law enforcement. Farmers, who often manage their land sustainably, deserve technical support — not persecution. Meanwhile, large corporations must be held accountable for environmental damage, especially when operating in protected zones or with irregular permits.

The solution is not simple, but it is urgent. A thorough review of environmental licensing processes, greater transparency in permit allocation, and public policies that prioritize conservation over profit are needed. Without them, Risaralda will continue to lose its natural wealth — and its cities will keep receiving animals fleeing a countryside that no longer belongs to them.