Tal parece que en el Congreso, donde por naturaleza se dan contraposiciones políticas, hay consenso entre algunos sectores en un punto: que los legisladores intervengan en la distribución de los recursos de inversión regional del Presupuesto General de la Nación, con el fin de dar “mayor transparencia a la asignación del presupuesto”.

“Hoy en día los congresistas tienen que ir a reunirse a puerta cerrada con el Ministro de Hacienda para gestionar proyectos para sus regiones, eso es lo que llaman mermelada. Nosotros lo que queremos es que esa gestión se haga de manera pública, en el recinto del Congreso”, explicó el representante Germán Navas (Polo), autor de una reforma constitucional que tiene este propósito y que fue avalada este miércoles por la Comisión Primera de la Cámara.

La idea del proyecto de Navas es que, durante la discusión del presupuesto, las plenarias de Senado y Cámara puedan hacer traslados presupuestales según su consideración sin necesidad de aval del Gobierno, como ocurre actualmente.

El texto hace claridad en que las modificaciones solo podrán hacerse en los sectores relacionados con la inversión regional y siempre y cuando no se involucren recursos de otros rubros como el pago de la deuda externa. Tampoco se podrá exceder el monto total del presupuesto establecido por el Ejecutivo.

Algunos detractores, como el representante Gabriel Santos, del Centro Democrático, consideran que el Legislativo “no tiene la experticia para decidir estas partidas”, mientras que otros legisladores creen que esto es “básicamente la mermelada pero legal”, como lo expresó un representante que pidió reservar su nombre.

“Constitucionalmente lo congresistas tenemos la obligación de gestionar proyectos para nuestras regiones, este proyecto lo que hace es permitir cumplir con esa obligación”, manifestó César Lorduy, de Cambio Radical.

«El acto legislativo permite que el Congreso quede habilitado para tener iniciativa sobre el gasto en aquellas materias sobre las cuales existe flexibilidad presupuestal», indica la iniciativa.

Mucha más polémica generó la aprobación de una proposición del Centro Democrático, durante el trámite de la reforma política en la plenaria de Senado, que permite la intervención del Congreso en la destinación del 20 por ciento de la inversión regional en el Presupuesto Nacional, pues algunos interpretan que esto sería el resurgimiento de los auxilios parlamentarios. 

Los auxilios parlamentarios eran partidas que el Gobierno negociaba con los congresistas para planes que ellos querían desarrollar en sus regiones. Esta disposición fue eliminada posteriormente por prestarse para graves hechos de corrupción.

El presidente del Congreso, Ernesto Macías, afirmó que no se trata de revivir esa figura desprestigiada, “sino de la presencia del Congreso en las regiones y que las iniciativas del Legislativo queden en la ley del Presupuesto”.

“Aquí no se está proponiendo distribuir contratos sino proyectos para las regiones”, aseguró el presidente del Congreso.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez también salió en defensa de la norma, diciendo que no se trata de crear una nueva ‘mermelada’ o cupos indicativos, otra figura polémica usada por anteriores gobiernos para distribuir partidas regionales con el aval parlamentario.

“La proposición tiene la intención de todo lo contrario, que ninguna clase de inversión se negocie entre el ministro de turno y los congresistas sino que a la luz de las plenarias y de los debates abiertos se conozca cómo se va a invertir ese 20 por ciento, que sea una iniciativa del Congreso previo a aprobación de proyectos por parte de Planeación Nacional”, dijo la ministra.

Sin embargo, algunos sectores políticos salieron de inmediato a rechazar esta propuesta, al considerar que sí se están reviviendo los llamados auxilios parlamentarios. 

“Se acaban de revivir en el Senado los auxilios parlamentarios”, comentó la senadora de Unión Patriótica Aída Avella.

El debate sobre este asunto está abierto en el Legislativo, pero está claro que algunos congresistas están decididos a participar en la asignación del presupuesto.

COLPRENSA