



Es fácil escribir sobre lo que algunos quieren oír, no sobre lo que la ciudadanía debe saber. Intentaré bucear en el extraño mundo de los negocios que de cuando en vez los alcaldes se atreven a anunciar con riesgos que quizás no alcanzan a advertir.
Así, por ejemplo, se necesitan varias columnas que sostengan el análisis crítico de la Audiencia pública de rendición de cuentas que el alcalde de Pereira, Carlos Maya hizo en Expofuturo, pero enfoquémonos en la tremenda noticia según la cual el alcalde se propone comprar una flota de buses eléctricos.
Ello, sin consideración de que alguien me hizo ver, que en la puesta en escena hubo disputa entre despachos para saber quien rellenaba más el auditorio con funcionarios y contratistas aquel miércoles 2 de junio a las 8:30 a.m. La verdad sea dicha.
Los pereiranos aún no asimilan la noticia gorda del alcalde Maya al anunciar que el Municipio se embarcará en la compra de una flota de buses articulados eléctricos para el Megabús. Para lo cual, sin estudios previos de planeación, anunció a los concejales una solicitud de autorización de inversión por $100 mil millones de los cuales 40 mil millones para comprar la flota. Ahí queda la expectativa de posible demanda por prevaricato contra los concejales.
El pasado sábado 5 de noviembre un prestigioso empresario local del sector concesionario automotriz me preguntó si yo recordaba cuando Bogotá tuvo la famosa empresa distrital de buses urbanos cuyos escándalos de corrupción terminaron con enormes pérdidas de dineros públicos hasta sepultar la citada empresa.
Tal vez por su juventud el alcalde Maya no conozca ese deplorable episodio de corrupción que invita a revaluar su temeraria iniciativa. No queremos imaginarnos al próximo alcalde de Pereira comprando una flota de casi 200 buses y al Municipio de Pereira como accionista mayoritario de Megabús (54%) nombrando una enorme burocracia de choferes, mecánicos y toda la gigantesca boca que se abriría para saciar con los impuestos de los pereiranos, los apetitos politiqueros de puestos y contratos de mantenimiento, repuestos y asesorías de cualquier cosa. Sería desastre total.
Otra cosa diferente sería un negocio mixto donde la alcaldía previa concertación con los privados, cada uno ponga la mitad del costo de los buses ($20 mil millones) y con la otra mitad de la alcaldía se negocie vía compensación, el subsidio para el menor costo de la tarifa al usuario.
Un funcionario de la alcaldía que pidió no ser nombrado y no está de acuerdo con el negocio de los buses, me recordó que en la junta directiva del Megabús los alcaldes del área metropolitana se han negado a capitalizar esa empresa gestora para sacarla del trancón financiero y asegurar la viabilidad técnica de la tarifa del servicio al público. Los alcaldes siempre ponen sobre la mesa la exigencia de “los puestos que les corresponde como accionistas de Megabús”.
Ya Megabús es operador directo del Megacable, por lo que, siendo su obligación el control de la operación, ejerce el papel de juez y parte. Ya es conocido el desface financiero que crece como espuma porque los costos de operación superan con creces los ingresos y el subsidio con costo a las arcas del Municipio le pega a la caja, lo que no se ha conciliado durante 15 años con los operadores privados, como debería ser.
Los gobernantes amantes de los negocios con los dineros públicos deberían saber que su misión es la de fomentar y promover el desarrollo de la empresa privada y que la inversión pública debe estar enfocada en la formación del capital social. Pereira lo requiere hoy, y con mayor razón, en estos complicados tiempos de inflación, deserción escolar, miseria monetaria y alimentaria, desnutrición infantil galopante, enorme déficit de vivienda popular, vías destrozadas, creciente informalidad laboral, inmovilidad vial y otros tantos problemas sociales vigentes y sin solución a la vista.
Qué pena recordarlo, pero para esas prioridades son los impuestos que pagan los pereiranos, como el propio alcalde Maya lo recuerda cuando le critican que hace grandes vías para los ricos mientras los barrios pobres levantan las manos y hacen plantones (como en Altagracia), para que los atiendan.
Y como lo he dicho en mi programa Enfoques UnoA, no es claro que, si durante más de 70 años 120 familias pereiranas se han dedicado a la prestación del servicio público de transporte, después de 15 años de apostarle a la construcción del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, ahora los quieran sacar del negocio sin previa concertación y después de que los municipios gestores año a año, fueron marchitando la estructura tarifaria hasta fletar a Megabús de deudas y demandas. Y las que vienen.
Cuando entre las partes (Megabús y operadores) surgen desavenencias, conflictos jurídicos o diferencias propias del rol de los negocios o los contratos, para eso están las vías de la conciliación y los acuerdos donde debe primar el interés público y los propósitos superiores de la ciudad, en este caso, Pereira, Dosquebradas y La Virginia.
En el mundo entero el transporte masivo es subsidiado por el Estado. Solo en las dictaduras el aparato logístico del transporte urbano lo manejan los gobernantes y ni así se escapan a los escándalos de corrupción.
El transporte es un complejo negocio en el que el Estado cumple un excelente y suficiente papel de regulación y control con el fin de asegurarles a los ciudadanos el mejor transporte público posible.


