La Fiscalía General de Colombia reveló este miércoles la desarticulación de una red de infiltrados que logró penetrar el tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro entre 2014 y 2025. El operativo se llevó a cabo en Bogotá y Cundinamarca, tras descubrir que dos militares y una mujer civil accedieron ilegalmente a información clasificada sobre operaciones contra el crimen organizado, poniendo en riesgo la seguridad nacional.
La investigación determinó que los implicados facilitaron el ingreso de la mujer a reuniones interinstitucionales donde se discutían estrategias contra estructuras criminales como el Tren de Aragua. Esta persona, haciéndose pasar por oficial de la Policía, obtuvo acceso a documentos confidenciales, imágenes aéreas y planes de inteligencia, lo que permitió que material sensible cayera en manos no autorizadas.
Uno de los militares, con rango de mayor, habría autorizado el ingreso de la civil a instalaciones militares y operaciones tácticas, mientras que el otro, un sargento segundo, permitió su interacción directa con tropas y compartió detalles sobre logística y movimientos estratégicos. Ambos fueron judicializados por delitos relacionados con concierto para delinquir, simulación de investidura, revelación de secretos y fraude procesal.
El caso ha encendido alarmas sobre la vulnerabilidad de los esquemas de protección presidencial y la posible existencia de vínculos entre los infiltrados y organizaciones criminales rivales. Las autoridades buscan establecer si la filtración de información tenía como objetivo debilitar al Tren de Aragua en medio de disputas entre bandas en la región central del país.
Aunque el Ministerio de Defensa aseguró que la seguridad del presidente no estuvo comprometida, el incidente evidencia fallas graves en los protocolos de verificación de identidad y control de acceso a información estratégica. El proceso judicial continúa mientras se investiga el alcance de los daños y las conexiones de los implicados.
🟦 Versión en inglés:
Infiltration network breached presidential security ring
Colombia’s Attorney General’s Office announced Wednesday the dismantling of an infiltration network that accessed President Gustavo Petro’s third security ring between 2014 and 2025. The operation, carried out in Bogotá and Cundinamarca, uncovered that two military officers and a civilian woman illegally obtained classified intelligence on criminal operations, posing a threat to national security.
Investigators found that the suspects enabled the woman’s entry into interagency meetings where strategies against criminal groups like Tren de Aragua were discussed. Posing as a police officer, she gained access to confidential documents, aerial images, and intelligence plans, allowing sensitive material to fall into unauthorized hands.
One officer, a major, allegedly authorized her participation in tactical operations and military facilities, while the second, a sergeant, facilitated her interaction with troops and shared details about logistics and strategic movements. Both were charged with conspiracy, impersonation of public authority, disclosure of secrets, and procedural fraud.
The case has raised concerns about the vulnerability of presidential security protocols and the potential links between the infiltrators and rival criminal organizations. Authorities are investigating whether the leaked information aimed to undermine Tren de Aragua amid ongoing turf wars in central Colombia.
Although the Ministry of Defense stated that the president’s safety was never compromised, the incident highlights serious flaws in identity verification and access control procedures. The judicial process is ongoing as officials assess the extent of the breach and the suspects’ affiliations.



