TODAVÍA NADIE ASUME RESPONSABILIDAD DE POR QUÉ LA EMBAJADA EN NICARAGUA PIDIÓ RENOVARLE LA RESIDENCIA

Corrupción en Ungrd: ¿González se fugó con complicidad gubernamental?

El presidente sostuvo que “no protejo amigotes que se roban la plata”; la Cancillería dijo que no fue consultada por la delegación diplomática sobre la solicitud a las autoridades de ese país para que el exfuncionario pudiera seguir allí, a pesar de que al mismo tiempo en Colombia lo imputaban por este escándalo

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CADA VEZ más parece enredarse el Gobierno en la madeja por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), pues no ha podido explicar por qué la Embajada en Nicaragua pidió a ese país el 21 de mayo pasado renovarle la residencia a Carlos González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, justo el día en que, en Bogotá, la Fiscalía lo imputaba por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos.

González es una pieza clave en esta investigación porque según Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exdirector de Gestión del Riesgo en la misma, fue uno de los entonces funcionarios del Gobierno, entre ellos ministros, que a finales del 2023 les dieron instrucciones para que aprovechando la contratación directa que hace esta entidad para responder con ayudas por desastres naturales en el país, entregaran contratos y dinero en efectivo a varios congresistas para que aprobaran las reformas sociales: pensional, laboral y salud.

Cerca de una veintena de exfuncionarios gubernamentales son investigados por estos hechos, entre ellos algunos que ocuparon altas posiciones. El exministro Ricardo Bonilla está pendiente de que la Fiscalía solicite audiencia para imputarlo por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

También está por iniciar el juicio a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, quien fue acusada por lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público y está privada de la libertad. Igualmente, la Fiscalía acusará en las próximas semanas al exdirector de Función Pública, César Manrique. A principios de este mes, lo imputó por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

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Un juez en días pasados dictó medida de aseguramiento contra Manrique, sin embargo, no se ha presentado ante las autoridades y nadie sabe dónde se encuentra. Así mismo, tiene abierta investigación el exministro del Interior Luis Velasco, de quien la Fiscalía queda pendiente por resolver su situación jurídica, ya sea archivando el caso o imputándolo.

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Fallo fiscal por $2.517 millones contra exfuncionarios de la Ungrd

Nadie asume responsabilidad

La Fiscalía solicitó el pasado 6 de junio ante el Tribunal Superior de Bogotá medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para Carlos González. El exfuncionario estuvo presente de forma virtual en esta audiencia desde Nicaragua, a donde viajó poco después de que Olmedo López y Pinilla lo salpicaron en este escándalo.

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“Actuó con dolo directo, en la medida que conocía los hechos constitutivos de la conducta punible. Usted (Carlos Ramón) sabía que ofrecía a Name (entonces presidente de Senado) y Calle (entonces presidente de Cámara) contratos y luego dinero en efectivo, y a cambio de estos apoyarían los intereses del Gobierno”, dijo la fiscal en esta audiencia.

El Tribunal Superior de Bogotá impuso el pasado 3 de julio medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión a Carlos González. No obstante, el exfuncionario no se ha presentado ante las autoridades, y a la espera que dé la cara se vino a saber por informaciones de prensa que la embajada en Managua le ayudó para que le renovaran la residencia en Nicaragua.

“Solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, toda vez que la misma está por vencer el 14 de junio de 2025”, reza el documento que dirigió la Embajada de Colombia en Nicaragua.

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Frente a este bochornoso episodio, la Cancillería indicó ayer que “no fue consultada ni autorizada por este ministerio”. Agregó que la solicitud fue elaborada por un encargado de negocios en la embajada.

Por su parte, León Muñoz, embajador para la época, explicó en un comunicado que en funciones de su cargo ayudó en un primer momento para el ingreso de González a Nicaragua, pues dijo, se lo negaron porque fue director nacional de Inteligencia en Colombia.

“Facilite el ingreso al país en el momento en que no existía ni imputación, condena, órdenes de captura, órdenes judiciales, restricciones legales y mucho menos la circular roja de Interpol que hoy solicita la Fiscalía”, señala Muñoz en el comunicado, quien a propósito es hasta el momento el último embajador en Nicaragua porque el presidente Petro anoche informó que no han dado beneplácito para la llegada de otro.

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Añadió que el 3 de febrero de este año, “fue aceptada mi renuncia a la embajada para asumir la curul en el Senado de la República. Al momento de mi salida, no existía ni se encontraba en curso ninguna gestión relacionada con Carlos Ramón González”.

Por su parte, Laura Sarabia, quien era canciller cuando se hizo llegar la carta a las autoridades nicaragüenses solicitando renovar la residencia a González, explicó que “lo sucedido en la Embajada en Nicaragua es lamentable y reprochable. Confío en que la investigación revele toda la verdad”.

Mientras que el excanciller Luis Murillo dijo a El Colombiano que “la gestión que al parecer se hizo en mayo es un hecho irregular que no se puede repetir y debe ser investigado”. Agregó que “como decimos en Colombia, no tengo velas en ese entierro”.

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En tanto que el jefe de Estado dijo en X que “el senador Freddy Muñoz, a quien nombré en la Embajada de Nicaragua, después de una gran persecución contra él por parte de las mafias de Bello, ha dicho que no tramitó ninguna residencia para Carlos Ramón, tampoco el Gobierno nacional”.

Añadió Petro que “la justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”.

El mandatario también se refirió al tema en el Consejo de Ministros el pasado viernes. “La prensa quiere hacernos ver, es como si estuviéramos protegiendo a un amigote que se robó una plata. Yo no protejo amigotes que se roban la plata, siempre he pedido que vayan a la cárcel. Y le pido a mis amigos que ni se les ocurra, porque no van a tener amigo para defenderse”.

Procuraduría investiga los hechos

La Procuraduría General inició indagación previa en contra de funcionarios por determinar del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes, presuntamente, “habrían colaborado para que Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, obtuviera residencia en Nicaragua”, dijo.

La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público inició acciones a raíz de quejas y denuncias de medios de comunicación que alertaron del hecho y de la posible estadía del exfuncionario y sobre quien pesa circular roja de Interpol.

El ente de control trata de establecer trámites adelantados para que González obtuviera cédula de residencia, residencia y permiso de ingreso por parte del gobierno de Nicaragua; así como por el uso del vehículo y la casa oficial de la Embajada de Colombia en Nicaragua.

Con el fin de esclarecer los hechos investigados y lograr la identificación e individualización de los posibles responsables y la determinación de hechos disciplinariamente relevantes, la Sala Disciplinaria ordenó decretar pruebas como la inspección disciplinaria a Migración Colombia y trámites o procedimientos surtidos desde la Cancillería o la Embajada de Colombia en Nicaragua para el otorgamiento por parte del gobierno de Nicaragua de la cédula de residencia al exdirector del Dapre.

Por otro lado, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, solicitó a la Fiscalía iniciar los trámites de extradición de Carlos González, desde Nicaragua.

El pedido de extradición se fundamenta en el tratado vigente entre Colombia y Nicaragua, suscrito en Managua el 25 de marzo de 1929.

“El Gobierno colombiano ha expresado su interés en que se cumplan las decisiones judiciales, especialmente en casos relacionados con corrupción, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia”, indicó el Ministerio de Justicia.