



Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional
Un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) encendió las alarmas sobre el estado crítico del sistema judicial colombiano en materia penal. El documento, que analiza el comportamiento del aparato judicial frente a las denuncias ciudadanas durante el año 2025, revela que de 1.797.731 denuncias por hechos penales recibidas por la Fiscalía General de la Nación en todo el país, el 96% permanece estancado en etapas de indagación, sin avanzar hacia una resolución efectiva. Solo el 2,5% de los casos llegó a juicio, una cifra que desnuda la magnitud de la impunidad en Colombia.
El panorama se agrava cuando se analiza la situación de las personas capturadas en flagrancia por la Policía Nacional. Según el mismo informe, al 94% de los detenidos en flagrancia no se les impuso medida de aseguramiento, lo que significa que fueron dejados en libertad sin mayores consecuencias jurídicas. Este dato resulta especialmente preocupante en un contexto de creciente inseguridad urbana, donde los ciudadanos perciben que denunciar no produce resultados y que quienes cometen delitos difícilmente enfrentan consecuencias reales.
Estas cifras no son un fenómeno aislado ni reciente. Diversos estudios sobre el sistema penal acusatorio colombiano han advertido durante años sobre los cuellos de botella estructurales que impiden que las denuncias avancen: la congestión en los despachos judiciales, la falta de capacidad investigativa de la Fiscalía, la escasez de jueces de control de garantías y las limitaciones del Código de Procedimiento Penal vigente. El informe de la CEJ viene a confirmar, con datos actualizados, lo que muchos juristas y analistas han señalado como una crisis sistémica de larga data.
Frente a este escenario, resulta urgente que el Ministerio de Justicia tome la iniciativa y convoque una mesa técnica especializada que evalúe con rigor los problemas estructurales del sistema. Dicha instancia debería estar integrada por expertos en derecho penal, representantes de la rama judicial, académicos y organizaciones de la sociedad civil, con el mandato claro de proponer reformas concretas al Código de Procedimiento Penal que reduzcan la impunidad, fortalezcan la respuesta judicial y contribuyan a mejorar la seguridad ciudadana en las ciudades colombianas.
Los números de la Corporación Excelencia en la Justicia son, en sí mismos, un argumento irrefutable para que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional abran un debate serio y urgente sobre una reforma estructural a la justicia penal. No se trata de ajustes cosméticos ni de declaraciones de buenas intenciones: se trata de devolverle a los colombianos la confianza en que denunciar vale la pena, que los delitos tienen consecuencias y que el Estado es capaz de garantizar justicia y convivencia. El momento de actuar es ahora.
English version
Alarming Figures Expose Deep Crisis in Colombia’s Criminal Justice System: 96% of Reports Never Reach Trial
A report by the Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) — Colombia’s leading judicial excellence organization — has raised serious concerns about the state of the country’s criminal justice system. The document, which examines how the judicial apparatus handled citizen complaints throughout 2025, reveals that out of 1,797,731 criminal reports filed with the Attorney General’s Office across the country, a staggering 96% remained stuck at the preliminary investigation stage, never progressing toward resolution. Only 2.5% of cases reached trial, a figure that lays bare the scale of impunity in Colombia.
The situation becomes even more alarming when examining individuals caught in the act of committing a crime by the National Police. According to the same report, 94% of those arrested in flagrante delicto were released without any precautionary measure being imposed. This is particularly troubling amid growing concerns over urban insecurity, as citizens increasingly feel that filing a complaint is pointless and that offenders face little to no real consequences.
These figures are neither isolated nor new. For years, various studies on Colombia’s accusatory criminal system have warned of structural bottlenecks preventing cases from moving forward: overwhelmed courts, limited investigative capacity within the Attorney General’s Office, a shortage of judicial oversight judges, and the constraints of the current Code of Criminal Procedure. The CEJ report now confirms, with up-to-date data, what legal experts and analysts have long described as a deep systemic crisis.
In response to this reality, it is urgent that the Ministry of Justice take the lead and convene a specialized technical working group to rigorously assess the structural failures of the system. This body should include criminal law experts, representatives from the judiciary, academics, and civil society organizations, with a clear mandate to propose concrete reforms to the Code of Criminal Procedure — reforms aimed at reducing impunity, strengthening judicial response, and improving public safety in Colombian cities.
The numbers published by the Corporación Excelencia en la Justicia constitute, on their own, an undeniable argument for Congress and the national government to open a serious and urgent debate on a comprehensive criminal justice reform. This is not about cosmetic adjustments or well-meaning declarations — it is about restoring Colombian citizens’ trust that reporting a crime matters, that offenses carry consequences, and that the State is capable of delivering justice and ensuring peaceful coexistence. The time to act is now.









