Pulso por ley de Amnistía en Venezuela.-

Lunes, 12 de Febrero de 2026.-

El proceso de liberación de los presos políticos en Venezuela quedó, una vez más, bajo la lupa. Esto por la controversia generada alrededor de la recaptura del líder opositor Juan Pablo Guanipa, apenas unas horas después de su excarcelación en Caracas.

Mientras que la premio nobel de la paz, María Corina Machado, y otros dirigentes opositores denunciaron que se trataba de un secuestro o, como mínimo, de una detención arbitraria que evidenciaba que el régimen chavista continúa con su proceder ilegal y violatorio de los derechos humanos. Desde el gobierno de transición, que comanda la presidenta interina chavista Delcy Gutiérrez, se replicó que Guanipa violó las condiciones de su puesta en libertad y, por lo mismo, fue detenido de nuevo y sería enviado a prisión domiciliaria.

Todo este contrapunteo se produce en momentos en que los partidos de oposición siguen denunciando que las liberaciones de los presos políticos se están dando a ‘cuentagotas’, al parecer como mecanismo de presión de sectores del oficialismo chavista para que se apruebe de forma más rápida una ley de amnistía general que, salvo determinados delitos de lesa humanidad y atroces, beneficiaría por igual a todos los reclusos procesados como víctimas o victimarios de represión política desde 1999.

Ayer, precisamente, la Asamblea Nacional estaba citada para aprobar la mencionada ley, pero la sesión se suspendió sorpresivamente.

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Esa amnistía general ya generó reservas en muchos sectores internos y externos. Se conoció la opinión de la “Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela”, una instancia creada por la ONU para investigar los delitos graves cometidos por la dictadura del capturado por las fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero, Nicolás Maduro, que está siendo juzgado en Nueva York.

Voceros de dicha misión acogieron  con «cautela» la aprobación inicial del proyecto de “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática” por parte de la Asamblea Nacional, señalando que debía cumplir varios requisitos. En primer lugar, aunque se destacó que la norma es «una oportunidad para brindar justicia» a los detenidos por motivos políticos, se advirtió que «su legitimidad e impacto dependen de un proceso transparente e inclusivo, que esté plenamente fundamentado en el derecho internacional de los derechos humanos».

También se exigió un debate más abierto al alcance de la futura ley, que fue propuesta por Ramírez, previo visto bueno del gobierno Trump. Por ejemplo, se urge que las víctimas tengan una participación más directa y decisiva en la redacción del articulado. Por lo mismo, se solicitó que la ley incluya mecanismos claros de implementación y supervisión independiente.

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Lo cierto es que la expectativa alrededor de la aprobación de esta norma es cada día mayor. Voceros del gobierno chavista indicaron, incluso, que una vez entre en vigencia, “ese mismo día salen todos» los presos beneficiados.

A lo anterior se suma la duda sobre qué pasará en Venezuela ahora que Machado, que se reunió con el presidente Trump semanas atrás para hablar de la transición democrática, anunció su regreso al país.