Peajes: Alcalde de Manizales rechaza demandas ciudadanas de transparencia.-

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

---

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, calificó como «populismo» las exigencias ciudadanas de desmontar peajes y ajustar tarifas en la autopista del Café. La declaración, realizada en tono de advertencia, busca deslegitimar el control social que ha caracterizado la movilización de habitantes de la región, quienes demandan transparencia y rendición de cuentas a la concesión responsable de la administración de la vía, sus obras de mantenimiento y el recaudo de recursos.

Apelando a su experiencia como exministro de Transporte, el mandatario intentó minimizar las demandas ciudadanas sobre la deuda histórica de la concesión. Sin embargo, esta posición contrasta con una realidad documentada: desde hace varios años, la ciudadanía ha venido denunciando sistemáticamente el abuso en el cobro de peajes en la región cafetera, generando un descontento que trasciende consideraciones electorales.

La controversia adquiere mayor relevancia cuando se considera el marco legal vigente. La Ley 105 de 1993 establece claramente que el 50% del recaudo de peajes debe invertirse directamente en la vía, mientras que el otro 50% debe destinarse a proyectos en la región de influencia. Ciudadanos y organizaciones locales exigen el cumplimiento estricto de esta norma, argumentando que los recursos han sido desviados o no se han invertido conforme a lo establecido.

La desinformación ha jugado un papel central en esta disputa. Desde la misma concesión se ha difundido la afirmación de que los recursos de peajes en manos del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) se van de la región, lo que ha generado confusión entre los usuarios. Esta narrativa, cuestionada por organizaciones de control social, refuerza la necesidad de auditorías independientes y reportes públicos sobre el destino de los fondos recaudados.

El conflicto refleja una tensión más profunda entre la administración municipal y las comunidades que demandan gobernanza transparente. Aunque el tema de los peajes cobra relevancia en contextos electorales, lo cierto es que las preocupaciones ciudadanas sobre la legalidad y el uso adecuado de recursos públicos constituyen un derecho legítimo de participación y vigilancia democrática.

---

English Version

Tolls: Manizales Mayor Rejects Citizens’ Demands for Transparency

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator and Journalist. Professional Card 0222 issued by the National Ministry of Education

---

The mayor of Manizales, Jorge Eduardo Rojas, labeled citizens’ demands to eliminate tolls and adjust tariffs on the Coffee Highway as «populism.» The statement, made in a warning tone, seeks to delegitimize the social oversight that has characterized the mobilization of residents in the region, who demand transparency and accountability from the concession responsible for managing the highway, its maintenance works, and toll collection.

Drawing on his experience as former Minister of Transportation, the municipal leader attempted to minimize citizens’ demands regarding the historical debt of the concession. However, this position contrasts with a documented reality: for several years, citizens have been systematically denouncing the abuse of toll charges in the coffee region, generating discontent that transcends electoral considerations.

The controversy becomes more relevant when considering the current legal framework. The Law 105 of 1993 clearly establishes that 50% of toll revenues must be invested directly in the highway, while the other 50% must be allocated to projects in the region of influence. Citizens and local organizations demand strict compliance with this rule, arguing that resources have been diverted or not invested as established.

Misinformation has played a central role in this dispute. The concession itself has spread the claim that toll resources managed by the National Highway Institute (INVIAS) leave the region, creating confusion among users. This narrative, questioned by social oversight organizations, reinforces the need for independent audits and public reports on the destination of collected funds.

The conflict reflects a deeper tension between municipal administration and communities demanding transparent governance. Although the toll issue gains relevance in electoral contexts, the truth is that citizens’ concerns about the legality and proper use of public resources constitute a legitimate right to democratic participation and oversight.