Luces y sombras de la nueva ley de pensiones

La ley cambia radicalmente el sistema, beneficia a adultos mayores con un bono pensional, pero abre un boquete con un régimen especial para cerca del 40% de la población

El presidente Gustavo francisco Petro Urrego, en un acto en una Plaza de Bolívar que al mediodía estaba relativamente vacía, sancionó ayer la reforma pensional, el proyecto que él considera la “conquista social más importante de los trabajadores”.

Aunque estaba convocado para comenzar a las 10 de la mañana, el evento empezó tres horas después esperando una mayor asistencia. Llama la atención que la pensional, la primera de las cuatro reformas sociales aprobadas por el Congreso haya convocado tan poca gente. Pero también, llama la atención la forma como Petro habla sobre un mismo tema: en una intervención televisada el lunes en la que apareció con un adulto mayor, se mostró amable; pero, en la plaza pública el martes, volvió a ser el Petro en campaña, que enciende los ánimos, estigmatiza y polariza.

Lo cierto es que la nueva ley, que entra en vigor el primero de julio del 2025, es un vuelco en el sistema de pensiones en Colombia, que tiene tres décadas de estar funcionando, porque acaba la competencia entre Colpensiones y los fondos privados y al crear un esquema de pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario, en el que quedarán los colombianos, dependiendo de sus ingresos y condiciones socioeconómicas.

Es un cambio radical que trae luces y sombras, que deja grandes interrogantes y mayores problemas fiscales.

El mayor cambio es que los trabajadores no podrán escoger si cotizan a una administradora pública o privada, porque ahora no habrá elección: todos quedaremos en el Estado, en Colpensiones, que hoy tiene 6,8 millones de afiliados, de los cuales cotizan alrededor de 2 millones.

Con la reforma, Colpensiones recibirá una avalancha de nuevos afiliados procedentes de fondos privados -alrededor de 18 millones de los cuales cotizan solo la mitad-. Es decir, Colpensiones quedaría con 24,8 millones de afiliados, de los cuales cotizarán menos de la mitad, unos 11 millones.

Los trabajadores que ganen más de 2,3 salarios mínimos mensuales (más de 3 millones de pesos) estarán en un sistema mixto porque el monto que exceda de este tope podrá ser cotizado en los fondos.

Esto implicará un enorme esfuerzo administrativo por parte de Colpensiones. Lo cual es una de las grandes preocupaciones. Pues hay quienes recuerdan que la ley 100 de 1993 se hizo en parte porque el sistema estatal de pensiones estaba quebrado y no había plata para pagar las mesadas.

Con este esquema de pilares, lo bueno es que se reducirán en gran parte los millonarios subsidios que hoy reconoce Colpensiones y que beneficiaban especialmente a los de mayores ingresos.

Para las personas que queden en el régimen de transición, los hombres a partir de 900 semanas cotizadas y las mujeres de 750 semanas, seguirá aplicando el régimen actual. Sin embargo, se abre una ventana para que a quienes les falte menos de 10 años para pensionarse y se quieran cambiar de régimen puedan hacerlo, sin tener que demandar y pagar abogados.

El pilar solidario, que es más un subsidio, incluye un bono pensional de 223.000 pesos a cerca de tres millones de adultos mayores de 65 años en condición de pobreza y vulnerabilidad. Es decir, se amplía el Programa Adulto Mayor que funciona desde hace cerca de 20 años y se le otorgan mayores recursos: aumentará de 80.000 pesos mensuales por persona a 223.000.

Sin embargo, también hay grandes dudas sobre el impacto fiscal de la nueva ley. El Ministerio de Hacienda proyectó que al año 2070 el costo de la reforma será del 71,82% del PIB, 1.077 billones de pesos, cerca de 80 billones de pesos más si no se hubiera tramitado. La razón es que se deben girar más recursos a los regímenes solidario y semicontributivo. En ese año se agotarían totalmente los recursos del fondo de ahorro para pagar las pensiones.

Pero lo que no calculó el Minhacienda, son los millonarios costos del mico, o mejor orangután que se incluyó a última hora en el Senado. El senador indígena Richard Fuelantala, sin ningún estimativo de costos ni de impacto, propuso un trato diferencial para los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales palenqueras y campesinos. El número de semanas cotizadas y edad para obtener la pensión para este grupo, que representa el 40% de la población, sería menor al del resto de los colombianos. Fue una especie de chantaje, al que el gobierno sucumbió para lograr que la reforma pasara en el Senado.

Esto es una verdadera bomba fiscal, que tendríamos que pagar todos con nuestros impuestos. Es tal el impacto de esta propuesta que el propio gobierno reconoció que se necesita tramitar otro proyecto de ley en el Congreso.

Todo indica que el gobierno de Gustavo Petro ha patentado otro tipo de ‘jugadita’ para aprobar leyes en el Congreso y opera de la siguiente manera: le aprobamos al senador Fuelantala su artículo para que nos dé ese voto definitivo, logramos aprobar la ley, pero luego le tumbamos al senador Fuelantala ese artículo con otra ley porque desde siempre se sabía que era inviable. Deja sin duda un mal sabor ese atajo.

Además resulta inaudito, por decir lo menos, que teniendo los regímenes especiales para las fuerzas armadas o los maestros, se sigan creando excepciones, cuando lo que se requiere es aumentar la edad de pensión, que es una de las más bajas de América Latina, y las semanas cotizadas. Todos quisiéramos tener más beneficios pensionales, el problema es que no hay plata para pagarlos.

A ellos se suma que no hay claridad sobre si las pensiones de más de 3,6 millones de pesos pagarán o no impuestos. Pero el interrogante mayor es si la reforma pasará el examen de la Corte Constitucional porque por el afán de sacarla adelante la plenaria de la Cámara aprobó a pupitrazo el proyecto tal como salió del Senado, sin ningún cambio. Esperemos a ver si resiste el análisis de la Corte Constitucional.