Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación.
Agencia EFE
Pizano aseguró en una entrevista grabada en agosto pasado que Martínez Neira tenía conocimiento de los sobornos que la brasileña estaba entregando para quedarse con las obras de la Ruta del Sol II.
En su declaración, el testigo dijo que le informó al entonces abogado del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez, y a Luis Carlos Sarmiento Ángulo de las coimas. “A raíz de eso se hace una reunión con el vicepresidente contralor del Grupo Aval donde se presentan las evidencias claras y concretas de los contratos que no habían cumplido los procedimientos de contratación charlados y, posteriormente, ellos realizan reuniones con Odebrecht, en las que no participo yo, para que les aclare estas situaciones y eso concluye con una modificación de los estatutos de la concesionaria como el consorcio constructor”.
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Añadió que aunque Néstor Humberto Martínez no hizo parte de esos encuentros, sí tenía conocimiento de lo que allí se habló. “Yo se lo informo personalmente”, aseguró Pizano y agregó que hizo lo propio con altos ejecutivos de la concesionaria que fueron designados por Corficolombiana. “Todas las reuniones están perfectamente documentadas, incluso en audios”.
Es de recordar que Pizano falleció de un infarto mientras se encontraba en su finca de Subachoque, Cundinamarca, y su nombre era clave en la investigación que en Colombia se adelanta contra la sociedad brasileña toda vez que era el testigo estrella en este expediente. Por ello, frente a la declaración que le entregó a Noticias Uno dejó pactado que fuera publicada en dos circunstancias: si salía del país o si moría.
“Yo no hago especulaciones. Mis declaraciones siempre las hago porque tengo prueba de cada una de mis actuaciones, que las hice de acuerdo a lo ordenado por la ley”, enfatizó.
En cuanto al comunicado divulgado por Martínez Neira en la mañana de este martes, este lo hace en condición de ciudadano, más no como fiscal general, toda vez que las actuaciones denunciadas datan de la época en la que fungía como apoderado del grupo económico.
En el tercer punto, el hoy fiscal manifiesta que tras conocer las pesquisas que Pizano preparó “de manera inmediata el doctor Sarmiento Angulo recibió de mis manos toda la investigación (…) con base en la cual los consorciados llegaron a un acuerdo por virtud del cual Odebrecht se obligó a reintegrar al Consorcio Ruta del Sol la suma de $33.000 millones de los contratos cuestionados”.
Posteriormente, Martínez señala que le fue “confiada la redacción del contrato de transacción, previa advertencia de que la empresa brasilera no reconocía que dichos pagos fueran ilícitos, al extremo que –se me dijo– habían presentado un informe de una firma de auditoría internacional en ese sentido, pero que para mantener el acuerdo de asociación se había llegado a dicho reintegro”.
Este es el comunicado entregado por Néstor Humberto Martínez:
En relación con la conversación que sostuve en mi oficina particular el segundo semestre del año 2015 con el doctor Jorge Enrique Pizano, que se ha hecho pública en el día de hoy, me permito INFORMAR:
1. Como se desprende de la noticia publicada en Noticias UNO, por virtud de una vieja relación de amistad, el doctor Pizano acudió al suscrito con el fin de hacerle llegar al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo el resultado de unas investigaciones sobre contratos del Consorcio Ruta del Sol, dado que –según me dijo- en la administración “no le paraban bolas” al respecto.
2. Con el fin de cumplir el encargo cabalmente, le pregunté al doctor Pizano si podía asumirse que se trataba de “coimas”, a lo cual me contestó “Hombre…pues no tengo certeza”; de hecho, una de las hipótesis que contemplaba Jorge Enrique Pizano era que se trataba de pagos a “paramilitares”. La duda que le asistía explica la razón por la cual no presentó denuncia alguna ante las autoridades.
3. De manera inmediata el doctor Sarmiento Angulo recibió de mis manos toda la investigación que preparó Pizano, con base en la cual los consorciados llegaron a un acuerdo por virtud del cual Odebrecht se obligó a reintegrar al Consorcio Ruta del Sol la suma de $33.000 millones de los contratos cuestionados. Para ese fin, me fue confiada la redacción del contrato de transacción, previa advertencia de que la empresa brasilera no reconocía que dichos pagos fueran ilícitos, al extremo que –se me dijo- habían presentado un informe de una firma de auditoría internacional en ese sentido, pero que para mantener el acuerdo de asociación se había llegado a dicho reintegro.
4. Sólo con la investigación de la Fiscalía en el año 2017 se pudo establecer con certeza que los “hallazgos” de Pizano estaban relacionados con “coimas”, al punto que fue la Fiscalía la que dio a conocer que el monto de las mismas pasó de lejos de los $33.000 millones, suma a la que habían aludido inicialmente las autoridades extranjeras, y por ello se obtuvieron órdenes de captura contra todos los partícipes, incluidos los representantes legales del Consorcio y la Constructora Ruta del Sol.
5. El suscrito no ha actuado como fiscal en la investigación de Odebrecht. Por el contrario, me declaré impedido en la oportunidad debida y así lo aceptó la Corte Suprema de Justicia.
6. El doctor Jorge Enrique Pizano nunca fue investigado por la Fiscalía en relación con este asunto. Desde el 2014, antes de mi ingreso a la Fiscalía, se le vinculó a una investigación en relación con el contrato Tunjuelo-Canoas suscrito por la Empresa de Acueducto de Bogotá, de la cual había sido su gerente. Mi relación personal con el doctor Pizano, no podía interferir en la indagación que ya adelantaba la unidad encargada de las irregularidades del “Carrusel de la Contratación de Bogotá”.
Bogotá, 12 de noviembre de 2018.
lidad, todos contra el narcotráfico, la Policía Nacional de todos los colombianos a través de la Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo (UNIPOL) en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mediante el desarrollo de arduas labores investigativas ejecutaron en las últimas la operación “Buenos Aires”, dejando como resultado la captura mediante orden judicial de cuatro integrantes de esta organización delincuencial y uno más en flagrancia, por el delito tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
