Un carro Lamborghini de $1.000 millones, un bolso Coco Chanel de $17 millones, dos maletas Louis Vuitton de $18 millones, un reloj Cartier de $33 millones, una entrada VIP al Festival Coachella de $3 millones y un penthouse en Estados Unidos son algunos de los lujos que Jenny Ambuila Chará exhibió en sus redes sociales y terminaron delatando una red de contrabando en Buenaventura, supuestamente liderada por su papá, Ómar Ambuila.
Según la Fiscalía, este contador aprovechó su cargo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) para permitir el ingreso ilegal de mercancía a cambio de millonarias sumas de dinero.
Por eso fue capturado la semana pasada, junto con su hija, su esposa, Elba Chará Gómez, y dos personas más. (En video: ¿Por qué un Lamborghini fue clave para desmantelar una red de corrupción en la DIAN?)
Ómar Ambuila oficiaba como jefe del grupo encargado de verificar que los contenedores que arribaban al puerto sobre el Pacífico cumplieran con los requisitos legales, evitando así que la mercancía de contrabando entrara por Buenaventura.
Pero, en criterio de la Fiscalía, el hoy procesado habría hecho todo lo contrario a su misión institucional y habría recibido por lo menos $80 mil millones en los últimos años por permitir el paso de mercancía de contrabando sin un verdadero control aduanero. Y esa fortuna la ocultó, según los investigadores, a través de la constitución de varias empresas fachadas y girando gruesas sumas de dinero a su esposa y a su hija para que adquirieran bienes y servicios en Estados Unidos, país donde residía Jenny Ambuila.
Estas compras y transacciones exorbitantes desbordaban la capacidad económica de Ómar Ambuila, que en términos formales no recibía más de $6 millones de salario. Por estos motivos, la Fiscalía les imputó al funcionario y a sus familiares los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Estos cargos también fueron endilgados a Emilson Moreno, otro funcionario de la DIAN en Buenaventura, y a Gustavo Rivas Arboleda, un particular. Los procesados fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso penal en su contra, a excepción de la citada Jenny Ambuila, que tiene hoy prisión domiciliaria.
Sobre el procesado Ómar Ambuila no se sabe mucho. Apenas se conoce que empezó a trabajar en la DIAN en 1992 como analista y que, a sus 31 años, comenzó la carrera en la administración pública y escaló en el organigrama hasta llegar a ocupar la jefatura de Control Interno de Carga.
Sin embargo, existe un detalle hasta ahora desconocido: en 2007 por poco se trunca su exitoso paso por la entidad. El Espectador conoció un proceso disciplinario que la DIAN comenzó en contra del funcionario en el año 2004, por hechos similares a los que hoy documenta la Fiscalía, pero que finalizó tres años después con su absolución por duda razonable.
El proceso disciplinario empezó el 31 de agosto de 2014, después de que un coronel de la Policía Judicial radicara un oficio en el que informó la retención y decomiso de mercancía en Medellín, importada desde Panamá por Buenaventura.
Ómar Ambuila, quien ocupaba en aquella época el cargo de inspector en el grupo de importaciones, fue comisionado para hacer la inspección física y el levante de dicha mercancía de artículos de higiene
. El funcionario dejó consignado que todo estaba en orden y la mercancía salió del puerto. Cuatro días después, en medio de un operativo aduanero, fue decomisada por las autoridades por no corresponder con lo declarado en la DIAN. Unos 54.240 paquetes de copitos, equivalentes a $162’720.000, ingresaron al país de forma irregular.
Como consecuencia de esta situación, se acreditó que la mercancía era ilegal y la DIAN abrió un proceso disciplinario para determinar si Ambuila omitió algún paso en los procedimientos aduaneros para que esto sucediera.
El contador se defendió alegando que revisó el 10 % de la mercancía, como lo indicaba el manual de procedimiento, debido a que el espacio del puerto era muy limitado por la cantidad de artículos que llegaban.
Y las empresas involucradas dijeron que la declaración de importación quedó mal escrita debido a la transcripción errónea de un dígito en la referencia del producto, pero que seguía tratándose de artículos de higiene, y procedieron a hacer la corrección.
El 18 de abril de 2007, el encargado de la investigación aseguró que este argumento del “error”, usado por Ambuila, podría inducir a considerar que sí fue irregular el procedimiento del funcionario o que el interés del importador era recuperar lo incautado, y por eso usó esa justificación posiblemente falsa.
Sin embargo, el fallador de primera instancia no tuvo los elementos suficientes para asegurar que Ambuila fuera culpable, imperó la duda y resolvió absolverlo.
“Las pruebas recaudadas no corroboran la existencia del hecho ni la responsabilidad del funcionario investigado (…), por lo cual la duda es evidente y no hay modo de eliminarla (…)”.
Según quedó escrito en la decisión de la oficina de investigaciones disciplinarias, “una vez puesta la mercancía a libre disposición del importador, tenedor o responsable de la carga se sale de la órbita del inspector que ha otorgado el levante de la misma (…) no puede llegarse a la conclusión inequívoca de que la mercancía que ingresó es la misma que se aprehendió y decomisó”.
El Espectador consultó a la DIAN para conocer si contra esta decisión se interpusieron recursos o si existieron otros procesos en el interior de la entidad contra Ómar Ambuila, pero la entidad respondió que se trata de asuntos que tienen reserva.
Aunque la captura de los Ambuila acaparó titulares de prensa, los importadores de Buenaventura no se sorprendieron. En mayo de 2018, Noticias Uno publicó un video en el que un comerciante relató que Ambuila tenía un mensajero que recogía el dinero de las coimas y luego lo repartía a los demás integrantes de la mafia, que cobraban hasta $70 millones por contenedor.
“Después de que se paga, todo el mundo es ciego”, añadió la fuente al noticiero. Ahora los habitantes del puerto esperan a que la Fiscalía identifique a los beneficiarios de las redes de contrabando, ya que Ambuila era solo un engranaje. La Procuraduría, por su parte, propuso aliarse con la Fiscalía y la Contraloría para seguir escarbando en el interior de la DIAN y desmantelar cualquier organización delincuencial.
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