NUEVO GOLPE AL VALLE DEL CAUCA.-

Viernes, 26 de Abril de 2026.-

* Terrorismo le gana partida al gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego.-

* Los coletazos del fracaso de la “paz total”

Los atentados terroristas perpetrados por las disidencias de las Farc en Cali y Palmira, contra instalaciones militares, ponen de presente que al gobierno Petro le ha resultado imposible recuperar la seguridad ciudadana tanto en esa capital del Valle del Cauca y el suroccidente del país.

De hecho, esta zona, junto a los picos de violencia y accionar de grupos armados ilegales en el Catatumbo, Arauca, Caquetá, Guaviare y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otras regiones, constituyen hoy la innegable evidencia no solo de la deficiente política de orden público de la administración de izquierda sino también de su lesiva e improductiva estrategia de “paz total”.

Esta última, como lo señalamos en editorial anterior, terminó siendo un fracaso absoluto ya que, de un lado, se soportó insólita e irresponsablemente en un marcado transaccionismo con la criminalidad y, de otro, implicó tal cantidad de ceses el fuego, suspensión de órdenes de captura y otro tipo de peligrosas gabelas y beneficios a los cabecillas y pie de fuerza de facciones guerrilleras y bandas delincuenciales de alto espectro que, al final, les permitió fortalecerse militarmente, adueñarse a sangre y fuego de muchos enclaves de economías ilícitas -especialmente narcotráfico y minería criminal-, disparando así el reclutamiento forzado de menores, el secuestro, la extorsión, los homicidios y otros delitos de alto impacto, tanto a nivel urbano como rural.

Todo ello explica por qué hoy en Colombia hay extensas áreas en donde el Estado y toda su legitimidad institucional han sido reemplazados por la ilegalidad y la barbarie, dejando como principal víctima a la población inerme y acorralada. Un dato más sintomático: en solo el primer trimestre de 2026 hubo más de 314 actos de terrorismo, mientras que el año pasado fueron casi 1.400, la cifra más alta en la última década.

Lo que ocurre en el suroccidente del país es alarmante. Cali no solo es la tercera ciudad más importante del país sino el principal enclave socioeconómico del suroccidente. Sin embargo, las falencias y riesgos asumidos en el proceso de diálogo y negociación entre el gobierno Petro y las disidencias de las Farc terminaron por dejar a sus habitantes, así como a casi todo el Valle, a merced de este grupo armado ilegal. Ya son más de ocho atentados terroristas en los últimos dos años en la urbe, con más de una decena de civiles y uniformados asesinados y no menos de 150 heridos, además de cuantiosas pérdidas materiales.

Pero la crisis de violencia no se limita a esa capital. Hay municipios cooptados por los frentes al mando de alias ‘Iván Mordisco’, como es el caso de Jamundí y otras poblaciones. Se perpetran extorsiones, plagios, masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y operaciones de narcotráfico a gran escala, con tenebrosas alianzas de frentes subversivos con carteles del narcotráfico y bandas criminales grandes y pequeñas. El gremio azucarero ha sufrido muchos ataques, cada vez son más los empresarios que tienen que movilizarse escoltados y se teme que facciones de las disidencias -que perdieron terreno y enclaves en el Cauca por la operación militar “Perseo” en el Cañón del Micay- se trasladaron hacia el sur del Valle o al norte de Nariño.

Y como si lo anterior fuera poco, el sesgo político que aplica la Casa de Nariño en su relación con los gobernadores y alcaldes ha sido más que evidente en el Valle, como se deriva de los cortocircuitos constantes del Ejecutivo nacional con las administraciones departamental y distrital. Incluso les ha tocado a los mandatarios Dilian Francisca Toro y Alejandro Eder, respectivamente, interactuar constantemente con el ministro de Defensa y la cúpula militar y policial para coordinar las estrategias de seguridad y orden público, no así con el presidente de la República que, sería ingenuo negarlo, los trata como rivales políticos.

En ese complicado escenario hay que destacar el esfuerzo que han realizado los gobiernos seccional y local para destinar millonarios recursos en apoyo de la fuerza pública, en especial con la adquisición de equipos para la detección e interceptación de drones, una de las armas más utilizadas por las disidencias en la zona.

Lamentable, entonces, este nuevo embate de las facciones de las Farc contra los caleños y el Valle en general. Otra sería hoy la realidad en esa y distintas zonas del país si el gobierno nacional saliente, en lugar de contemporizar con la criminalidad y frenar la operatividad de las Fuerzas Militares y Policía, se hubiera dedicado a combatir sin cuartel a los delincuentes, tal cual era su obligación prioritaria, constitucional y legalmente.