Nueva EPS suspende todos sus servicios tras incumplimiento de pagos.

Por: Luis Alberto Figueroa, tarjeta profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

La Nueva EPS, entidad prestadora de servicios de salud en Risaralda, ha decidido suspender todos sus servicios, incluyendo la entrega de medicamentos, debido al incumplimiento de acuerdos de pago por parte de la empresa. La medida, anunciada el miércoles 11 de diciembre de 2025, afecta a miles de afiliados en todo el país, quienes ahora enfrentan una grave interrupción en su acceso a atención médica. La decisión se toma tras meses de retrasos en los pagos a proveedores y falta de liquidez que han impedido el normal funcionamiento del sistema.

Según fuentes internas, la Nueva EPS ha estado en una situación financiera crítica desde principios de año, con un déficit acumulado que supera los 120 mil millones de pesos. A pesar de los esfuerzos por reestructurar deuda y negociar con prestadores, la falta de flujo de efectivo ha llevado a la suspensión de servicios esenciales. El incumplimiento de acuerdos de pago con laboratorios, hospitales y clínicas ha generado una cadena de reacciones negativas en el sistema de salud, dejando a usuarios sin acceso a tratamientos críticos.

La entidad, que opera en 12 departamentos del país, ha sido objeto de múltiples alertas por parte de la Superintendencia de Salud, que en meses anteriores ya había advertido sobre la fragilidad financiera de la empresa. Aunque se han realizado intentos de rescate financiero, incluyendo la búsqueda de alianzas con otras EPS y la presentación de un plan de reordenamiento, estos esfuerzos no han logrado estabilizar la situación. El cese de operaciones pone en riesgo el derecho a la salud de cientos de miles de afiliados, muchos de los cuales dependen de medicamentos crónicos para enfermedades como diabetes, hipertensión y cáncer.

Ante la crisis, la Superintendencia de Salud ha iniciado una investigación preliminar para determinar responsabilidades y evaluar si existen violaciones a los principios de sostenibilidad y solvencia en el sistema de salud. Mientras tanto, la entidad ha solicitado a sus afiliados que busquen alternativas de atención en otros centros de salud, aunque el acceso a servicios especializados y farmacéuticos sigue siendo limitado. La situación ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de la salud, quienes exigen una intervención inmediata del Estado para proteger a los usuarios más vulnerables.

English versión

Nueva EPS suspends all services due to payment defaults

By: Luis Alberto Figueroa, professional card 0222 issued by the Ministry of National Education

The Nueva EPS, a health service provider in Risaralda, has suspended all its services, including medication delivery, due to the company’s failure to meet payment agreements. The decision, announced on Wednesday, December 11, 2025, affects hundreds of thousands of affiliates nationwide, who now face a severe disruption in access to healthcare. The move follows months of delayed payments to providers and a lack of liquidity that has prevented normal operations. The suspension impacts critical care, particularly for patients requiring chronic treatments.

Internal sources indicate that Nueva EPS has been in a financial crisis since the beginning of the year, with accumulated deficits exceeding 120 billion pesos. Despite efforts to restructure debt and negotiate with suppliers, the lack of cash flow has led to the cessation of essential services. The failure to honor payment agreements with laboratories, hospitals, and clinics has triggered a cascade of negative effects across the healthcare system. Many affiliates are now unable to obtain prescribed medications for conditions such as diabetes, hypertension, and cancer.

The entity, which operates in 12 departments across the country, has been under multiple warnings from the Superintendencia de Salud, which previously issued alerts about the company’s financial instability. Although attempts were made to rescue the company through partnerships with other EPS and the presentation of a reorganization plan, these efforts have failed to stabilize the situation. The operational halt puts at risk the right to health of hundreds of thousands of affiliates, particularly those dependent on continuous medical treatment.

In response to the crisis, the Superintendencia de Salud has launched a preliminary investigation to assess responsibility and determine whether there have been violations of sustainability and solvency principles in the health system. Meanwhile, the entity has urged its affiliates to seek alternative care in other health centers, although access to specialized services and pharmaceuticals remains limited. The situation has raised concerns among human rights organizations and health advocates, who are demanding immediate government intervention to protect the most vulnerable users.