No. Según el presidente Iván Duque, en su decisión de objetar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no hay ningún propósito de desafiar las cortes.

Por el contrario, considera que en las sesiones ordinarias del Congreso que se inician esta semana va a darse la oportunidad de construir un consenso para “mejorar la justicia transicional”.

Y percibe que la comunidad internacional le ha dicho al Congreso que tramite lo más pronto las objeciones.

Duque, además, le dijo a EL TIEMPO que no hará cambios inmediatos en su gabinete ni hará giros en su modelo de gobernabilidad, que consiste en no dar participación a los partidos políticos en el consejo de ministros.

¿Su decisión de objetar la ley de la JEP y anunciar reformas al Acto Legislativo 01 de 2017 para modificar el acuerdo de paz tiene ingredientes retadores?

No se está retando a nadie. Cumplí con una atribución que me da la Constitución para adelantar objeciones por inconveniencia a proyectos de ley antes de ser sancionados. Esta misma atribución la adelantó el gobierno anterior con una ley estatutaria luego de haber pasado por la Corte Constitucional. Además, en mi alocución expresé que mis seis objeciones de 159 artículos son para que el Congreso mejore la justicia transicional y logremos un consenso de genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición. Y frente a la comunidad internacional celebro que tanto EE. UU., la Unión Europea y el delegado del secretario general de la ONU hayan pedido al Congreso que se tramiten rápido las objeciones para mejorar la justicia transicional.

¿Esta discusión no distrae al país de otros temas trascendentales?

Nosotros estamos enfrentando todos los días temas trascendentales. Este es un tema trascendental porque Colombia requiere una paz que nos una y que garantice genuina verdad, genuina reparación, genuina no repetición y genuina justicia. Nuestras objeciones buscan que quede claro que los victimarios deben reparar integralmente a las víctimas, que se mantenga la atribución del alto comisionado para la Paz para evitar que entren colados a los procesos de paz, que no queden sin esclarecer crímenes de lesa humanidad, que no se afecten las investigaciones de la Fiscalía, que no se afecte la cooperación con otros Estados en materia de extradición y que “otras personas” no utilicen la JEP para eludir la justicia de otros Estados con el pretexto de estar brindando “verdad”.

Usted ha dicho que va a buscar un consenso alrededor de la JEP. ¿No cree que este ambiente caldeado no es propicio para ello?

Lo primero es reiterar lo que dije en la alocución. Son solo seis artículos de 159 los que han sido objetados para que el Congreso reflexione sobre ellos y tengamos una mejor justicia transicional. Estamos tan solo a seis artículos para lograrlo, y eso es clave para que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso se expresen.

Además, permite que el gobierno, el Congreso y la Corte Constitucional logremos un gran consenso institucional. Además, ¿quién se puede oponer a un acto legislativo para que los delitos sexuales contra niños y adolescentes sean conocidos por la justicia ordinaria y no gocen de ningún beneficio? ¿Quién se puede oponer a que los reincidentes pierdan todos los beneficios, y quién se puede oponer a que los delitos cometidos después de la firma de los acuerdos sean conocidos por la justicia ordinaria?

¿Qué decirle a la oposición que lo ha señalado a usted de atentar contra la ‘construcción de la paz’?

Nosotros estamos utilizando una atribución presidencial contemplada en el artículo 166 de la Constitución. No es la primera vez que se objetan apartes de leyes estatutarias luego de su revisión de constitucionalidad, ni la primera vez que se objetan leyes, ni es la primera vez que el Congreso puede hacer mejoras basadas en las objeciones.

Todas las objeciones mejoran la calidad de la justicia transicional y han sido presentadas con un inmenso respeto hacia la Corte Constitucional.

El viernes pasado visité la ETCR de La Paz, en Cesar, para conversar con más de 200 desmovilizados y decirles a todas las personas en el proceso de reincorporación que pueden tener la absoluta tranquilidad de que nosotros queremos hacer el mayor esfuerzo para que puedan hacer esa transición exitosa a la legalidad.

Y no tienen absolutamente nada que temer con respecto a la discusión constitucional, política, democrática, congresional acerca del el tema de la ley estatutaria de la JEP.

Seguiremos avanzando en la implementación con resultados tangibles: 14 Pdets cerrados desde el 7 de agosto, 132 proyectos aprobados por más 686 mil millones de pesos en Ocad Paz, así como en frentes como los proyectos productivos, la sustitución de cultivos ilícitos, el desminado y la cooperación internacional.

¿Para usted, Presidente, dónde está el lindero entre su competencia de objetar la ley y la de un supuesto desacato a la Corte Constitucional?

Acá estoy acatando y utilizando una facultad que me brinda la Constitución, buscando una justicia transicional conveniente con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto es el principio de separación de poderes en su máxima expresión.

Cada uno de los poderes –el Ejecutivo, el Congreso y la Corte– cumpliendo su misión para el bien de la democracia colombiana.

El Presidente aprovechó la visita para comprarse unas botas elaboradas por los ex-Farc. Le costaron 140.000 pesos.

El país ya ha asistido a ‘choques de trenes’ institucionales. ¿Qué lo hace pensar que no estamos en otro episodio de estos?

Como lo dije en mi alocución, acá no hay choques de trenes ni desafíos a las cortes. Acá lo que existe es una facultad constitucional que se ha ejercido pensando en lo que le conviene a Colombia. No podemos dejarnos llevar por la polarización irracional que quiere desconocer las facultades del presidente en la Constitución para objetar. Cuando el Gobierno pasado objetó leyes estatutarias luego de la revisión de la Corte nadie habló de choques ni desacatos.

¿Por qué cree que unos sectores dicen que esta decisión suya podría convertirse en un camino a la guerra?

Todo lo contrario. Estamos a tan solo seis artículos de 159 de llegar a una ley estatutaria que nos conduzca a una paz donde se eviten vacíos normativos que creen impunidad. El Gobierno está comprometido con sacar adelante el proceso de reincorporación de todas las personas que genuinamente han dejado la violencia, y a eso fuimos a la ETCR de La Paz. Seguiremos trabajando por la paz que una a todos los colombianos.

Una agencia de la ONU le pidió sancionar rápidamente la ley, pero desde la Secretaría General de la ONU hay un compás de espera. ¿Quién tiene la razón?

Esa versión fue desmentida por el propio delegado del secretario general de la ONU para la implementación de los acuerdos, con quien visité el viernes pasado la ETCR de La Paz. Lo que dijo es que espera que el Congreso se pronuncie rápido sobre las objeciones para seguir fortaleciendo la justicia transicional.

Se han anunciado movilizaciones para protestar por su decisión. ¿No le preocupa que aumente la conflictividad social, como ocurrió con los estudiantes?

Con los estudiantes nunca ha habido antagonismo. Compartí con ellos su preocupación por el fortalecimiento de la educación superior ante las deudas históricas que venían del pasado. En un diálogo responsable logramos el mayor aporte que haya tenido la educación superior y estamos avanzando hacia la gratuidad de estudiantes vulnerables. Eso muestra que se puede construir en el diálogo constructivo.

Frente a los indígenas, este gobierno, por primera vez, tiene un plan de desarrollo con un capítulo para los pueblos indígenas y cerca de 10 billones de pesos para atenderlos durante nuestro gobierno, concertado con ellos.

Todo esto muestra que a diferencia de otras épocas, acá lo que se acuerda responsablemente se cumple. Me gusta más la propuesta que la protesta para lograr más en la construcción colectiva. Respeto la protesta y la movilización, pero tiene que ser sin vías de hecho que afecten los derechos de los demás.

¿Esto podría distraer al Gobierno de enfocar energías en la dirección que corresponde?

Nosotros seguimos gobernando con resultados para el pueblo colombiano. Seguimos teniendo grandes retos, pero avanzamos en seguridad, en crecimiento económico, en programas sociales, empresariales, energéticos.

Esta semana comenzarán las sesiones ordinarias del Congreso de la República. ¿Ha pensado hacer ajustes en el gabinete para enfrentar el control político que le hará el Legislativo?

Creo en la estabilidad de los equipos por el bien del país. En los últimos años, el constante cambio de ministros afectó la agenda sectorial del Gobierno.

¿El Gobierno aspira a tener mayorías a su favor en el Congreso?

No creo en aplanadoras. Las mayorías se construyen todos los días en la búsqueda de proyectos que le sirvan al país y nos ayuden a concentrarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide.

¿Va a rectificar en algo su relación con los partidos para gobernar?

Respeto la separación de los poderes, como lo demostré en las objeciones a la ley estatutaria. Seguiremos construyendo una relación transparente, respetuosa y sin agendas ocultas entre el Congreso y el poder Ejecutivo. Yo respeto la filiación política de los ministros, pero lo importante es que su motivación sea servir a Colombia sin ningún sesgo.

¿Sigue pensando que la caída de Nicolás Maduro está cerca?

Lo que ha sucedido en estos meses con respecto a la dictadura en Venezuela es un inmenso avance en la defensa de la democracia.

Gracias al cerco diplomático, decenas de países de todas las latitudes reconocen hoy a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela.

El pueblo venezolano sufre hoy no solo el yugo de una brutal dictadura, sino también la carencia de los más básicos servicios como la electricidad y el agua potable. El fin de la dictadura está más cerca.

¿Qué más puede hacer la diplomacia para presionar la salida de Maduro?

El cerco diplomático no se detiene. Hace pocos días, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoció a Ricardo Hausmann como representante del gobierno Guaidó en ese organismo multilateral.

Cada día, el régimen de Maduro pierde más terreno y legitimidad. Colombia cumplió con su compromiso: recibimos la ayuda, la acopiamos y la entregamos a los venezolanos para que ellos la llevaran a su territorio.

La represión dictatorial impidió esa entrada, y los hermanos venezolanos siguieron sufriendo. Sin embargo, Guaidó regresó a Venezuela con más fuerza, más respaldo internacional y más credibilidad que antes. El cerco diplomático continúa y seguirá ejerciendo su presión hasta que Venezuela recobre su libertad.

AGENCIA DE NOTICIAS EFE