Las asonadas contra el Ejército

Es claro que la paz total de Petro tiene muchos retos para resolver, pero uno de ellos, sin duda, es evitar que Cauca se “federalice” a sangre y fuego a manos de los grupos criminales.

01 de marzo de 2024

El Cauca, hay que decirlo, ha sido una papa caliente para el presidente de turno hace ya varios gobiernos. Sin embargo, teniendo en cuenta que es uno de los principales fortines electorales de Gustavo Petro y Francia Márquez es legítimo esperar que el estado de cosas fuera esta vez diferente. Aún así, nada parece haber cambiado.

Los destierros de soldados y miembros de la fuerza pública en Cauca se repitieron en febrero en cuatro oportunidades, el último de ellos ocurrió el pasado domingo cuando un grupo de 30 militares fue obligado a marcharse del casco urbano de Caloto, bajo el asedio de ciudadanos y de disidentes de las Farc infiltrados entre ellos, que a punta de empujones, golpes y hasta machetazos impusieron su “ley”. Todo, según explicó el Ejército, en respuesta a los operativos adelantados contra el narcotráfico, gracias a los cuales fueron incautadas cerca de 25 toneladas de marihuana y la destrucción de varios laboratorios de cocaína.

Una semana antes, en El Plateado, corregimiento de Argelia, también la “población” se opuso a la captura de un hombre que llevaba 4,5 kilos de base de coca. Justo en ese mismo lugar, en noviembre pasado, vimos cómo un contingente de 200 militares destinado al desminado fue retenido por horas en el casco urbano de esa localidad por una multitud de campesinos, que luego los obligó a salir del sitio escoltados por camionetas particulares.

Una y otra vez se repite esta especie de contrasentido: quienes están llamados a impartir el orden en el Estado son obligados a retirarse con la cabeza baja porque los mensajes del Gobierno les dan a entender que más que ejercer el control, tienen que someterse.

¿Por qué algunas de estas comunidades están prestas a recibir los recursos del Estado, los subsidios, el pago de la educación, los giros de salud, pero no respetan a las autoridades de ese mismo Estado?

Esas asonadas contra el Ejército en el Cauca son apenas una muestra del control territorial que están ejerciendo los grupos armados en buena parte del país, pero además dan cuenta de las debilidades de la paz total que impulsa el gobierno de Gustavo Petro, que parece contemplar inerme cómo el Estado va perdiendo su soberanía en esas zonas donde la criminalidad, el narcotráfico y la violencia asedian a las poblaciones.

Lo que hemos visto en las últimas semanas son comunidades instrumentalizadas por las disidencias de las Farc y por la guerrilla del ELN, —ambas organizaciones en proceso de conversación con el Gobierno Petro—, que parecen desconocer abiertamente los acuerdos que se trabajan en las mesas de diálogos, como el cese al fuego, y que desafían permanentemente la estabilidad institucional en esos territorios, pues ellos son amos y dueños de la vida y ponen las condiciones, como si fueran estados federados, ahora que se habla, paradójicamente, de la autonomía regional. No son comparables, pero en el fondo es como si esas comunidades estuvieran por fuera del alcance de la Constitución por obra y gracia de los armados.

¿Por qué se ve tan incapaz el Gobierno de controlar lo que pasa en el Cauca?

Cauca es hoy la central de abastecimiento de cocaína para las mafias de narcotráfico transnacional, y de marihuana cripa para las bandas de microtráfico local. Esto implica que los principales grupos de crimen organizado, tanto extranjeros como nacionales, están estableciendo redes de negocios con esa región.

Los cultivos de marihuana se concentran en el norte del departamento, en especial en Corinto, Toribío, Miranda, Caloto y Santander de Quilichao; los de coca están repartidos en los enclaves Argelia-El Tambo (10.099 hectáreas según Unodc) y Timba-Jamundí-Buenos Aires (1.436 hectáreas).

Por tener playas en la Costa Pacífica, varias arterias fluviales y ecosistemas de cordilleras y selvas, los traficantes tienen múltiples opciones para el transporte y acopio de la mercancía ilegal entre departamentos, y como plataforma de exportación hacia Ecuador, Centroamérica, México y Estados Unidos.

En el Cauca están presentes las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), la Segunda Marquetalia y el ELN, que compiten (bajo fuego o por acuerdo) para dominar las áreas de cultivos de coca y laboratorios de procesamiento. De estos tres, el más fuerte en la zona es el EMC, que tiene allí su Comando Coordinador de Occidente, un bloque que articula todos los frentes y columnas móviles que operan en Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila. Este comando es particularmente agresivo contra la Fuerza Pública, atacándola con carrobombas, emboscadas y hostigamientos frecuentes, a los que ahora se suman las asonadas con la instrumentalización de la población.

Sin dejar de pensar que todo lo anterior es grave, lo más problemático es que esta estrategia de las asonadas parece más arraigada desde que comenzaron los diálogos entre el EMC y el Gobierno Petro y coincide con la expedición de la resolución gubernamental que pide levantar las órdenes de captura contra 30 de los guerrilleros al mando de alias Iván Mordisco, hasta el 15 de julio. Y además, en el contexto de un cese al fuego bilateral con el ELN que se prorrogó hasta el 3 de agosto. ¡Y no cesan las hostilidades!

Como quién dice, carta abierta para que sigan delinquiendo y asediando a la población civil, mientras la Fuerza Pública es obligada a retirarse de esas zonas estratégicas para la criminalidad, aunque sus altos oficiales digan, como lo advirtió el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, que no piensan ceder terreno. “Aquí no vamos a parar, si me sacan por el oriente, ingreso por el occidente, si me sacan por el sur, entro por el norte”.

Es claro que la paz total de Petro tiene muchos retos para resolver, pero uno de ellos, sin duda, es evitar que Cauca se “federalice” a sangre y fuego a manos de los grupos criminales, que no parecen dispuestos a soltar su lucrativo negocio por atender el llamado de un gobierno que ha sido complaciente con los ilegales y le ha faltado firmeza para defender a sus habitantes..