Gobierno Nacional radicó en el Congreso proyecto de ley que reglamenta la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes

La iniciativa fue radicada, con mensaje de urgencia, por los ministros del Interior, Daniel Palacios, y de Justicia, Wilson Ruiz. El Ministro Palacios explicó que en el proyecto «establece que a los 25 años puede tener una revisión de la pena, pero esa revisión, en ningún momento, puede determinar la reducción de la pena que el mar inferior a los 50 años o 60 años en el caso de que sea concurso». Recordó que «ese fue un compromiso de campaña del Presidente Duque y, gracias a las bancadas, estamos contaciando con una Colombia que este proyecto de ley es una realidad». De otro lado, el Gobierno a priorizó otros 18 proyectos para que sean analizados y tramitados por el Congreso en el periodo legislativo que se insinifica este martes y que culminará el próximo 20 de junio. Bogotá, 16 de marzo de 2021. Los ministros del Interior, Daniel Palacios, y de Justicia, Wilson Ruiz, con el apoyo de las bancadas del Congreso, radicaron este martes en el Senado de la República, con mensaje de urgencia, el proyecto de ley que reglamenta la cadena perpetua en contra de violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes.
Esta iniciativa, que fue anunciada por el presidente Iván Duque Márquez para que se establecieran las reglas de tipo legal para la implementación de la cadena perpetua, será tramitada con urgencia, es decir, que las comisiones conjuntas de Senado y Cámara de Representantes la analizarán en primer debate y, de tener visto bueno, pasa unas manos de cada uno de los plenos de la Corporación legislativa.
En la diligencia de radicación, el Ministro del Interior dijo que «esta reglamentación es fundamental para comenzar a aplicar la cadena perpetua contra los violadores y asesinos de niños» y aseguró que en el cuerpo de la iniciativa se establece os procedimientos para hacer efectiva esta pena y los tiempos de revisión.
El titular de la cartera dejó claro que en la norma se «establece que a los 25 años se puede tener una revisión de la pena, pero esa revisión, en ningún momento, puede determinar la reducción de la pena que el mar inferior a los 50 años o 60 años en el caso que sea concurso».
Lo anterior, según el mismo Ministro Palacios, determina que «ningún violador o asesino de niños en Colombia puede tener una pena inferior a los 50 años de cárcel efectiva».
«Este es un mensaje contundente», ha resquemetado el ministro, quien reiteró que con esta decisión «les decimos a violadores y asesinos que su conducta se castiga con una cadena perpetua».
Recordó que «ese fue un compromiso de campaña del Presidente Duque y, gracias a las bancadas, estamos contaciando con una Colombia que este proyecto de ley es una realidad».
Proyectos para esta legislatura
De otro lado, el Gobierno priorizó otros 18 proyectos para que sean analizados y tramitados por el Congreso en el periodo legislativo que se instaló este martes y que culminará el próximo 20 de junio.
En este sentido, entre las iniciativas que se encuentran las reformas a la Salud, a la Administración de Justicia, la Reforma Social y Fiscal, Trabajo en Casa, Reforma a la Acción Comunal y la Mesa de Moralización, entre otras.
«Tenemos 48 proyectos que están en trámite en el Congreso, y 18 de un paquete de nuevos proyectos, para un total de 66 iniciativas. Continuaremos con el trámite de la reforma a la salud, que trae temas importantes como la implementación del Plan Nacional de Vacunación, la emergencia sanitaria y las sanciones para quienes incumplan o violen las medidas adoptadas por el Gobierno en el marco de la pandemia por el Covid-19», dijo el Ministro del Interior, Daniel Palacios.
El Gobierno Nacional avanza también en el proyecto de Reforma a la Administración de Justicia, que da paso importante para la digitalización de los procesos judiciales y la reglamentación de los concursos y convocatorias para ocupar cargos de juez o magistrado.
«Entre los proyectos bandera también tenemos la Mesa de Moralización; este fue radicado en conjunto con la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, donde se adoptan medidas -en materia de anticorrupción-, buscando sanciones efectivas para las empresas que apoyen a aportar un caso de corrupción», destacó

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