



El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este 18 de diciembre la detención en centro carcelario de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, acusados de participar en el desvío de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se tomó tras considerar que su libertad representaba un riesgo para la investigación, negándoles la posibilidad de casa por cárcel.
La medida judicial marca un giro en el escándalo que involucra a altos exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro. Según la Fiscalía, los contratos habrían sido direccionados para asegurar apoyos políticos en el Congreso, lo que configura delitos como concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Ninguno de los exministros aceptó los cargos, insistiendo en su inocencia mientras avanza el proceso.
El caso de la UNGRD ha generado gran impacto en la opinión pública, pues se trata de recursos destinados a atender emergencias y proyectos de infraestructura. El presunto desvío de estos fondos no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control frente a la corrupción en el manejo de dineros públicos.
La magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, quien lideró la decisión, enfatizó que la gravedad de los hechos y la posición de poder que ocuparon los exministros justifican la medida intramural. Con ello, se busca garantizar que el proceso avance sin interferencias y que se proteja la transparencia de la investigación.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Diversos sectores han señalado que este fallo envía un mensaje contundente contra la corrupción en el país, mientras otros advierten que el caso podría tener repercusiones en la gobernabilidad y en la confianza hacia el actual gobierno. El proceso continuará en los próximos meses, con la expectativa de que se esclarezca el alcance del entramado y sus responsables.
English version
Former ministers Luis Fernando Velasco and Ricardo Bonilla sent to prison for corruption at the UNGRD.
On December 18, the Superior Court of Bogotá ordered the imprisonment of former ministers Luis Fernando Velasco and Ricardo Bonilla, accused of diverting multimillion-dollar contracts from the National Unit for Disaster Risk Management (UNGRD). The court ruled that their release posed a risk to the investigation, denying them the possibility of house arrest.
This judicial measure marks a turning point in the scandal involving senior officials from Gustavo Petro’s government. According to prosecutors, the contracts were allegedly directed to secure political support in Congress, constituting crimes such as conspiracy to commit a crime, bribery, and undue interest in public contracts. Both former ministers rejected the charges, maintaining their innocence as the trial moves forward.
The UNGRD case has had a major impact on public opinion, as it involves funds intended for emergency response and infrastructure projects. The alleged diversion of these resources not only undermines trust in institutions but also highlights weaknesses in oversight mechanisms against corruption in public spending.
Judge Aura Alexandra Rosero Baquero, who issued the ruling, stressed that the seriousness of the allegations and the positions of power held by the former ministers justified the prison measure. The decision aims to ensure the investigation proceeds without interference and to safeguard transparency.
Political reactions were immediate. Some sectors argue that the ruling sends a strong message against corruption in Colombia, while others warn that the case could affect governance and public confidence in the current administration. The process will continue in the coming months, with expectations that the full scope of the scheme and its perpetrators will be clarified.


