EEditorial de la Crònica del Quindìo. Todos a Votar para derrotar la Corrupciòn

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Todos a votar. Todos a pronunciarnos. Todos a establecer imperativamente un mandato ciudadano como clamor irreversible. Todos a notificar a los profesionales del delito a ver si por fin empiezan a temblar los corruptos.

¡Sí!

A punta de insistencia y perseverancia, la consulta popular anticorrupción logró convertirse hoy en una realidad. Hoy, será recordada esta fecha en la historia de Colombia porque será la primera vez que en el país se utilice la consulta popular a nivel nacional, como un mecanismo cierto de participación que creó la Constitución de 1991, pero que la democracia colombiana apenas estrena. En verdad, hoy es un día histórico para la democracia del país, en especial para la democracia como posibilidad de expresión auténticamente ciudadana sin los amarres degradantes de logísticas perversas, compra de votos, desproporciones publicitarias y mercadotécnicas, sin lechonas, tamales y pago de mercenarios electorales.

Se trata, ni más ni menos, de una consulta popular cuyos requisitos para la aprobación están señalados en el literal C del artículo 41 de la Ley 1757 de 2015. Allí está establecido que para que la consulta sea aprobada requiere tener votos por el sí equivalentes a la mitad más uno de los votos válidos, es decir, del total de votos por el sí y por el no. Claro, esto siempre y cuando haya participado en el proceso de consulta más de la tercera parte del censo electoral.

El censo electoral tiene 36’421.026 ciudadanos habilitados para votar, luego el umbral de participación que debe alcanzar es de 12’140.342. Después de verificado el cumplimiento de ese requisito hay que establecer si cumple la mayoría establecida en la ley, es decir, la mitad más uno de los votos por el sí sobre la totalidad de votos válidos. Además, es clave precisar que cada punto consultado tendrá que obtener como mínimo 6’130.000 votos por el sí.

En el Quindío hay 467.857 personas habilitadas para votar y les esperan 1.241 meses para consagrar su opinión sobre uno de los flagelos que más ha golpeado al país en los últimos años y que mantiene en azote puro a nuestro departamento.

Es una gran oportunidad para que pasemos de la crítica y el señalamiento a la acción y a la decisión. Que el país está inundado de corruptos, es cierto. Y que en el Quindío un puñado infame de asaltadores del erario han querido imponer doctrina criminal y manuales de la cultura del atajo, también es cierto, pero la inmensa mayoría piensa distinto y es precisamente hoy, una inmejorable oportunidad para que el pronunciamiento ciudadano se constituya en manifiesto democrático y en un mandato ciudadano inapelable.

No pueden ser superiores las voces que intentan deslegitimar o hacer oposición a esta consulta. Está claro que las “luchas” que supuestamente se han incubado desde el Congreso, ni han prosperado ni han servido en términos prácticos para nada. De qué sirve tener anaqueles repletos de buenas intenciones, si la voluntad política de los congresistas y del propio ejecutivo no se ha hecho manifiesta.

Ese alineamiento de proyectos de Ley anticorrupción presentados por el gobierno nacional y apoyados por algunos sectores políticos, el convencimiento del presidente Duque de enfrentar este problema estructural de la corrupción y la Consulta de hoy, se van a constituir entonces en frentes inevitables de presión que marquen por primera vez en la historia de Colombia una posibilidad de construir un entramado constitucional con acento ciudadano para combatir lo que hasta el momento no se ha combatido, o se ha hecho con timidez.

Todos a votar. Todos a pronunciarnos. Todos a establecer imperativamente un mandato ciudadano como clamor irreversible. Todos a notificar a los profesionales del delito a ver si por fin empiezan a temblar los corruptos.