NOTICIA DE LA CAMPAÑA DEL CANDIDATOCONSERVADOR A LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA, DIEGO ALBERTO NARANJO ESCOBAR
Con la inscripción del candidato conservador a la Gobernación de Risaralda, Diego Alberto Naranjo Escobar, quedó completa la lista de aspirantes al primer cargo del departamento de Risaralda.
Naranjo Escobar estuvo acompañado de los congresistas , Samy Merheg y Carlos Rivera Peña y los candidatos a las alcaldías de Pereira y Dosquebradas, Carlos Maya y Diego Ramos todos con miras de llegar a sus cargos respectivos a los aspiran llegar el 27 de octubre de 2019.
El Candidato una vez inscrito se refirió a los asistes expresando que asumimos el compromiso de gobernar con responsabilidad, con cariño, y con criterio y seré todo con amor por esta tierra que se merece avanzar, crecer tener oportunidades para todos los ciudadanos.
Varios asistentes al acto de inscripción coincidieron en afirmar que votarán por Naranjo Escobar, porque es un hombre humilde, trabaja con la comunidad que va a traer el cambio a Risaralda, otros afirmaron que creen en él porque estamos seguros que generrá confianza y tiene caracter, es persona honesta y además tiene claro que el agro es factor primordial para tener en cuenta en su programa de gobierno que iniciara en enero de 2020.
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Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición. Estas personas inescrupulosas dicen estar facultadas por la Ley 2272 de 2022, o Ley de paz total, y tener supuestas relaciones con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y con funcionarios del Gobierno Nacional.
Recientemente, por ejemplo, se conoció el caso específico de una persona privada de la libertad que pagó a un abogado una alta suma de dinero por tramitar su traslado a un centro penitenciario de su preferencia. El traslado, por supuesto, no se produjo. Así, circulan rumores similares sobre la venta de falsos beneficios judiciales en el contexto de la política de Paz Total.
Ante la gravedad de estas versiones, la OACP ha interpuesto la denuncia penal correspondiente y ha solicitado a las autoridades responsables celeridad en las respectivas investigaciones. Estas prácticas corruptas son una afrenta al proceso de construcción de la paz en nuestro país y una traición a los sueños de millones de colombianas y colombianos que reclaman vida digna en un Estado social de derecho.
Lamentamos que esta situación genere suspicacias frente a las mesas de paz en centros penitenciarios, en torno a las cuales muchas personas privadas de la libertad están hoy construyendo propuestas significativas de verdad y reconciliación.
Reiteramos que, en la construcción de paz, como derecho de todos, no caben fraudes, trampas, mentiras ni engaños; no se compran ni se venden beneficios, traslados o alternativas a la extradición. La impunidad no está a la venta.
Cualquier decisión que se adopte en los escenarios de acercamiento con estructuras armadas se apegará a la Constitución y la Ley, y a los protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Estamos seguros que la Fiscalía General de la Nación realizará una investigación eficaz y con garantías ante cualquier hecho que deshonre los procesos de construcción de paz.
La sociedad colombiana puede estar segura de que la corrupción es totalmente incompatible con el proyecto de paz del Gobierno Nacional. Los equipos de trabajo de la OACP están compuestos por funcionarios experimentados y honestos, y los mecanismos de control existentes son eficaces para prevenir cualquier tipo de acción indebida.
A medida en que se consolida la política de Paz Total, seguiremos evidenciando intentos de saboteo, señalamientos falsos, montajes y amenazas que apunten a entorpecer nuestro propósito de paz. No cesaremos en el esfuerzo por lograr transformaciones en los territorios y la superación de la guerra y las violencias criminales a través de mecanismos de acogimiento a la Ley, con rendición de cuentas a las víctimas y a la sociedad
