El 14 de enero de 2026, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dio inicio a la construcción del Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (Cacco), una prisión de máxima seguridad diseñada con elementos inspirados en el Cecot de El Salvador. La ceremonia contó con la presencia del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, quien colocó la primera piedra en San José, en medio de un ambiente político marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales costarricenses.

La nueva cárcel tendrá capacidad para 5.100 reclusos distribuidos en cinco módulos y busca enfrentar el crecimiento del crimen organizado en el país. Aunque no será una réplica exacta del Cecot, el proyecto incorpora medidas de seguridad extremas y un diseño que limita la movilidad de los internos, adaptado a la legislación costarricense. El gobierno de Chaves sostiene que la iniciativa responde a la necesidad de reforzar el sistema penitenciario frente al aumento de delitos vinculados a narcotráfico y pandillas.

La visita de Bukele generó polémica, ya que coincidió con la campaña electoral en Costa Rica. Opositores acusaron al gobierno de utilizar el evento como estrategia de electoralismo encubierto, mientras el Tribunal Supremo de Elecciones recordó al presidente salvadoreño que no puede involucrarse en el proceso político local. Aun así, la presencia de Bukele fue interpretada como un gesto de cooperación regional en materia de seguridad.

El modelo salvadoreño ha sido objeto de críticas internacionales por las condiciones de reclusión y el impacto en los derechos humanos, pero también ha recibido elogios por la reducción de la violencia en El Salvador. Costa Rica busca replicar algunos aspectos de esa política, ajustándolos a su marco legal y a su tradición democrática, lo que abre un debate sobre el equilibrio entre seguridad y respeto a las garantías individuales.

Analistas internacionales señalan que la construcción del Cacco refleja una tendencia regional hacia políticas penitenciarias más duras frente al crimen organizado. Sin embargo, advierten que el éxito del proyecto dependerá de la capacidad del Estado costarricense para garantizar transparencia, respeto a los derechos humanos y eficacia en la lucha contra la violencia.

English version

Costa Rica begins construction of maximum-security prison inspired by Bukele’s model

On January 14, 2026, Costa Rican President Rodrigo Chaves launched the construction of the High Containment Center for Organized Crime (Cacco), a maximum-security prison designed with elements inspired by El Salvador’s Cecot. The ceremony was attended by Salvadoran President Nayib Bukele, who laid the foundation stone in San José amid political tension ahead of Costa Rica’s upcoming presidential elections.

The new prison will house 5,100 inmates across five modules and aims to tackle the rise of organized crime in the country. While not an exact replica of Cecot, the project incorporates extreme security measures and a design that restricts inmate mobility, adapted to Costa Rican law. Chaves’s government argues that the initiative responds to the need to strengthen the penitentiary system against crimes linked to drug trafficking and gangs.

Bukele’s visit sparked controversy, as it coincided with Costa Rica’s electoral campaign. Opponents accused the government of using the event as a form of hidden electoral strategy, while the Supreme Electoral Tribunal reminded Bukele that he cannot interfere in local politics. Nevertheless, his presence was seen as a gesture of regional cooperation on security matters.

El Salvador’s model has faced international criticism over prison conditions and human rights concerns, but it has also been praised for reducing violence. Costa Rica seeks to replicate certain aspects of that policy, adapting them to its legal framework and democratic tradition, raising debate over the balance between security and individual rights.

International analysts argue that the construction of Cacco reflects a regional trend toward tougher penitentiary policies against organized crime. However, they warn that the project’s success will depend on Costa Rica’s ability to ensure transparency, respect for human rights, and effectiveness in combating violence.