Columna del Abogado Gabriel Alberto Toro Pélaez expecializado en Derecho Civil, Penal y Administrativo, Exprocurador Militar, Exsecretrio de Gobierno y alcalde (e) de Pereira Asesor Internacional de la Petrolera Oxi

El déficit fiscal se quiere alivianar mediante nueva reforma tributaria, aumentando sensiblemente la carga contributiva que soporta el pueblo colombiano. ¿Por qué no se revisan los abusivos costos que el gobierno ilegítimo de Juan Manuel Santos comprometió a futuro con las Farc, para terminar comprando el Nobel de Paz mediante concesiones petroleras en La Guajira a los noruegos, como informan los medios?

Sabemos que el llamado acuerdo de paz, no tiene sustento legal ni constitucional, ya que no fue aprobado por el pueblo colombiano en el plebiscito, condición que el mismo pacto exigía para su validez, luego es lícito revisar totalmente su contenido, porque nada de lo pactado fue aprobado.

Consiguientemente, la insólita justicia de la JEP, tampoco tiene sustento legal, siendo espuria, la selección de supuestos magistrados, escogidos en contravía de la Constitución por una comisión de extranjeros sin arraigo institucional, ni imparcialidad,  que son esencia de tal función pública.

Justicia parcializada no es justicia; tal como se observa en las pocas providencias que se le conocen, donde se demuestra que solo ofrece impunidad a delincuentes, cuyos actos son conocidos; además del absurdo contenido de venganza contra la Fuerza Pública que los combatió, cuando pretende  juzgar a militares y policías, que el gobierno abandona a su suerte, permitiendo que la justicia ordinaria, en buena parte también parcializada, les imponga altas condenas, que serían rebajadas sensiblemente en la JEP, previa obligada confesión, por delitos allí imputados (verdaderos o no) con la consecuencia de que tal confesión será el fundamento de grandes indemnizaciones a favor de la supuesta víctima, así creada.

Se fabrica gran cantidad de falsos positivos, con la connivencia de supuestos testigos, víctimas y aviesos abogados, todos de entre los militantes de izquierda, consabidos enemigos del Estado, logrando perfilar todas las bajas del terrorismo insurgente como “falsos positivos”, mediante juicios y montajes judiciales.

Observamos que: la JEP apropió en 2020 $6.404.000.000, para pagar 83 abogados defensores de 4.358 farianos; $6.512.000.000 para 90 abogados de 270.000 víctimas; $648.000.000 para la defensa de militares y policías; además de jugoso contrato con Yima Castro (madre de Iván Cepeda) “para asesorar a las víctimas” (Según se afirma en “opinadero”). ¿No hay Abogados de Oficio en la JEP? ¿Es esto imparcialidad?