César Gaviria endurece críticas a Petro y cuestiona el rumbo de la paz total.

El expresidente César Gaviria lanzó fuertes cuestionamientos contra el gobierno de Gustavo Petro este lunes, al afirmar que la estrategia de paz total ha favorecido el crecimiento de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Sus declaraciones surgieron tras la polémica por la suspensión de medidas judiciales contra varios cabecillas del Clan del Golfo, una decisión que ha generado debate político y preocupación en sectores institucionales del país.

El líder del Partido Liberal aseguró que las negociaciones impulsadas por el actual gobierno carecen de límites claros y, según su visión, han permitido que grupos armados amplíen su influencia territorial en distintas regiones de Colombia. Gaviria sostuvo que la falta de resultados concretos en materia de seguridad ha debilitado la confianza ciudadana y ha incrementado la incertidumbre frente al futuro de la política de paz.

Las críticas aparecen en un momento especialmente sensible para el país, marcado por el aumento de tensiones políticas y por cuestionamientos internacionales sobre el manejo del conflicto armado interno. Diversos sectores han advertido que las negociaciones con estructuras criminales podrían afectar la credibilidad institucional y alterar la estabilidad democrática durante el proceso electoral que vive Colombia.

El debate sobre la seguridad, la violencia armada y el alcance de la llamada paz total también ha reactivado discusiones históricas sobre las estrategias utilizadas por gobiernos anteriores para enfrentar a los carteles y grupos ilegales. Durante la década de 1990, el propio Gaviria enfrentó una escalada de narcoterrorismo y promovió políticas de sometimiento a la justicia que continúan siendo objeto de controversia en Colombia.

Mientras tanto, el gobierno de Petro insiste en que su proyecto busca reducir el conflicto mediante diálogos simultáneos con distintos actores armados y programas de transformación social. Sin embargo, las críticas de dirigentes políticos, autoridades judiciales y sectores de oposición reflejan la creciente polarización alrededor de una política que sigue dividiendo opiniones dentro y fuera del país.

English version

César Gaviria Escalates Criticism of Petro Over Colombia’s Peace Strategy

Former president César Gaviria sharply criticized the administration of Gustavo Petro on Monday, arguing that the government’s total peace strategy has strengthened criminal organizations linked to drug trafficking. His remarks came after controversy surrounding the suspension of judicial measures against several leaders of the Gulf Clan, a move that has triggered political debate and concern among institutional sectors in Colombia.

The Liberal Party leader stated that the negotiations promoted by the current administration lack clear boundaries and, in his view, have allowed armed groups to expand their territorial influence across several Colombian regions. Gaviria argued that the absence of concrete security results has weakened public trust and increased uncertainty about the future of the peace policy.

The criticism comes at a particularly sensitive moment for the country, amid rising political tensions and growing international scrutiny over the management of Colombia’s internal armed conflict. Several sectors have warned that negotiations with criminal structures could damage institutional credibility and affect democratic stability during the ongoing electoral process.

The debate surrounding security, armed violence, and the scope of the so-called total peace initiative has also revived historical discussions about the strategies used by previous governments to confront cartels and illegal armed groups. During the 1990s, Gaviria himself faced an escalation of narco-terrorism and promoted justice negotiation policies that remain controversial in Colombia today.

Meanwhile, Petro’s administration maintains that its initiative seeks to reduce conflict through simultaneous talks with multiple armed actors and broader social transformation programs. Nevertheless, criticism from political leaders, judicial authorities, and opposition sectors reflects the growing polarization surrounding a policy that continues to divide opinions both inside and outside Colombia.