Aumento de asonadas contra militares en Colombia durante 2025

La Fiscalía General de la Nación informó que en lo que va de 2025 se han registrado 52 asonadas en Colombia, de las cuales 39 han tenido como blanco a miembros de las Fuerzas Militares. Las regiones más afectadas incluyen Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Cali. Este incremento de violencia coincide con el debate sobre el posible retorno de la aspersión aérea con glifosato en zonas de cultivos ilícitos.

Uno de los casos más graves ocurrió en Mosquera (Nariño), donde Luis Fernando Sánchez, asesor de la alcaldesa Karen Lizeth Pineda, murió tras recibir un disparo presuntamente por parte de un miembro de la Armada Nacional. La Procuraduría abrió una investigación preliminar para esclarecer los hechos.

Además, se reportaron otros actos violentos como atentados contra la vía férrea de El Cerrejón atribuidos al ELN, un ataque con granada en Cali, el secuestro de un indígena en Antioquia y un ataque con drones explosivos en Puerto Leguízamo. Estos eventos reflejan un deterioro del orden público y plantean nuevos retos para las instituciones del país.

🇬🇧 Translated English Version

Rise in Attacks Against Military Forces in Colombia During 2025

Colombia’s Attorney General’s Office has reported 52 riots so far in 2025, with 39 targeting members of the Armed Forces. The most affected regions include Nariño, Cauca, Valle del Cauca, and Cali. This surge in violence coincides with renewed discussions about aerial glyphosate spraying in areas with illicit crops.

One of the most serious incidents occurred in Mosquera (Nariño), where Luis Fernando Sánchez, advisor to Mayor Karen Lizeth Pineda, was fatally shot—allegedly by a member of the National Navy. The Inspector General’s Office has launched a preliminary investigation to clarify the circumstances.

Other violent events include attacks on El Cerrejón’s railway attributed to the ELN, a grenade assault in Cali, the kidnapping of an Indigenous person in Antioquia, and a drone strike loaded with explosives in Puerto Leguízamo. These incidents highlight the worsening public order and pose new challenges for Colombia’s institutions.