aSÍ LS COSAS, LAS POSIBILIDDES DE QUE LA ASA DE INFLACIÓN ESE ÑO A L ESQUIVA META PROMEDIO DEL 3% SE ALEJA CADA VEZ MÁS. ESA ES L REALIDAD RI Y OBJETIVA.-

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Lupa a la inflació

PLAZAS DE MERCADO

Que el 2025 cerrara con una inflación del 5,1 % es una noticia que debe analizarse desde distintas ópticas. De un lado, resulta positivo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) haya bajado una décima porcentual frente al 5,2 % del 2024.

Pero también es claro que ese resultado no es un gran avance en el control del costo de vida, no solo porque la disminución es muy leve, sino porque se rompió la tendencia de rebajas más sustanciales que venía desde el 2022, cuando el indicador fue del 12,13 %, pasando un año después al 9,28 %, luego al 5,2 % y ahora apenas al 5,1 %.

Aun así, debe destacarse que mantener la inflación a raya es un logro exclusivo del Banco de la República, pues su política contracíclica, sobre todo en el flanco monetario, permitió romperle el espinazo a la escalada de carestía que se produjo en todo el mundo, incluyendo a Colombia obviamente, tras la crisis pandémica.

Paradójicamente, ese 5,1 % pudo haber sido más alto y lesivo si las mayorías de la junta directiva del Emisor no se hubieran parado en la raya para esquivar las presiones gubernamentales que buscaban forzar una disminución más acelerada de las tasas de interés de referencia. El manejo ponderado y ortodoxo en cuanto a controlar la liquidez de la economía y evitar un desborde mayor en materia de consumo -que hoy aparece como el principal motor del leve repunte económico- fue lo que evitó una disparada en los precios de los productos, bienes y servicios.

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Otro de los elementos patentes, luego de conocerse ayer el dato del DANE sobre la inflación anual, tiene que ver con la comprobación de que el aumento del salario mínimo mensual decretado por el Gobierno para 2026 resultó claramente desproporcionado.

El incremento del 23 % en la remuneración básica significó un reajuste del 450 % frente a la inflación causada. Las consecuencias de aplicar ese inédito concepto del “salario vital”, desconociendo las realidades laborales, empresariales y el momentum económico, han sido muy graves: alerta roja por el encarecimiento de la vivienda de interés social, incrementos automáticos en el precio de muchos productos, servicios y tarifas, así como el congelamiento de nóminas o incluso una ola de despidos y de no renovación de contratos en muchas empresas, sobre todo las de menor tamaño.

También hay alarma general por el impacto dramático de la desaforada alza salarial en los tiempos y montos de ahorro de los trabajadores afiliados a fondos privados de pensiones… Y eso que apenas si llevamos nueve días corridos de este año y todavía están por verse muchos otros coletazos de una decisión salarial que, a no dudarlo, tuvo más motivaciones politiqueras y electorales, que técnicas y objetivas.

De hecho, la mayoría de los analistas han advertido que, frente a las presiones inflacionarias del último semestre, que se incrementarán por el impacto del inusitado reajuste salarial para 2026 y el no menos duro golpe por la cascada de impuestos derivada de la controvertida declaratoria de estado de emergencia económica a la que acudió el Gobierno para tratar de atajar la crisis fiscal, es muy posible que el Banco de la República se incline por aumentar sus tasas de interés a finales de enero.

Esa prevención no es para menos si se revisa que en 2025 lo que más se encareció en la canasta familiar fueron los rubros de restaurantes y hoteles (7,91 %), educación (7,36 %), salud (7,20 %), bebidas alcohólicas y tabaco (6,37 %) y transporte (5,35 %), todos productos y servicios de alta demanda diaria, imprescindibles e incluso varios con precios regulados.

Para el Emisor es claro que los desafueros en la política económica de la saliente administración de izquierda no pueden llevar a un nuevo pico de carestía que, por más que en la Casa de Nariño traten de negarlo, siempre golpea con más drasticidad a las personas pobres y en estado de vulnerabilidad. Desconocer que el aumento de los costos de nómina y producción en todas las actividades económicas -ya sean formales e informales- y una mayor carga tributaria a empresas y personas naturales no se trasladarán en buena parte al usuario y consumidor final, resulta una grave ingenuidad.

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