Alerta roja electoral.

*399 municipios con “riesgo extremo y alto”

*Urge respuesta eficaz y rápida del Gobierno

A dos meses y cinco días para la cita en las urnas en que se escogerán a los ejecutivos y legislativos departamentales y municipales las alarmas en torno al clima de violencia e inseguridad que está marcando la contienda proselitista siguen encendiéndose, cada vez con mayor intensidad.

Gobernadores, alcaldes, Fiscalía, Procuraduría, Registraduría, Defensoría del Pueblo, así como partidos políticos y candidatos, al igual que organizaciones no gubernamentales de monitoreo de la campaña han reiterado en los últimos meses que los grupos armados ilegales y otras facciones de delincuencia organizada y común vienen aumentando amenazas, hostigamientos, presiones a la ciudadanía y otro tipo de acciones para interferir en la actividad de los aspirantes.

Lamentablemente, los mandatarios seccionales y locales sostienen que el Gobierno no ha procedido con la diligencia debida para hacer frente a esta complicada situación y, por el contrario, la semana pasada el ministro del Interior respondió de manera destemplada a los gobernadores que volvieron a advertir sobre el deterioro progresivo de la seguridad y el orden público.

Como lo indicamos en estas páginas, este no es un tema que deba caer en el caldero de la polarización política ni terminar imbuido en el debate permanente alrededor de la política de paz de este Gobierno. De hecho, ante los nuevos campanazos de las federaciones nacionales de Departamentos y Municipios, se urgió la convocatoria extraordinaria del Comité de Garantías Electorales. Finalmente sesionó, el jueves pasado, el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral.

Entretanto, el panorama en las regiones se continúa complicando, como lo evidencia la Alerta Temprana Electoral que emitió ayer la Defensoría del Pueblo, según la cual 399 municipios se encuentran en riesgo extremo y alto de hechos de violencia alrededor de la puja proselitista.