Antiguo predio de narcotraficante será entregado a familias campesinas para proyectos agrícolas.

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El predio Miralindo que años atrás perteneció a un narcotraficante, pasará a manos de 10 asociaciones campesinas y 40 unidades agrícolas familiares que hacen parte del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC). Este terreno solo se puede destinar para uso agrícola, esto significa que no se podrá utilizar para temas de urbanismo y se deben respetar las zonas de protección ambiental.

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

El predio Miralindo, que años atrás perteneció a un narcotraficante, será destinado ahora al desarrollo de proyectos agrícolas liderados por 10 asociaciones campesinas y 40 unidades agrícolas familiares vinculadas al Plan Integral de Reparación Colectiva. La iniciativa busca fortalecer los procesos de restitución, producción rural y recuperación social del territorio mediante el uso legal y productivo de estas tierras.

Las autoridades confirmaron que el terreno tendrá un uso exclusivamente agrícola, por lo que no podrá destinarse a proyectos urbanísticos ni a construcciones que alteren la finalidad establecida dentro del proceso de reparación colectiva. Asimismo, se deberá garantizar la protección de las áreas ambientales presentes en el predio, respetando las normas relacionadas con conservación y sostenibilidad.

El proyecto representa una oportunidad para decenas de familias campesinas que durante años han buscado acceso a tierras productivas y respaldo institucional para fortalecer sus actividades rurales. A través del Plan Integral de Reparación Colectiva, las comunidades beneficiadas esperan mejorar sus condiciones económicas, impulsar la producción agrícola y consolidar procesos de desarrollo sostenible en la región.

Expertos en temas agrarios consideran que la transformación de bienes vinculados al narcotráfico en espacios de producción campesina tiene un fuerte simbolismo social, ya que permite recuperar territorios afectados por economías ilegales y convertirlos en escenarios de trabajo, legalidad y generación de oportunidades para comunidades rurales.

Además del impacto económico, el proyecto también busca fortalecer la organización comunitaria y promover prácticas responsables con el medio ambiente. Las autoridades insistieron en que las zonas de protección ecológica deberán conservarse intactas, garantizando que el aprovechamiento agrícola del terreno se realice bajo criterios de sostenibilidad y respeto ambiental.

English version

Former drug trafficker’s property to be handed over to farming families for agricultural projects

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator Journalist. Professional License 0222 issued by the National Ministry of Education

The Miralindo property, which years ago belonged to a drug trafficker, will now be used for agricultural projects led by 10 farming associations and 40 family farming units connected to the Comprehensive Collective Reparation Plan. The initiative seeks to strengthen land restitution, rural production, and social recovery processes through the legal and productive use of the land.

Authorities confirmed that the property will be designated exclusively for agricultural use, meaning it cannot be used for urban development projects or construction activities that conflict with the objectives established under the collective reparation process. In addition, environmental protection areas located on the land must be preserved in accordance with conservation and sustainability regulations.

The project represents an opportunity for dozens of rural families that have long sought access to productive land and institutional support to strengthen their farming activities. Through the Comprehensive Collective Reparation Plan, the beneficiary communities hope to improve economic conditions, expand agricultural production, and consolidate sustainable development processes in the region.

Experts in rural development believe that transforming properties once linked to drug trafficking into productive farming areas carries strong social significance, as it allows territories affected by illegal economies to become spaces for lawful work, opportunity generation, and community growth.

Beyond its economic impact, the initiative also aims to strengthen community organization and encourage environmentally responsible practices. Authorities stressed that ecological protection zones must remain untouched, ensuring that agricultural activities on the property are carried out under principles of sustainability and environmental respect.

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