SALARIO MÓNIMO, REFORMA LABORAL Y DÓLAR: FEDESARROLLO DESTAPA LAS CARTAS DE LO QUE SE AVECINA PARA LA ECONOMÍA COLOBIANA.-

En diálogo con Infobae Colombia, el director ejecutivo de la entidad, Luis Fernando Mejía, indicó que cerca de 600.000 colombianos perderían su empleo con la iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro, por lo que espera que el Senado de la República haga modificaciones a varios artículos ya aprobados por la Cámara de Representantes

PorJuan Escobar Fernández

06 Oct, 2024 07:02 a.m. CO

Expertos creen que la nueva reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro llega en un momento inconveniente para la economía de los colombianos – crédito iStock

Sin duda alguna, Colombia pasa por un momento decisivo en lo que tiene que ver con la economía. Esto, debido a que en el Congreso de la República se debate el proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, cuyo articulado ya fue aprobado en más de 40% por la Cámara de Representantes (el debate se retoma el 7 de octubre), aunque debe surtir trámite en el Senado.

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Pese a que sigue adelante, los gremios productivos se muestran en contra de la iniciativa, ya que esta, según la misma ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no genera empleo ni combate la informalidad del país, sino que busca garantizar los derechos laborales, con lo que se concluye que habrá sobrecostos para las empresas, sobre todo, por la modificación a la jornada laboral (la jornada nocturna empezará a las 7:00 p. m. y no a las 9:00 p. m., como en la actualidad).

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Además de eso, el Ministerio de Hacienda presentó a la corporación un nuevo proyecto de reforma tributaria o ley de financiamiento que buscará recaudar hasta $12 billones, gracias a la modificación del impuesto de renta, que hará que más personas naturales declaren ingresos y egresos, así como cambios en el impuesto al carbono, lo que generará nuevas alzas en el precio de los combustibles.

También, empezó a hablarse del aumento del salario mínimo para 2025, otro posible dolor de cabeza para las empresas, pues un aumento desmesurado puede hacer que cada trabajador salga más costoso y haya menos oferta de empleo.

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Sobre el posible alza para el próximo año ya hay varias proyecciones. Una de ella la dio el director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, Camilo Pérez Álvarez, quien indicó que se espera que pueda subir cerca del 8% y pasar de $1.300.000 a $1.400.000.

La Cámara de Representantes ya aprobó el 40% del proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro – crédito Nathalia Angarita/Reuters

Otro asunto tiene que ver con el precio del dólar, que sigue por encima de los $4.000 (cerró en $4.173,64 el 4 de octubre) y no deja de generar presiones a la economía colombiana, en la que se perciben productos y servicios cada vez más caros, pese a que la inflación viene en un notable descenso (cerró en 6,12% anual n agosto de 2024, según el Dane).

A estos asuntos se refirió el director ejecutivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), Luis Fernando Mejía. En diálogo con Infobae Colombia, el también ex director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) dios sus previsiones sobre lo que viene para los colombianos en este sentido.

¿Qué análisis hace de los recientes movimientos del dólar y qué se espera para el resto de 2024?

El dólar ha tenido un ligero aumento relacionado, especialmente, con factores externos. La noticia de lo que es una recuperación de la actividad productiva en Estados Unidos, con muy buenos datos en materia del mercado laboral, muestra que la economía de dicho país continúa muy resiliente. Eso hace más atractivo, en términos relativos, a la moneda estadounidense y, en general, puede aumentar el precio del dólar, es decir, una depreciación que ha sido pequeña, pero al final de cuentas el alza es por una depresión de la moneda colombiana.

También, en ese movimiento estuvo involucrado el comportamiento de la percepción del riesgo fiscal en Colombia, en especial, lo que tiene que ver con la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, el comportamiento del recaudo en lo corrido del año hasta agosto, que ha sido muy negativo y registra una caída de 14,9% en términos reales.

Además, está lo que tiene que ver con la nueva ley de financiamiento, que generó algo de incentivo al alza, así que hay, principalmente, factores externos, pero también internos que llevaron a una depreciación de nuestra moneda.

¿Cuál es la conclusión que hace del hecho de que el Presupuesto General de la Nación para 2025 se expida por decreto y que no haya tenido consenso en el Congreso de la República?

No es una buena noticia. Desde la Constitución del 91 es la primera vez en más de 30 años en donde un Gobierno no logra de manera exitosa aprobar ese PGN que se presenta siempre en agosto. Eso, naturalmente, está relacionado con el riesgo que hay frente al financiamiento de ese presupuesto.

Se analizó y, desde Fedesarrollo y otros analistas, se pusieron ciertas alertas sobre la mesa sobre componentes relacionados, primero, con la ley de financiamiento. Es una ley, o una reforma tributaria, que no tiene mucho ambiente político y, técnicamente, consideramos inconveniente.

Ahí hay unos recursos de cerca de $12 billones y, al menos, $14,6 billones adicionales que el Gobierno incorporó como recursos que vendrían de una mejor gestión de la Dian, una cifra que es mucho más alta de lo que con normalidad son los recursos que provienen de la gestión de la entidad.

Luis Fernando Mejía es el director ejecutivo de Fedesarrollo desde 2018. Fue director del DNP entre 2017 y 2018 y director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda entre 2012 y 2014, así como investigador junior del Banco de la República entre 2010 y 2012 – crédito DNP

Esa inquietud, sobre el monto del presupuesto y la capacidad del Gobierno para financiarlo, generó una reticencia del Congreso de la República para aprobar el monto del PGN este año y vamos a terminar en el escenario donde el Gobierno tendrá que expedirlo vía decreto, un acto administrativo. Sin embargo, si la ley de financiamiento no se aprueba, eso implicaría que el Gobierno tendría que hacer una aplazamiento de ese presupuesto, es decir un recorte, para compensar esos mejores ingresos que no vendrían de esa ley de financiamiento.

Así que no es una buena noticia. Idealmente, hubiera sido importante llegar a acuerdos entre el Gobierno y el Congreso, pero no se logró y eso es algo atípico en el ordenamiento legal del país.