EL RETO DE UNA AMISTÍA GENERAL EN LA REPÚBLICA DE VENEZUELA.-

PRESIDENTA INTERINA DE VENEZUELA, DELCY RODRIGUEZ.-

Domingo, 2 de Febrero de 2026.-

El anuncio el viernes pasado por parte de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en torno a solicitar a la Asamblea Nacional que tramite y apruebe con carácter de urgencia “una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente», generó reacciones encontradas en ese país y algunas instancias internacionales.

De un lado hubo opiniones en torno a que se trata de un paso en la dirección correcta por cuanto esa nación lleva más de dos décadas y media en una profunda polarización y, mientras esta persista, será imposible que el actual gobierno de transición -en cabeza del chavismo pero bajo una tutela estricta de Estados Unidos desde que el pasado 3 de enero tropas de ese país capturaron al dictador Nicolás Maduro- o una administración nueva liderada por la oposición puedan cimentar las bases de una nueva agenda pos-régimen autoritario.

De hecho, esas amnistías generales son un mecanismo al que se ha acudido en varios países como fórmula para dejar atrás situaciones graves de conflicto armado interno, transiciones a la democracia o incluso tensiones políticas que llevaron a climas de guerra civil o violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del poder gubernamental o sus opositores.

En la otra orilla están los analistas, dirigentes políticos y demás sectores internos y externos que advierten que una “amnistía general” es inviable porque la legislación trasnacional actual, como lo son los tratados de la ONU o el Estatuto de Roma (que soporta la vigencia de la Corte Penal Internacional), restringe esta clase de acuerdos cuando benefician a los responsables de delitos atroces y de lesa humanidad, como es el caso de muchos de los cabecillas del régimen chavista.

Proceder a un perdón automático general no solo lesionaría el derecho de las decenas o centenares de miles de víctimas de la dictadura a obtener justicia, sino que sería una puerta abierta a la impunidad para los culpables de ordenar o instigar asesinatos, represión violenta a manifestantes, desaparición de opositores, encarcelamientos injustos, torturas, expropiaciones, el desplazamiento forzado de ocho millones de venezolanos al exterior y robos billonarios al erario, entre muchas otras conductas impuestas por la satrapía chavista.

También existe el riesgo de que por la vía de una “amnistía general” no solo se perdone a los responsables de delitos de lesa humanidad y atroces, sino de que estos queden habilitados políticamente para participar en elecciones y tratar de recuperar el poder acudiendo a la fortuna hurtada o mecanismos violentos de coerción a la ciudadanía.

Este es un debate que apenas comienza. Habrá que esperar el texto de la ley de “amnistía general” para revisar qué delitos quedarían excluidos del beneficio judicial y político. También falta por escuchar la voz de las organizaciones de víctimas e incluso de la comunidad internacional, como la CPI que ya procesa a Maduro y tiene en la mira a otros cabecillas de la dictadura que hacen parte del gobierno de transición.