RAPONAZO A LA REGIONES.-

vIERNES, 23 de Enero de 2026.-

* Emergencia económica ilegal e improcedente

* La justa y lógica postura de los gobernadores  

Tres elementos quedaron claros ayer en la reunión entre el Gobierno nacional y diecisiete gobernadores por el alto impacto en las finanzas de las administraciones territoriales de los decretos del estado de emergencia económica y social, declarado por la Casa de Nariño el pasado 22 de diciembre bajo el argumento de atajar una crisis fiscal aguda.

Aunque la Corte Constitucional debía abocar de inmediato el control de exequibilidad solo comenzó la semana pasada, una vez terminó la vacancia judicial, sin duda una restricción procesal que debe replantearse de manera urgente, por obvias razones. Aun así, en escasos cuatro días el Consejo Gremial, congresistas, particulares y gobernadores radicaron varias demandas contra la mencionada declaratoria al considerar que la motivación alegada por el Ejecutivo, en torno a que se justificaba la emergencia como herramienta para evitar el agravamiento del descalabro en las finanzas oficiales, no cumple con los requisitos de excepcionalidad y sobreviniencia que exige la Carta del 91. Por el contrario, la plataforma argumental de los sectores que piden tumbar el estado de emergencia y toda norma derivada enfatiza que la crisis fiscal del Gobierno nacional central se generó por haber disparado, a lo largo de tres años largos de mandato, el gasto y el endeudamiento públicos de manera desaforada, antitécnica e irresponsable, pese a todas las advertencias nacionales e internacionales en el lapso.

Como la cascada de impuestos que el Ejecutivo decretó al amparo de esta declaratoria ya empezó a golpear duramente a entidades públicas y privadas, así como a los particulares, la mayoría de los gobernadores decidió acudir a los recursos y herramientas que les otorga la Constitución y la ley para proteger las finanzas de los gobiernos territoriales ante el billonario raponazo a sus recursos, sobre todo los que recaudan por el consumo de licor y cigarrillos, dineros que se invierten en educación, salud y deporte en sus respectivas jurisdicciones. Acciones de tutela, la ya mencionada demanda ante la Corte para derogar el decreto matriz de la emergencia y la aplicación del principio de excepción de inconstitucionalidad, hacen parte de ese arsenal jurídico.  

Como se sabe, este último principio permite a cualquier colombiano inaplicar normas legales, reglamentarias o de cualquier otra índole cuando se evidencie “una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales”. En el caso de la emergencia, los gobernadores consideran válido acudir a esta figura bajo la tesis de que el decreto matriz y los dictados a su amparo son claramente violatorios de los mandatos de la Carta sobre cuándo es viable acudir a un estado de excepción y qué se puede implementar en desarrollo del mismo.

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En ese orden de ideas, en modo alguno puede la Casa de Nariño o sus ministros, asumiendo una postura que raya en lo autoritario, censurar o descalificar a los mandatarios seccionales por activar los mecanismos que la propia Carta y ley facultan. Incluso, aunque periodísticamente se habla de una “rebelión” de los gobernadores, en el escenario estrictamente jurídico no hay tal. Por el contrario, están actuando atados al marco institucional y el principio de legalidad. 

Visto ese escenario, de la reunión ayer entre los gobernadores con los titulares de Hacienda, Interior y otros altos funcionarios se pueden extrapolar tres conclusiones. La primera, que en su afán de recursos para contener la crisis fiscal que él mismo creó y agravó, el Gobierno está transgrediendo los niveles de autonomía administrativa, de rentas cedidas y de inversión social que la Constitución les reconoce a las jurisdicciones territoriales. Un lesivo proceder ya exhibido en otros casos en que también invadió la descentralización, ámbitos y competencias departamentales y municipales.

Una segunda lección constata que la administración presidencial, pese a que le faltan escasos siete meses de mandato, no ha podido aceptar el resultado de las elecciones regionales y locales de 2023, en donde la izquierda fue la gran derrotada y la mayoría de titulares de gobernaciones y alcaldías provenían del antipetrismo y han sido en los últimos dos años un dique de contención al rumbo nefasto y crítico que la Casa de Nariño le ha dado al país. Nunca se había experimentado un Gobierno nacional central tan en contravía de las regiones por motivos puramente de afinidad política e ideológica.

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Por último, pero no menos importante, resulta claro que en toda esta controversia hay un mensaje intrínseco a la Corte Constitucional en torno a la necesidad de que, obviamente respetando el debido proceso, se produzca lo más pronto posible el fallo sobre la emergencia económica. Los efectos de esta en múltiples flancos son muy profundos y la incertidumbre marca el escenario nacional en lo político, económico, social e institucional.