Colombia gestiona con Maduro liberación de connacionales detenidos.

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Rosa Yolanda Villavicencio, canciller de Colombia.

El gobierno colombiano anunció que desde octubre ha iniciado negociaciones diplomáticas con el régimen venezolano para lograr la liberación de al menos 40 colombianos detenidos en Venezuela, muchos de ellos acusados sin procesos claros o bajo cargos políticos. Las gestiones buscan garantizar el debido proceso y evitar detenciones arbitrarias que, según el Ejecutivo, vulneran derechos humanos.

La ministra de Relaciones Exteriores ha señalado que Colombia sigue un modelo similar al que permitió que Venezuela liberara previamente a ciudadanos estadounidenses, esperando replicar esa fórmula para sus propios nacionales. Hasta ahora, los familiares desconocen la situación exacta de los detenidos, entre quienes se encuentran personas que llevan meses sin noticias y sin acceso a representación legal.

Este esfuerzo diplomático ocurre en medio de la tensión política entre Bogotá y Caracas: Colombia no reconoce los resultados electorales de Venezuela de 2024 y exige respeto al derecho internacional humanitario. La negociación es un paso delicado que combina presión diplomática y búsqueda de canales humanitarios.

Especialistas advierten que el principal reto será que el régimen venezolano cumpla los acuerdos, pues en múltiples ocasiones ha postergado liberaciones o impuesto condiciones inesperadas. Si Colombia logra efectividad en estas gestiones, podría sostener un precedente para reclamos similares en la región.

English version

Colombia negotiates with Maduro to free detained nationals

The Colombian government announced that since October it has initiated diplomatic talks with the Venezuelan regime to secure the release of at least 40 detained Colombians, many accused under unclear or political charges. The efforts aim to guarantee due process and prevent arbitrary detentions allegedly violating human rights.

The Foreign Minister indicated that Colombia is following a model similar to that which enabled Venezuela to release U.S. citizens in the past, hoping to replicate that approach for its own nationals. So far, families lack clear information about the detainees, many of whom have had no contact or legal representation for months.

These diplomatic efforts occur amid political tension between Bogotá and Caracas: Colombia does not recognize the 2024 Venezuelan elections and demands adherence to international humanitarian law. The negotiation is a delicate balance of diplomatic pressure and humanitarian initiatives.

Analysts warn that the main challenge will be ensuring the Venezuelan regime honors any agreement, as it has delayed releases before or imposed unexpected terms. If Colombia succeeds, it could set a precedent for similar human rights claims across the region.