EL VIRUS ANARQUISTA.

* ¿Resignación del Senado?

/Foto Presidenc

Sábado, 14 de Junio de 2

Sometido el país a la anarquía es un imperativo categórico para el pueblo colombiano, en su conjunto indivisible, la defensa a ultranza de la democracia nacida de su poder soberano. En efecto, de esa democracia hoy en grave riesgo de morir. Y que, puesta en vigencia a través de los delegatarios elegidos en legítima representación del constituyente primario, decretaron, sancionaron y promulgaron la Constitución de 1991, con el fin de configurar el poder público en los estrictos términos allí consignados y dar piso jurídico al Estado social derecho.

Por tanto, la sublevación de los espíritus demócratas, la denuncia del actual abismo constitucional inducido, la templanza de la ciudadanía frente a la zozobra que, desde diversos flancos, armados y no armados, se pretende imponer y todas las manifestaciones civiles para reafirmar el sistema de orden y libertades soportado en las instituciones, han entrado a ser parte ineludible de la agenda de todos y cada uno de los colombianos a modo de cordón sanitario.

No en vano la impúdica mano de la autocracia, disfrazada de falsaria erudición constitucional y suelta de agente patológico al igual que una virulenta epidemia inoculada desde las máximas esferas del Ejecutivo, como si la Carta fuera un desenfrenado laboratorio experimental, avanza su progresión mortífera sobre el sistema democrático. En este caso, y ciertamente a semejanza de los gérmenes de tan ingrata y fresca memoria, el objetivo maligno es asfixiar el cuerpo institucional desde adentro y producir una aguda crisis orgánica hasta el fenecimiento.

En esa funesta dirección, esta semana el Ejecutivo expidió un espurio decreto, usurpando la cláusula general de competencia otorgada por la Constitución al Senado, sobre su obligatorio e insalvable concepto, favorable o desfavorable, frente a consultas populares de iniciativa presidencial. Como, dentro de sus atribuciones constitucionales -perentorias y explícitas- la corporación se decidió por la negativa, los operadores y oráculos del régimen en curso adujeron, en ese intempestivo decreto, una supuesta excepción de inconstitucionalidad. Que es precisamente el ingrediente patológico que demuele la democracia para, con su fin, instaurar la autocracia al derruir la autonomía y separación entre las ramas y órganos del poder público, el tejido sistémico de pesos y contrapesos de la institucionalidad democrática, y la prevalencia de las disposiciones constitucionales.

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Por el contrario, esta prevalencia es la que tiene que alegar el Senado cuando, una vez desembozado el decreto, el Ejecutivo desconoció de modo tan pernicioso y flagrante la decisión del Legislativo amparada directamente en la Constitución. Que es, justamente, de lo que trata la excepción de inconstitucionalidad cuando la Carta establece que ella es norma de normas. Y que en todo caso de incompatibilidad entre esta y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

No es del caso discutir, en esa vía, si en el control constitucional difuso que plantea el régimen se pueda llegar al extremo de que el Ejecutivo, como suprema autoridad administrativa, adquiera automáticamente la condición de Corte Constitucional, Consejo de Estado y de prácticamente toda la rama jurisdiccional que, ciertamente, no es el sentido ni el espíritu de los fallos ni de la jurisprudencia emitida por las autoridades competentes cuando mencionan una eventual excepción de inconstitucionalidad por una instancia administrativa. No es esa la posibilidad cuando lo que se pretende de bulto es crear una implosión institucional, suscitar el enfrentamiento inverecundo entre las ramas y derruir los esenciales del poder público. De hecho, es un atentado contra lo dictaminado por la soberanía popular al respecto.

Más aún, a cualquiera es dable constatar el muy probable fraude procesal incurso en la temeraria motivación del tal decreto, cuando a divergencia de lo alegado se procede, sin racionalidad ni razonabilidad alguna, a enumerar supuestas violaciones en el concepto desfavorable del Senado, fácilmente controvertibles a la luz de lo actuado, bajo claras competencias constitucionales, sustentado en el principio de legalidad y por ende objeto de presunción de constitucionalidad. Que no por el dicho decreto sigue manteniéndose en firme.  

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El punto en todo caso, aparte de poderse controvertir una a una las falacias aducidas por el Ejecutivo para enervar y pasarse por la faja la legítima y obligatoria actuación del Senado, es que corre de plano para la entidad, además de otros recursos, emitir una excepción de inconstitucionalidad bajo los mismos términos del denominado control difuso que le cabe al amparar el acto que consagró. Porque ni más faltaba que se cruzara de brazos frente al entrampamiento a que está siendo sometida la rama Legislativa a razón de intentar reducirla a la impotencia y la inanidad por parte de la Ejecutiva. Se dirá que no hay excepción de inconstitucionalidad sobre otra excepción de igual factura. Pero son dos hechos, aunque relacionados, también independientes, cuando por intermedio de una norma de menor rango, como el tal decreto, se están inaplicando notoria, pública y flagrantemente las disposiciones constitucionales que le atañen al Senado y que se predican de la Constitución como norma de normas.

Efectivamente, una excepción de inconstitucionalidad que, dentro de los principios fundamentales señalados en la misma Carta, esté dirigida a inaplicar la dicha norma jurídica y dejé en firme su decisión, fundándose en las disposiciones constitucionales transgredidas, a la vez que poniendo de presente la inexistencia y las demás disposiciones ilegítimas del mentado decreto, tanto al omitir a sabiendas el concepto desfavorable del Senado como también apuntando la evidente extralimitación en las funciones de los servidores públicos, al máximo nivel gubernamental. Es decir, empleando en todo rigor la supremacía y el carácter prevalente de la Constitución, sin desmayo ni evasiones. Aquí y ahora, para amparar el orden legítimo y eliminar el fatídico virus de la anarquía seudo institucionalizada por medio de la cual se propaga la autocracia.