Vacantes de 36 horas semanales generan debate sobre el salario mínimo en Colombia.

En Colombia, desde inicios de 2026, se ha registrado un aumento significativo en las ofertas laborales de 36 horas semanales, una estrategia utilizada por algunas empresas para evitar pagar el nuevo salario mínimo de 2 millones de pesos decretado por el Gobierno. Estas vacantes, publicadas en plataformas de empleo, han despertado preocupación entre sindicatos y expertos, quienes cuestionan si esta práctica es realmente legal y si vulnera el derecho a una remuneración justa.

La tendencia se intensificó tras el incremento oficial del salario mínimo, que busca garantizar mejores condiciones de vida para los trabajadores. Sin embargo, al reducir la jornada laboral, los empleadores ajustan proporcionalmente el pago, lo que en muchos casos deja a los empleados con ingresos inferiores al mínimo establecido. Este fenómeno plantea un dilema: ¿se trata de una oportunidad flexible para quienes buscan menos horas de trabajo, o de una forma encubierta de precarización laboral?

El debate no es exclusivo de Colombia. En otros países de la región, como México y Chile, también se han observado intentos de modificar las jornadas para reducir costos empresariales. La diferencia radica en que, en Colombia, la Constitución protege el derecho a un salario mínimo vital y móvil, lo que obliga a que cualquier modalidad de contratación respete la proporcionalidad y dignidad del ingreso.

Organizaciones sindicales han advertido que estas vacantes podrían convertirse en un precedente peligroso, incentivando la informalidad y debilitando la protección laboral. Además, señalan que los trabajadores más jóvenes y aquellos en búsqueda de su primer empleo son los más vulnerables a aceptar estas condiciones, lo que podría ampliar la brecha de desigualdad en el mercado laboral.

El Ministerio de Trabajo ha reiterado que la reducción de la jornada semanal es legal siempre que se respete la proporcionalidad del pago. No obstante, expertos en derecho laboral insisten en que la práctica debe ser vigilada para evitar abusos. El desafío ahora es encontrar un equilibrio entre la flexibilidad empresarial y la garantía de un ingreso digno para los trabajadores colombianos.

English version

36-Hour Job Vacancies Spark Debate Over Minimum Wage in Colombia

Since early 2026, Colombia has seen a sharp rise in 36-hour weekly job offers, a strategy used by some companies to avoid paying the new minimum wage of 2 million pesos set by the Government. These vacancies, widely advertised on employment platforms, have raised concerns among unions and labor experts, who question whether this practice is truly legal and whether it undermines the right to fair compensation.

The trend intensified after the official increase in the minimum wage, aimed at improving workers’ living conditions. However, by reducing weekly hours, employers proportionally adjust salaries, often leaving employees with earnings below the established minimum. This situation raises a dilemma: is it a flexible option for those seeking fewer hours, or a disguised form of labor precarization?

The debate is not unique to Colombia. In other Latin American countries, such as Mexico and Chile, similar attempts to modify working hours have been observed to cut business costs. The difference in Colombia is that the Constitution protects the right to a vital and mobile minimum wage, requiring that all employment modalities respect proportionality and dignity of income.

Labor unions warn that these vacancies could set a dangerous precedent, encouraging informality and weakening worker protections. They also highlight that younger workers and those seeking their first job are the most vulnerable to accepting such conditions, potentially widening inequality in the labor market.

The Ministry of Labor has reiterated that reducing the weekly schedule is legal as long as proportional payment is respected. However, labor law experts insist that the practice must be closely monitored to prevent abuses. The challenge now is to strike a balance between business flexibility and ensuring a fair income for Colombian workers.