Risaralda registra aumento alarmante en delitos sexuales tras una década de seguimiento.

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

Un informe del DANE reveló que durante los últimos diez años, Risaralda ha registrado un incremento significativo en los delitos sexuales, específicamente en casos de explotación sexual comercial de menores. Entre 2015 y 2025, se documentaron 479 incidentes en el departamento, colocándolo en el puesto 12 a nivel nacional. Este hallazgo, publicado recientemente, resalta una tendencia preocupante que requiere atención inmediata por parte de las autoridades y la sociedad civil.

Pereira emerge como el municipio con mayor incidencia, concentrando 247 de los casos reportados. Esta cifra representa más de la mitad de todos los registros a nivel departamental y refleja una problemática urbana compleja. El aumento de la violencia sexual en la capital risaraldense no solo afecta a las víctimas directas, sino que genera un impacto profundo en la seguridad ciudadana y la confianza en las instituciones locales encargadas de la protección infantil.

En 2025, la tasa de delitos sexuales en Risaralda superó el promedio nacional por primera vez en la última década, evidenciando un repunte marcado en comparación con los datos de 2024. Este comportamiento indica que las estrategias de prevención y control implementadas hasta la fecha podrían no ser suficientes para frenar la ola de criminalidad. Los expertos señalan que la falta de detección temprana y la subnotificación podrían estar ocultando una realidad aún más grave de la que muestran las cifras oficiales.

El contexto histórico muestra que, aunque se han realizado esfuerzos por fortalecer los mecanismos de denuncia, la protección de menores sigue siendo un desafío prioritario en la región. La persistencia de estos delitos sugiere la necesidad de implementar políticas públicas más agresivas, así como de fortalecer la articulación entre el sistema judicial, las entidades de bienestar familiar y la comunidad. La lucha contra la explotación sexual exige un compromiso transversal que involucre a todos los sectores de la sociedad para garantizar un entorno seguro para la niñez.

La situación en Risaralda sirve como una señal de alarma para otras regiones del país, donde patrones similares podrían estar emergiendo sin la debida atención. La transparencia en la divulgación de datos por parte del DANE es crucial para diseñar intervenciones efectivas y medir el impacto de las acciones gubernamentales. Sin una respuesta contundente y coordinada, el riesgo de que esta tendencia continúe al alza es inminente, poniendo en grave peligro el futuro de miles de niños y adolescentes.

English version

Risaralda registers alarming increase in sexual crimes after a decade of monitoring.

A DANE report revealed that over the last ten years, Risaralda has recorded a significant increase in sexual crimes, specifically in cases of commercial sexual exploitation of minors. Between 2015 and 2025, 479 incidents were documented in the department, placing it 12th nationally. This finding, published recently, highlights a worrying trend that requires immediate attention from authorities and civil society.

Pereira emerges as the municipality with the highest incidence, concentrating 247 of the reported cases. This figure represents more than half of all records at the departmental level and reflects a complex urban problem. The rise in sexual violence in the capital of Risaralda not only affects the direct victims but also generates a profound impact on citizen security and trust in local institutions responsible for child protection.

In 2025, the sexual crime rate in Risaralda exceeded the national average for the first time in the last decade, evidencing a marked increase compared to 2024 data. This behavior indicates that prevention and control strategies implemented to date may not be sufficient to curb the wave of criminality. Experts point out that the lack of early detection and underreporting could be hiding a reality even graver than what official figures show.

The historical context shows that, although efforts have been made to strengthen reporting mechanisms, child protection remains a priority challenge in the region. The persistence of these crimes suggests the need to implement more aggressive public policies, as well as to strengthen articulation between the judicial system, child welfare agencies, and the community. The fight against sexual exploitation requires a transversal commitment involving all sectors of society to guarantee a safe environment for children.

The situation in Risaralda serves as an alarm signal for other regions of the country, where similar patterns could be emerging without due attention. Transparency in data disclosure by DANE is crucial to design effective interventions and measure the impact of government actions. Without a decisive and coordinated response, the risk of this trend continuing to rise is imminent, putting the future of thousands of children and adolescents in grave danger.