Por William Garcia Rodriguez, Conducta Anticorrupciòn

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Sin tributos no hay finanzas públicas, sin estas no hay Estado y sin Estado no hay orden político ni organización social. Una de las características de los estados modernos es el monopolio sobre la tributación es decir, es el único que puede crear y cobrar impuestos a todos los ciudadanos.

La corrupción sustrae inmensos recursos públicos debilitando la acción del Estado, limitando su presencia en el territorio, impidiendo la ejecución de políticas públicas, restando gobernanza y gobernabilidad y deslegitimando las instituciones.
He sostenido en columnas anteriores que si bien la corrupción encarna en las personas corruptas, es un fenómeno inherente al régimen político en Colombia.

Las relaciones entre congresistas y los gobiernos en todos los niveles territoriales está hecho para corromper, igual que las relaciones entre los sectores privados y los funcionarios públicos cuando con sus decisiones pueden afectar las rentas empresariales.

Así mismo lo son las prácticas electorales para elegir y reelegir parlamentarios en las regiones: la compra de votos, el clientelismo, la repartición por cuotas de las entidades públicas que conlleva el control del presupuesto, de los puestos y de las decisiones, que a su vez enganchan a los empresarios interesados en obtener contratos con el Estado.

Estos son apenas algunos ejemplos.

La lucha contra la corrupción es poco exitosa porque los organismos de control son inferiores a la capacidad de los agentes corruptores y además ponen el acento en el corrupto, pero esto no conlleva un combate a las relaciones que las generan.

Esta visión de poner el acento en las personas y no en las relaciones institucionales tóxicas para acabar con el fenómeno es poco efectiva como se ve claramente en el crecimiento de la corrupción generalizada.

Por ello no es suficiente como creen algunos dirigentes gremiales y empresariales cada que estalla un escándalo de corrupción, declarar que rodean a los organismos de control para que investiguen y que caiga el peso de la ley sobre los responsables. Estas declaraciones son inocuas. Hay que decidirse a enfrentar la corrupción y no solo a los corruptos.

La consulta del 26 de agosto es una excepcional oportunidad para que todos aquellos que les duele que sus impuestos se los roben con las consecuencias nefastas que esto implica puedan participar para detener este fenómeno.

La consulta es la iniciativa que históricamente mejor le apunta a la lucha contra la corrupción, sabemos que no bastará pero será la punta de lanza para empezar a recorrer un camino siempre difícil.

Las nuevas generaciones de colombianos estarían muy agradecidas si los gremios empresariales y sus afiliados, la iglesia católica y sus fieles, los directorios cristianos y sus creyentes, las asociaciones de profesionales, y los partidos de gobierno dan un paso al frente con sus acciones para impulsar, promocionar, organizar y movilizar para que todos salgamos a votar siete veces sí, el 26 de agosto.

Dios ilumine la mente y el corazón de los parlamentarios Atilano, Luciano, Diego y Aydeé para que se comprometan decididamente a movilizar a sus electores a marcar siete veces sí, en el tarjetón, el día de la consulta.

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