Contra el general (r), que logró los mayores reconocimientos por su labor en el Gaula en la lucha contra el secuestro y la extorsión, la Fiscalía radicó el escrito de acusación  a mediados  de diciembre y ahora está a la espera de la fecha para la audiencia. 

La audiencia de acusación también cobija a Carlos Arenas y Julián Villarraga, a quienes la Fiscalía sindica de conseguir clientes para desarrollar la actividad ilegal.

Tanto al  general (r) Guatibonza como a sus dos supuestos colaboradores, la Fiscalía les imputó los cargos de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales agravada.

El oficial, que no aceptó los cargos, hoy se encuentra cobijado con detención domiciliaria.

Las chuzadas

Guatibonza fue inicialmente mencionado como supuesto cliente de la red de escuchas ilegales desmantelada el 4 de agosto del año pasado en Nariño y el Valle.  
La sede de la empresa de seguridad A&G, que según el expediente estaría vinculada con Guatibonza, fue allanada por la Fiscalía en ese momento.

Las decisiones judiciales contra el oficial se aceleraron por cuenta de la declaración que le dio a la Fiscalía el coronel del Ejército (r.) Jorge Humberto Salinas, quien hacía parte de la red de interceptaciones ilegales.

Salinas entregó información sobre sus clientes en el marco de un proceso de colaboración judicial, y entre ellos mencionó al general Guatibonza, a reconocidos empresarios y al senador Armando Benedetti, lo que generó una gran polémica por las personas que supuestamente habría pedido que fueran interceptadas.

El coronel dijo que la actividad ilegal incluía seguimientos a reconocidos abogados como Jaime Lombana y Jaime Granados, e incluso al fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, y a su esposa.

La Fiscalía estableció que la red documentó en 175 carpetas los servicios ilegales que habría prestado a particulares e incluso a integrantes de la Fuerza Pública.

COLPRENSA