lA Cancillería asegura que se han aumentado las embajadas otorgadas a funcionarios de carrera.
Carlos Holmes Trujillo
Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia, en el Palacio de San Carlos
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En las últimas semanas el gobierno del presidente Iván Duque ha dado a conocer varios de los nombramientos de funcionarios para la carrera diplomática, muchos de ellos de origen político y ligados mayormente al Centro Democrático.
Esta situación reabrió la antigua discusión sobre si los cargos diplomáticos pueden ser ocupados por personas que provienen de los partidos políticos o si necesariamente se requieren funcionarios de carrera.
La polémica se acrecentó luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este martes los nombramientos de Pedro Agustín Valencia Laserna (hermano de la senadora Paloma Valencia), como cónsul en Miami; de Ana Milena Muñoz de Gaviria (esposa del expresidente César Gaviria), como embajadora en Egipto; y Felipe García Echeverri (exmagistrado del Consejo Electoral y afín al Centro Democrático) como jefe de misiones diplomáticas de la embajada en Bélgica y la Misión de Colombia ante la Unión Europea.
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Igualmente esta semana el representante opositor David Racero había revelado en su cuenta de Twitter más de 40 nombramientos, muchos de ellos en cargos diplomáticos, de personas afines al Centro Democrático.
Entre los nombramientos hay algunos polémicos, como el caso de Carolina Náder Dangond, quien fue nombrada como directora de acompañamiento familiar en el Departamento de Prosperidad Social. Náder es esposa de Daniel García Arizabaleta, involucrado en el caso Odebrecht.
Juan Camilo Valencia, hijo de Fabio Valencia Cossio y hermano del Senador del Centro Democrático Santiago Valencia fue nombrado Embajador en Indonesia.
Pero los nombramientos no son solo diplomáticos. Por ejemplo, Clara Elena Parra Beltrán, esposa del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fue nombrada Alta Consejera Presidencial para el Sector Privado y la Competitividad, y Natalia Bedoya, reconocida twittera uribista y excandidata a la Cámara por el Valle por el Centro Democrático obtuvo un contrato de casi 9 millones de pesos con el Ministerio del Interior para trabajar por un mes.