Máxima protección a Valencia

* Es urgente evitar otro magnicidio
* Gobierno parcializado no ofrece garantías

En una campaña presidencial que ya registró el magnicidio del senador y precandidato uribista Miguel Uribe Turbay, ninguna amenaza a quienes siguen compitiendo por la Casa de Nariño puede tomarse a la ligera o reducirla, como equivocadamente lo trataron de hacer algunas voces de la izquierda radical este fin de semana, a una simple expresión desafortunada en medio de una puja proselitista álgida y polarizada.

Así las cosas, es de extrema gravedad la circulación en redes sociales de una especie de aviso mortuorio en el que aparece una fotografía de la candidata de la coalición de centroderecha Paloma Valencia, junto a una corona fúnebre y acompañada de la frase “Descanse en paz».

Es una situación alarmante, no solo porque días atrás una imagen similar, pero con el rostro del aspirante Abelardo de la Espriella, también se hizo viral, sino porque acaba de terminar una convulsa campaña parlamentaria en la que la inseguridad, amenazas e incluso atentados a los candidatos, sobre todo de la oposición, estuvieron a la orden del día. De hecho, múltiples sectores denunciaron que el Eln, los grupos residuales de las Farc, así como bandas criminales de alto espectro tipo ‘Clan del Golfo’, desplegaron acciones de intimidación y violencia para vetar a los aspirantes de distintas colectividades antigobiernistas, al tiempo que coaccionaron a la ciudadanía para que no votara por ellos. De igual manera, desde las toldas del antipetrismo se alertó de presiones de las facciones ilegales para apoyar a los sectores y partidos izquierdistas.

Asimismo, la Fiscalía anunció semanas atrás que el atentado, a mediados del año pasado, a Uribe Turbay fue ordenado por la ‘Nueva Marquetalia’, una de las vertientes de las disidencias de las Farc, las mismas que han estado en diálogos con el gobierno Petro y se beneficiaron de los improvisados ceses el fuego y otras peligrosas gabelas otorgadas a través de la accidentada e improductiva política de “paz total”.

No hay que olvidar que tanto Uribe Turbay como su entonces compañera de bancada en el Centro Democrático y hoy candidata presidencial, Paloma Valencia, lideraban las críticas a esa estrategia de paz gubernamental, sobre todo por la forma en que limitaba el accionar legítimo de la fuerza pública, otorgaba toda clase de beneficios a la criminalidad y por el disparo de la inseguridad y la violencia en las regiones. Por lo mismo, desde la Presidencia de la República y el Pacto Histórico fueron blanco de fuertes y desobligantes réplicas. De hecho, en su momento, el abogado de la familia del asesinado congresista y candidato denunció al jefe de Estado ante la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes por el delito de “hostigamiento”, presentando como prueba principal decenas de trinos del mandatario en donde hacía señalamientos muy graves e infundados.

Valencia también ha sido blanco de muchas acusaciones injustas desde la cúpula gubernamental, el Pacto y sus sectores afines en los últimos meses. En octubre pasado, los propios organismos de inteligencia alertaron de un posible plan para atentar contra ella, otra congresista y el jefe de un ente de control. Igualmente, en febrero reciente, durante un acto proselitista en Honda (Tolima), se detuvo a una mujer armada. Desde su campaña también denuncian constantes amenazas e intimidaciones. Es más, días atrás una sede de su causa política fue vandalizada en Bucaramanga.

Visto lo ocurrido este fin de semana es urgente redoblar las medidas de seguridad a la aspirante de la centroderecha que, al tenor de las últimas encuestas, sobre todo después de la consulta interpartidista de marzo, viene ascendiendo muy rápido en las preferencias electorales de cara a la votación de la primera vuelta, el 31 de mayo. Aunque la dirigente política recalcó ayer que seguirá adelante y no se dejará intimidar por los violentos, es claro que el Gobierno está en la obligación de protegerla a ella y todos los aspirantes, sin importar su orilla política.

Sin embargo, el Ejecutivo no es ni ha sido eficiente en frenar el creciente clima de violencia electoral. Desde la Casa de Nariño las señales son las contrarias. Lejos de ofrecer garantías, se cuestiona sin pruebas la transparencia electoral. Más grave aún: Presidente y ministros actúan, sin recato alguno y pese a su evidente ilegalidad, como beligerantes jefes de campaña del candidato Iván Cepeda. Estigmatizan, insultan, calumnian e injurian a los aspirantes rivales y cualquier foco de oposición. El mismo ambiente tenso y turbio en que se produjo el magnicidio de Uribe Turbay, otra mácula imborrable en nuestra democracia y prueba incontrastable del abismo político, económico, social e institucional en que la izquierda sumió a Colombia.