Solidaridad de Casanare con Córdoba: 11 toneladas de ayudas llegan en aeronave de la FAC

6 frmsrzo 2026.- de 2026

La Fuerza Aeroespacial Colombiana continúa desplegando sus capacidades para apoyar a las poblaciones más afectadas en el Departamento de Córdoba, a causa de las inundaciones por las intensas lluvias.

Es así, cómo en las últimas horas la Institución dispuso una aeronave C-40 para transportar 11 toneladas de ayudas humanitarias recolectadas bajo campaña “Casanare Unido por Córdoba” liderada por la Gobernación de Casanare, en articulación con la Fuerza Pública, organismos de socorro, gremios, la Dirección Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil.

El apoyo de la Fuerza Aeroespacial a esta campaña solidaria, inició con la salida de la aeronave C-40 desde el Comando Aéreo de Transporte Militar, CATAM, en Bogotá hasta el Grupo Aéreo del Casanare, GACAS, en Yopal, lugar donde los Soldados de la FAC iniciaron el cargue de las ayudas que contenían alimentos no perecederos, prendas de vestir, artículos de primera necesidad, colchones y arroz. Finalmente, la aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional Los Garzones en Montería.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana, continuará desplegando sus alas de esperanza para apoyar a las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

El gobierno de Trump busca controlar las reservas de tierras raras, oro y minerales valiosos de Venezuela. Pero los yacimientos se encuentran en regiones selváticas y controlados por violentas redes criminales.

Acompañado por un par de decenas de representantes de empresas mineras y otras compañías estadounidenses, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, abogó por un mayor acceso de Estados Unidos a las reservas venezolanas de minerales esenciales y oro durante una visita a la capital del país el miércoles y el jueves.

La visita de Burgum fue la última reunión entre un alto funcionario estadounidense y el nuevo gobierno interino de Venezuela, presidido por Delcy Rodríguez, con el objetivo de abrir la economía del país sudamericano a los inversionistas estadounidenses. Entre los visitantes previos se encontraban el secretario de Energía Chris Wright; el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, y el director de la CIA, William Burns.

El miércoles, Rodríguez se comprometió a trabajar a la “velocidad de Trump” para acelerar el acceso de Estados Unidos a los minerales venezolanos. Prometió presentar en los próximos días a los legisladores nacionales una nueva medida minera que permitiría a las empresas extranjeras extraer oro, diamantes y tierras raras. No ofreció más detalles sobre la posible propuesta.

La visita de Burgum coincidió con el anuncio del Departamento de Estado de que Estados Unidos y Venezuela estaban restableciendo “relaciones diplomáticas y consulares”. Un funcionario de la Casa Blanca también reveló un acuerdo mediado por Estados Unidos, que no se anunció públicamente, entre la empresa minera estatal de Venezuela y Trafigura, un gigante de las materias primas con sede en Singapur, para la venta de hasta 1000 kilogramos de oro, cuyo valor supera con creces los 100 millones de dólares.

El funcionario, que habló con la condición de mantener su anonimato porque no estaba autorizado a discutir públicamente el acuerdo, dijo que el acuerdo formaba parte de un esfuerzo del gobierno por restaurar el sector minero de Venezuela y aumentar la inversión en él. Funcionarios de Trafigura no respondieron a una solicitud de comentarios.

“En los dos últimos meses ha habido más cosas positivas que en los últimos 20 años”, dijo Burgum sobre la economía de Venezuela al hablar con los periodistas el jueves.

Desde que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, el gobierno de Donald Trump ha esencialmente tomado el control de la moribunda industria petrolera venezolana con la esperanza de revertir años de declive de la producción.

Un esfuerzo similar centrado en el debilitado sector minero de Venezuela, que también fue nacionalizado en gran medida por el partido socialista gobernante, podría resultar más difícil. Gran parte de los inmensos yacimientos de oro, bauxita, wolframio y otros minerales de Venezuela permanece sin explotar y se encuentra en regiones selváticas del sur, que incluyen tierras protegidas.

Los legisladores venezolanos tendrían que introducir cambios normativos para atraer la inversión extranjera, lo que también podría provocar reacciones violentas en un país al que durante décadas se le ha dicho que Estados Unidos era el enemigo.

Pero quizá el mayor obstáculo para la reactivación del sector minero venezolano sea el dominio que ejercen las operaciones mineras ilegales en su territorio. Incrustadas en lo más profundo de la selva venezolana, violentas redes criminales han construido asentamientos sin ley que extraen metales preciosos de la tierra, dejando lugares de trabajo contaminados.

En medio de la prolongada caída de la industria petrolera venezolana, el gobierno de Maduro impulsó la extracción de oro como medio para generar más ingresos, a menudo ignorando los efectos medioambientales, según grupos de vigilancia. Las operaciones mineras ilegales en Venezuela también han contribuido a la deforestación desenfrenada, así como al envenenamiento de ríos y al desplazamiento de indígenas, según han dicho esos grupos.

Según un informe del Departamento de Estado al Congreso, las fuentes calculan que el valor del oro extraído en Venezuela alcanzó un promedio anual de 2200 millones de dólares en los últimos cinco años. Ese dinero ayudó a mantener el gobierno de Maduro, pero se obtuvo a costa de la destrucción de más de 2500 kilómetros cuadrados de tierras forestales.

“Esto es mucho más complejo que el petróleo, con diferencia”, dijo Luisa Palacios, investigadora del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia y expresidenta del consejo de administración de Citgo, propiedad de la petrolera estatal venezolana.

Dijo que Venezuela era un productor regional relativamente grande de minerales como aluminio, oro, bauxita y hierro, pero que la industria minera sufrió un “colapso total” a lo largo de los años después de que el gobierno venezolano expropiara empresas.

La bauxita, que Estados Unidos incluye en su lista de minerales críticos, se transforma en aluminio. Los expertos también creen que Venezuela tiene yacimientos de coltán, que se utiliza para fabricar condensadores para aparatos electrónicos como computadoras portátiles y celulares.

Palacios dijo que era optimista respecto al resurgimiento del sector minero de Venezuela, pero advirtió que, para revitalizar la producción, se requerirían importantes inversiones y, muy probablemente, nuevas leyes para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno, así como las prácticas medioambientales.

“Toda mejora de la gobernanza en torno a la producción minera es bienvenida”, dijo. Pero “no sé cómo va a hacerlo el gobierno de Trump”, aseveró.

Trump ha hecho de la caza mundial de minerales críticos una prioridad, cerrando acuerdos con Ucrania y Australia para acceder a sus recursos y persiguiendo a Groenlandia, rica en recursos naturales. Estados Unidos también ha estado tomando participaciones en empresas estadounidenses de tierras raras como forma de competir más eficazmente con China, que extrae el 70 por ciento de las tierras raras del mundo.

Elisabeth Braw, miembro del Atlantic Council, una organización de investigación con sede en Washington, dijo que el acuerdo sobre el oro en el que estaba implicada Venezuela planteaba una serie de preguntas, como qué tipo de seguridad se proporcionaría a las empresas involucradas.

“Sí, Estados Unidos ha detenido a Maduro, pero Venezuela aún no es una economía de mercado que funcione perfectamente”, dijo Braw, y añadió: “Las empresas occidentales que hagan negocios allí querrán algún tipo de seguridad”.

El impulso a la minería también acerca a Washington a un gobierno que, aparte de la destitución de Maduro, en gran medida no ha cambiado respecto al que está ampliamente acusado de abusos contra los derechos humanos, vastas tramas de corrupción, narcotráfico y fraude electoral. Maduro, a la espera de juicio en Nueva York, ha negado las acusaciones contra su gobierno.

En uno de los pocos indicios de la incómoda asociación entre Estados Unidos y Venezuela, Rodríguez estuvo acompañada el miércoles por su ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien tiene una recompensa de 25 millones de dólares estadounidenses por su cabeza tras ser acusado de vínculos con el narcotráfico (que él niega).

El hermano de Rodríguez, Jorge Rodríguez, quien preside la Asamblea Legislativa del país, impulsó una amplia reforma de la industria petrolera menos de un mes después de la destitución de Maduro. La nueva ley revierte de hecho la nacionalización de la industria petrolera venezolana de 2007, que llevó a gigantes petroleros estadounidenses como Exxon Mobil y ConocoPhillips a abandonar su búsqueda de las reservas del país, que figuran entre las mayores del mundo.

Burgum dijo que había cenado con los hermanos Rodríguez el miércoles por la noche, y se refirió repetidamente a ellos como los que dirigen el país. Desvió una pregunta sobre Cabello, a quien se ha descrito como el ejecutor del gobierno.

El gobierno de Trump afirma que ha recaudado más de 1000 millones de dólares en ventas de petróleo a medida que Venezuela ha aumentado su producción en los últimos dos meses, y que varios cientos de millones de dólares han vuelto a acabar en las arcas venezolanas. Estados Unidos también ha presionado a Venezuela para que ponga fin a los envíos de petróleo a Cuba.

Max Bearak es reportero del Times en Bogotá, Colombia.

Lisa Friedman es una reportera del Times que escribe sobre el modo en que los gobiernos abordan el cambio climático y los efectos de esas políticas en las comunidades.

Puerto Parra

6 March, 2026.-

Desplegamos la campaña “Yo No Pago, Yo Denuncio”, dirigida a comerciantes y comunidad en general, en el municipio de Puerto Parra.

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Durante la jornada, uniformados de la Policía Nacional de Colombia realizaron visitas puerta a puerta y encuentros directos con la ciudadanía, socializando las diferentes modalidades de extorsión utilizadas por grupos delincuenciales, así como recomendaciones prácticas para evitar ser víctima de este delito.

Asimismo, se reiteró la importancia de no acceder a exigencias económicas ilegales y denunciar de manera oportuna cualquier intento de extorsión, recordando que la información suministrada por la comunidad es fundamental para adelantar acciones investigativas y judiciales efectivas.

La Policía Nacional continúa trabajando articuladamente con las autoridades locales y la ciudadanía para fortalecer la seguridad y proteger el patrimonio y la tranquilidad de todos los habitantes.

Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte su seguridad y a confiar en la Policía Nacional, marcando a la línea 165 del GAULA, con absoluta reserva.

¡Unidos cerramos el paso a la extorsión!

Pereira

6 March, 2026.-

Los presuntos integrantes de una estructura delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes fueron detenidos por orden judicial por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

En desarrollo de actividades investigativas y de inteligencia adelantadas por el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, la Policía Nacional logró la captura, mediante orden judicial, de alias ´Care Niña` y alias ´Jair`, considerados objetivos de alto valor en el municipio de La Virginia.

Las diligencias se realizaron a través de operativos estratégicos que permitieron ejecutar las órdenes de captura por los delitos de homicidio, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

De acuerdo con las investigaciones, alias ´Care Niña` y alias ´Jair` serían partícipes de un homicidio y de las lesiones causadas a otra persona, en hechos ocurridos en julio de 2025 en La Virginia. Además, estarían vinculados al componente armado del grupo delincuencial liderado por alias “Mono Jaris”, estructura que controlaría la venta de estupefacientes en la localidad.

Este resultado representa un golpe contundente contra las estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes y a la comisión de delitos de alto impacto, debilitando su capacidad de acción y afectando directamente sus finanzas ilícitas.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, donde en las próximas horas se definirá su situación jurídica.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de continuar adelantando acciones

En esta jornada participaron 55 marcas locales lideradas por mujeres campesinas, emprendedoras, víctimas del conflicto armado y población en proceso de reincorporación, quienes ofrecieron productos agrícolas y artesanales cultivados y transformados con dedicación y resiliencia.

La feria no solo representa un espacio de comercialización, sino una apuesta decidida por la construcción de paz y la dignificación del trabajo rural femenino.

Además del impulso comercial, la Administración Municipal acompañó la jornada con su oferta institucional, promoviendo la ruta de atención integral para mujeres y la aplicación “Mujer Segura”, como parte de su estrategia de prevención y protección.

La Alcaldía de Pereira, invita a que el primer domingo de cada mes para que los ciudadanos continúen apoyando el desarrollo rural, la equidad y la generación de oportunidades desde el territorio, asistiendo a este espacio de Mercaflori “Mujeres que Siembran Paz”.

Bogotá, D.C., 4 de marzo de 2026 (@MinInterior)-. A pocos días de la jornada electoral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de impugnar mesas de votación no constituyen un llamado al desorden ni a la alteración del proceso electoral, sino una invitación a ejercer los mecanismos legales de vigilancia que contempla el sistema electoral colombiano.

Durante la más reciente sesión de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, el ministro explicó que el objetivo de estas reuniones ha sido garantizar que las elecciones se desarrollen con plenas condiciones de seguridad, transparencia y control institucional, mediante la coordinación entre las autoridades electorales, los organismos de control y las entidades del Estado.

En ese contexto, el ministro Benedetti reiteró que los testigos electorales tienen, por ley, el derecho a presentar reclamaciones o impugnaciones cuando detecten inconsistencias en una mesa de votación, especialmente durante el proceso de preconteo.

“Lo que ha planteado el presidente es que se ejerzan los mecanismos legales cuando exista alguna irregularidad. No es impugnar por impugnar, ni generar desorden. Es que, cuando haya una falla, los testigos electorales puedan actuar conforme a la ley”, explicó el ministro.

El ministro también recordó que el preconteo de votos tiene un carácter únicamente informativo, pues su finalidad es ofrecer una referencia preliminar a la ciudadanía y a los medios de comunicación sobre el comportamiento de la votación. Los resultados oficiales, precisó, se establecen únicamente en los escrutinios que realizan las autoridades electorales.

“Con el preconteo no se elige a nadie ni se entrega credencial alguna. Los resultados válidos se determinan en los escrutinios. Por eso la ley permite que, cuando haya inconsistencias entre el número de votos y el número de votantes o cualquier otra irregularidad, los testigos puedan presentar reclamaciones”, señaló.

El ministro Armando Benedetti destacó que una mayor participación de testigos electorales fortalece la transparencia del proceso democrático, ya que permite una verificación directa por parte de los partidos y movimientos políticos.

“El llamado es a la vigilancia democrática del proceso electoral. Entre más testigos electorales haya, más garantías existen para que las elecciones sean limpias, verificables y transparentes”, concluyó.

Finalmente, el Gobierno nacional reiteró su compromiso de garantizar elecciones libres, seguras y transparentes, así como de respetar plenamente las competencias de las autoridades electorales encargadas del escrutinio y la proclamación oficial de los resultados.

Foto: Corte Constitucional

La Corte Constitucional informó que continuará el análisis del caso con base en los argumentos presentados por los representantes del Gobierno, académicos, congresistas, gremios y organizaciones campesinas, antes de adoptar una decisión de fondo.​​

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Bogotá, 6 de marzo de 2026

El Gobierno nacional expuso ante la Corte Constitucional la urgencia de poner en funcionamiento la Jurisdicción Agraria, durante una audiencia pública convocada para analizar la demanda presentada por la Agencia nacional de tierras (ANT) relacionada con la implementación de la Reforma Rural Integral prevista en el Acuerdo Final de Paz de 2016.

Durante la diligencia, el director de la entidad, Juan Felipe Harman Ortiz, presentó cifras y argumentos jurídicos sobre la necesidad de que el país cuente cuanto antes con esta jurisdicción especializada. Según explicó, su creación no solo responde a un mandato constitucional, sino que es clave para que jueces con conocimiento técnico puedan resolver conflictos complejos relacionados con la propiedad y el uso de la tierra en el campo colombiano.

El funcionario también defendió que la Agencia nacional de tierras mantenga sus facultades administrativas dentro de los procesos agrarios orientados a materializar los compromisos del Acuerdo de Paz.

“Es fundamental que el Congreso le cumpla al campo en los 60 días legislativos que restan. Los campesinos no pueden seguir esperando décadas para que la justicia los escuche y les reconozca sus derechos”, afirmó Harman Ortiz.

De acuerdo con información presentada por la ANT ante la Corte Constitucional, actualmente la entidad adelanta más de 208 procesos agrarios en fase administrativa, que en conjunto abarcan cerca de 45.000 hectáreas. Sin una jurisdicción especializada en funcionamiento, estos casos podrían pasar a la justicia ordinaria, lo que aumentaría la congestión judicial y prolongaría los tiempos de decisión para las comunidades campesinas.

El director de la Agencia también advirtió que al menos cinco demandas de procesos agrarios radicadas en 2023 permanecen detenidas. Se trata de trámites complejos, como procesos de deslinde, que requieren análisis técnicos, ambientales y agrarios especializados.

Por su parte, la Corte Constitucional informó que continuará el estudio del caso con base en los argumentos presentados por representantes del Gobierno nacional, académicos, congresistas, gremios y organizaciones campesinas, antes de adoptar una decisión de fondo.

Con información de la Agencia Nacional de Tierras.

En medio de una aparente recuperación económica y social, Colombia continúa enfrentando una profunda crisis estructural que se manifiesta en los principales problemas que preocupan a la ciudadanía: salud, seguridad, corrupción y educación. A pesar de los avances globales y la creciente integración del país en la economía mundial, las encuestas y propuestas políticas revelan una realidad preocupante: el desarrollo del país se mantiene estancado en estos sectores fundamentales. La pregunta que surge es por qué, en un contexto donde otros países han logrado avances significativos, Colombia sigue siendo la excepción.

Desde hace años, los colombianos han escuchado repetidamente sobre estos mismos desafíos en cada campaña electoral, cada informe de opinión pública y cada debate político. Aunque el país ha superado importantes barreras históricas, como los conflictos armados y la inestabilidad política, la transformación en áreas clave no ha llegado a su nivel deseado. La educación sigue siendo un pilar frágil, con altos índices de deserción y baja calidad en muchos establecimientos. El sistema de salud enfrenta desigualdades en acceso y cobertura, especialmente en zonas rurales y marginadas. Además, la corrupción sigue siendo un obstáculo para la confianza ciudadana y la eficiencia del Estado, mientras que la seguridad se ve afectada por el narcotráfico y la presencia de grupos armados no estatales.

A pesar de los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil, la falta de políticas públicas sostenidas y la persistencia de intereses privados en sectores estratégicos han impedido un cambio estructural. Mientras el resto del mundo avanza con reformas en tecnología, sostenibilidad y gobierno abierto, Colombia sigue atrapado en un ciclo de problemas que no se resuelven por falta de voluntad política o de recursos, sino por una falta de visión a largo plazo. La globalización, que debería ser un motor de desarrollo, ha exacerbado las desigualdades, dejando atrás a sectores vulnerables que no han podido aprovechar las nuevas oportunidades.

La crisis no es solo económica o institucional; es también cultural y social. La desconfianza en las instituciones, la desigualdad de oportunidades y la percepción de que el sistema no funciona para todos han generado un desencanto que se refleja en las urnas y en las calles. Los ciudadanos exigen soluciones reales, no solo promesas. El reto ahora no es solo mejorar los servicios, sino transformar la forma en que el Estado y la sociedad trabajan juntos para construir un futuro donde la educación, la salud, la seguridad y la corrupción ya no sean los temas centrales de debate, sino problemas superados.

English versión

Colombia in Crisis: Why Are We Still Behind Despite Global Progress?
By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator Journalist. Professional Card 0222 issued by the Ministry of National Education

Amid a global recovery and apparent economic improvement, Colombia continues to face a deep structural crisis reflected in the country’s most pressing challenges: health, security, corruption, and education. Despite the nation’s integration into the global economy and the overcoming of historical barriers, polls and political proposals consistently highlight the same problems, revealing a persistent development gap. The central question is why, in a world where other nations are advancing, Colombia remains an exception, especially since the rise of globalization decades ago.

For years, Colombians have heard the same concerns echoed in every opinion poll, political debate, and campaign promise. Although the country has made significant progress in overcoming armed conflict and political instability, key sectors continue to lag behind. The education system remains weak, with high dropout rates and inconsistent quality, particularly in rural and marginalized areas. The health system still struggles with unequal access and coverage, while corruption continues to erode public trust and hinder government efficiency. Meanwhile, security remains fragile due to the ongoing influence of drug trafficking and non-state armed groups.

Despite efforts by the government and civil society, the lack of sustained public policies and the continued influence of private interests in strategic sectors have blocked meaningful transformation. While the rest of the world advances in technology, sustainability, and open governance, Colombia remains trapped in a cycle of unresolved issues. Globalization, which should be a catalyst for development, has instead deepened inequalities, leaving vulnerable populations behind and unable to benefit from new opportunities.

The crisis is not only economic or institutional—it is also cultural and social. Widespread distrust in institutions, unequal opportunities, and the perception that the system does not work for everyone have fueled a growing disillusionment reflected in elections and public protests. Citizens demand real solutions, not just promises. The challenge now is not merely to improve services, but to transform how the state and society collaborate to build a future where education, health, security, and corruption are no longer the central issues, but problems that have already been resolved.

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

Albeiro Cárdenas López, conocido como “Albeiro Rutas”, empresario de Dosquebradas y líder gremial del sector de escuelas de conducción, anunció su candidatura al Senado por el Partido Alianza Verde. Con 15 años de vinculación al partido y aval recibido el 6 de diciembre, inició una campaña corta, sin maquinarias tradicionales, enfocada en la organización gremial y presencia nacional. Su objetivo: representar a los microempresarios del transporte y promover una agenda de seguridad vial que fortalezca la cultura ciudadana y la educación vial en Colombia.

El candidato subraya que, aunque existe una ley que regula la educación vial en el sistema escolar, su implementación ha sido débil y desigual. Propone que la cátedra de seguridad vial se integre de forma obligatoria y efectiva en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta grado 11, tanto en colegios públicos como privados. Su enfoque no es solo normativo, sino pedagógico: busca que los niños y jóvenes internalicen desde temprana edad los principios del tránsito responsable, reduciendo así futuros riesgos viales.

Cárdenas López, con amplia experiencia en el sector automovilístico, también se compromete a brindar asesoría técnica en tránsito, licencias y normatividad vehicular, especialmente a pequeños empresarios que operan escuelas de conducción. Su propuesta busca democratizar el acceso a la información y reducir la burocracia que afecta a este sector, muchas veces marginado en las agendas legislativas. Su campaña, basada en el trabajo territorial y la movilización gremial, apuesta por una representación auténtica, alejada de los esquemas tradicionales de poder político.

Aunque no se atreve a predecir resultados, el candidato confía en superar las 40 mil votos, cifra que considera necesaria para tener voz en el Congreso. Su mensaje busca conectar con ciudadanos que valoran la transparencia, la especialización y la representación de sectores productivos que han sido invisibilizados. En un contexto de creciente preocupación por la movilidad y la seguridad en las ciudades, su propuesta llega con un enfoque práctico y territorialmente arraigado.

English versión

Albeiro Cárdenas López, “Albeiro Rutas”, Runs for Senate to Transform Road Safety Education and Represent Transport Microentrepreneurs

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator and Journalist. Professional License 0222 issued by the Ministry of National Education

Albeiro Cárdenas López, known as “Albeiro Rutas,” a business owner from Dosquebradas and leader of the driving school sector, has announced his Senate candidacy under the Green Alliance Party. With 15 years of party affiliation and endorsement received on December 6, he launched a short campaign focused on grassroots organization and national presence — without traditional political machinery. His goal: to represent transport microentrepreneurs and advance a road safety agenda aimed at strengthening civic culture and road safety education across Colombia.

The candidate emphasizes that, although a law exists to regulate road safety education in schools, its implementation has been weak and inconsistent. He proposes making road safety classes mandatory and effective across all educational levels — from preschool through 11th grade — in both public and private schools. His approach is not merely regulatory but educational: he seeks to instill responsible traffic behavior in children and youth from an early age, thereby reducing future road risks.

With extensive experience in the automotive sector, Cárdenas López also commits to providing technical guidance on traffic regulations, licenses, and vehicle norms — especially for small business owners running driving schools. His proposal aims to democratize access to information and reduce bureaucratic hurdles that often hinder this sector, which has frequently been overlooked in legislative agendas. His campaign, grounded in territorial work and sectoral mobilization, champions authentic representation beyond traditional political structures.

Though he avoids predicting outcomes, the candidate hopes to surpass 40,000 votes — a threshold he believes necessary to gain a voice in Congress. His message seeks to resonate with citizens who value transparency, expertise, and representation for productive sectors that have long been marginalized. Amid growing concerns over urban mobility and safety, his proposal arrives with a practical, locally rooted focus.