La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia denunció el 27 de marzo de 2026 que Colpensiones habría destinado 404 millones de pesos a la Fundación San José en un contrato firmado en 2023, lo que generó un fuerte debate sobre el uso de recursos públicos en el país. Según la denuncia, los fondos se habrían utilizado para actividades orientadas a la cultura organizacional, en medio de cuestionamientos sobre su pertinencia.

De acuerdo con lo expuesto, el contrato inicial era por 234 millones de pesos y tenía una duración aproximada de mes y medio, pero posteriormente fue ampliado durante 2024 por un año adicional, con una adición de 170 millones, alcanzando el monto total señalado. Esta modificación ha sido uno de los puntos centrales de la controversia, al poner en duda la justificación del incremento presupuestal.

La dirigente política cuestionó que los recursos se destinaran a talleres, dinámicas grupales y actividades internas, calificando el gasto como innecesario dentro del contexto económico del país. Además, sugirió que la Fundación San José habría tenido participación en otros procesos contractuales, lo que intensificó el debate sobre la transparencia en la contratación estatal.

El caso se suma a una serie de señalamientos recientes sobre el manejo de recursos en entidades públicas, reactivando la discusión sobre los controles en la contratación y la eficiencia del gasto estatal. Hasta el momento, no se ha conocido una respuesta oficial detallada por parte de la entidad involucrada frente a las acusaciones.

A nivel internacional, este tipo de controversias refleja los desafíos que enfrentan varios países en materia de transparencia institucional y gestión de recursos públicos, temas clave para la confianza ciudadana y la estabilidad política en contextos democráticos.

English version

Susana Paloma Valencia Laserna’s complaint about the Colpensiones contract sparks political controversy in Colombia.

Senator and presidential candidate Paloma Valencia reported on March 27, 2026, that Colpensiones allegedly allocated 404 million pesos to the San José Foundation under a contract signed in 2023, triggering a strong debate over public resource management in the country. According to the claim, the funds were used for organizational culture activities, raising concerns about their relevance.

According to the information presented, the initial contract was valued at 234 million pesos and was expected to last about a month and a half, but it was later extended in 2024 for an additional year, with an extra 170 million pesos added, reaching the total amount in question. This modification has become a key point of controversy, as it raises doubts about the justification for the increased spending.

The political leader criticized the allocation of funds to workshops, group dynamics, and internal activities, calling the expense unnecessary given the country’s economic context. She also suggested that the San José Foundation may have been involved in other contracts, intensifying concerns about transparency in public procurement.

The case adds to a series of recent allegations regarding the management of public funds, reigniting discussions about oversight in government contracting and the efficiency of state spending. So far, no detailed official response has been publicly issued by the entity involved.

At the international level, such controversies highlight the challenges many countries face in ensuring institutional transparency and public resource management, both essential for maintaining public trust and political stability in democratic systems.

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

Un consejo de seguridad extraordinario fue convocado en la ciudad de Pereira tras una amenaza directa contra el personal del INPEC y varios internos del patio quinto de la cárcel La 40, luego de que un grupo autodenominado «Nueva Generación» atacara a tiros la puerta del penal y dejara un panfleto intimidatorio en el que declara un «plan pistola» contra quienes tengan vínculos con una estructura criminal conocida como «la Oficina», señalada de ejercer control violento dentro de ese patio.

El panfleto hallado en las instalaciones del centro penitenciario advierte con tono amenazante: «Informamos a todos los internos y guardias de este establecimiento que estamos en un plan pistola para todo aquel que participe y se mezcle con los de la Oficina, quienes son los que mandan en ese patio». El texto también hace una mención directa al capitán Mauricio Andrés Erazo, lo que eleva el nivel de alerta sobre la integridad del personal uniformado del establecimiento.

Según el contenido del panfleto, el grupo justifica su accionar señalando que «la Oficina» lleva años controlando, golpeando y maltratando a los internos, y responsabiliza a esta estructura de muertes periódicas al interior del patio. La amenaza se enmarca en lo que el grupo describe como un acto de «rebeldía» frente a años de sometimiento, lo que sugiere una disputa interna por el control del orden carcelario en ese patio específico.

Frente a la gravedad de los hechos, las autoridades adoptaron medidas inmediatas durante el consejo de seguridad extraordinario. Entre las decisiones tomadas se destacan el refuerzo de la seguridad externa con presencia activa de la Policía Nacional y el traslado de varios internos considerados en riesgo o vinculados a la situación de conflicto. Estas acciones buscan reducir la tensión al interior del penal y garantizar la integridad tanto de los reclusos como del personal de guardia.

La situación en La 40 de Pereira pone nuevamente en evidencia la compleja realidad que enfrentan los centros de reclusión del país, donde las disputas entre estructuras criminales al interior de los patios representan un riesgo permanente para la seguridad penitenciaria. El ataque armado a la puerta del penal y la circulación de panfletos amenazantes son señales de alerta que demandan una respuesta institucional sostenida, coordinada y efectiva por parte del INPEC, la Policía y las autoridades locales.

English version

Armed Threat Shakes La 40 Prison in Pereira: «Nueva Generación» Group Declares «Hit Plan» Against Guards and Inmates

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator and Journalist. Professional License 0222 issued by the Colombian Ministry of National Education

An extraordinary security council was convened in the city of Pereira following a direct threat against INPEC staff and several inmates housed in Ward Five of La 40 prison. A group calling itself «Nueva Generación» (New Generation) opened fire on the prison’s entrance and left behind an intimidating pamphlet declaring a «hit plan» targeting anyone associated with a criminal structure known as «la Oficina,» which is accused of exercising violent control within the ward.

The pamphlet found at the facility warned: «We inform all inmates and guards of this establishment that we have a hit plan for anyone who participates or mingles with those from la Oficina, who run this ward.» The document also includes a direct reference to Captain Mauricio Andrés Erazo, significantly raising the threat level against uniformed prison personnel.

According to the pamphlet’s content, the group justifies its actions by claiming that «la Oficina» has spent years controlling, beating, and mistreating inmates, holding it responsible for recurring deaths inside the ward. The threat is framed as an act of «rebellion» against years of subjugation, pointing to an internal power struggle over control of the prison ward.

In response to the severity of the situation, authorities took immediate action during the extraordinary security council. Key decisions included reinforcing external security with active deployment of the National Police and the transfer of several inmates considered to be at risk or linked to the conflict. These measures aim to reduce tensions inside the facility and ensure the safety of both inmates and prison staff.

The situation at La 40 in Pereira once again highlights the complex reality facing detention centers across the country, where disputes between criminal structures inside prison wards pose a constant threat to penitentiary security. The armed attack on the prison entrance and the circulation of threatening pamphlets are clear warning signs demanding a sustained, coordinated, and effective institutional response from INPEC, the National Police, and local authorities.

Las Fuerzas Militares de Colombia avanzan en la consolidación de su liderazgo y proyección internacional con su participación en la Conferencia Militar Estratégica de Socios de la OTAN, un escenario clave para la articulación de capacidades, el fortalecimiento de alianzas y la construcción de seguridad cooperativa a nivel global, en el cual se lleva a cabo la presentación del planeamiento de educación y entrenamiento para el periodo 2027-2028, una herramienta estratégica que permitirá a Colombia continuar elevando sus estándares operacionales y su interoperabilidad con países aliados.

Este proceso está orientado fortalecer la interoperabilidad bajo estándares OTAN consolidando capacidades en formación, doctrina y entrenamiento conjunto, alineando la preparación institucional frente a escenarios de seguridad global cada vez más complejos, proyectando a Colombia como un actor preparado, adaptable y en línea con las dinámicas de defensa contemporáneas.

La participación en este espacio permite a las Fuerzas Militares fortalecer su interacción directa con delegaciones de países miembros y socios, consolidando: Mecanismos de cooperación internacional en seguridad y defensa, canales efectivos de diplomacia, estrategias conjuntas frente a amenazas transnacionales.

Este relacionamiento estratégico posiciona a Colombia como un socio confiable, con experiencia comprobada y capacidad de aporte en escenarios multilaterales, con la siguiente representación institucional:

• Coronel Hugo García, representante PNMR ante la OTAN

• Coronel Yassir Chaves, jefe de Asuntos Internacionales de las Fuerzas Militares

• Coronel Andrés Noval, director del CIDES-PTEC

• SMC Yarvey Jaramillo, secretario PNMR ante la OTAN

Asimismo, el Sargento Mayor de Comando Yarvey Jaramillo participa como secretario de la Agregaduría Militar de Colombia ante el Reino de Bélgica, fortaleciendo la presencia institucional en el ámbito europeo y los canales de relacionamiento estratégico.

La participación en la Conferencia Militar Estratégica de Socios de la OTAN reafirma el compromiso de Colombia con la cooperación internacional y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales, en un entorno de seguridad dinámico y desafiante, estos espacios permiten al país anticipar riesgos y adaptarse a nuevos escenarios estratégicos incorporando mejores prácticas internacionales en educación y entrenamiento, consolidando su rol como actor relevante en la seguridad hemisférica y global.

Autor: Comunicaciones Estratégicas COGFM 

English version

Colombia consolidates its strategic leadership in NATO and strengthens its global presence.

The Colombian Armed Forces are advancing in consolidating their leadership and international presence with their participation in the NATO Strategic Military Partners Conference, a key forum for coordinating capabilities, strengthening alliances, and building cooperative security at a global level. At this conference, the Colombian military presented its education and training plan for the 2027-2028 period, a strategic tool that will allow Colombia to continue raising its operational standards and interoperability with allied countries.

This process is aimed at strengthening interoperability under NATO standards by consolidating capabilities in training, doctrine, and joint training, aligning institutional preparedness with increasingly complex global security scenarios, and projecting Colombia as a prepared, adaptable actor in line with contemporary defense dynamics.

Participation in this forum allows the Armed Forces to strengthen their direct interaction with delegations from member and partner countries, consolidating: mechanisms for international cooperation in security and defense, effective channels of diplomacy, and joint strategies against transnational threats.

This strategic relationship positions Colombia as a reliable partner, with proven experience and the capacity to contribute in multilateral settings, with the following institutional representation:

• Colonel Hugo García, PNMR Representative to NATO
• Colonel Yassir Chaves, Head of International Affairs for the Armed Forces
• Colonel Andrés Noval, Director of CIDES-PTEC
• Sergeant Major Yarvey Jaramillo, PNMR Secretary to NATO

Colombia consolidates its strategic leadership within NATO and strengthens its global presence.

Furthermore, Sergeant Major Yarvey Jaramillo serves as Secretary of the Colombian Military Attaché to the Kingdom of Belgium, strengthening the institution’s presence in Europe and its strategic relationship channels.

Participation in the NATO Strategic Military Partners Conference reaffirms Colombia’s commitment to international cooperation and the strengthening of its institutional capabilities in a dynamic and challenging security environment. These forums allow the country to anticipate risks and adapt to new strategic scenarios by incorporating international best practices in education and training, thus consolidating its role as a key player in hemispheric and global security.

Author: Strategic Communications COGFM

Como resultado de esta operación militar, se logró la incautación de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína y múltiples elementos para el procesamiento del alcaloide, logrando una afectación económica superior a $4650 millones de pesos a estructuras del narcotráfico de alias Mordisco, evitando además la circulación de 2847 millones de dosis de cocaína en mercados internaciones como Estados Unidos y Europa.

En el marco del Plan de Campaña Estratégico Ayacucho Plus, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 2, con apoyo judicial de la Policía Nacional, desarrollaron una maniobra ofensiva en la vereda La Planada, municipio de Los Andes Sotomayor, en Nariño, que permitió la ubicación de una infraestructura clandestina destinada al procesamiento de clorhidrato de cocaína.

Durante el desarrollo de la operación, las tropas hallaron un complejo compuesto por múltiples subestructuras artesanales que utilizaban para el procesamiento, acopio y transformación del alcaloide, así como una significativa cantidad de insumos sólidos y líquidos, equipos industriales y más de una tonelada de clorhidrato de cocaína, lo que evidencia la alta capacidad logística y productiva de esta estructura ilegal.

La infraestructura, presuntamente al servicio del grupo armado organizado residual, GAO-r, Estructura Franco Benavides – columna Fredy Gutiérrez, contaba con una capacidad estimada de producción mensual superior a las dos toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que representaba una fuente de financiación clave para el sostenimiento de actividades criminales y de narcotráfico en la región y hacia mercados internacionales en esta importante región de la frontera con el Ecuador.

La destrucción controlada del laboratorio y del material encontrado, realizada en el lugar bajo estrictos protocolos operacionales, permitió afectar de manera significativa el subsistema de recursos de estas organizaciones, debilitando su capacidad de acción y contribuyendo a la protección de la población civil y la estabilidad en el suroccidente del país.

English version

National Army dismantled cocaine storage center in the Nariño mountain range.

As a result of this military operation, more than one ton of cocaine hydrochloride and numerous items used for processing the alkaloid were seized, dealing an economic blow of over $4.65 billion pesos to the drug trafficking network of alias «Mordisco,» and preventing the distribution of 2.847 billion doses of cocaine to international markets such as the United States and Europe.

Within the framework of the Ayacucho Plus Strategic Campaign Plan, troops from Rapid Deployment Force No. 2, with judicial support from the National Police, carried out an offensive maneuver in the village of La Planada, municipality of Los Andes Sotomayor, in Nariño, which led to the discovery of a clandestine facility used for processing cocaine hydrochloride.

During the operation, troops discovered a complex comprised of multiple makeshift substructures used for processing, stockpiling, and transforming the alkaloid, as well as a significant quantity of solid and liquid supplies, industrial equipment, and more than a ton of cocaine hydrochloride, demonstrating the high logistical and production capacity of this illegal operation.

The infrastructure, allegedly serving the residual organized armed group (GAO-r), Franco Benavides Structure – Fredy Gutiérrez Column, had an estimated monthly production capacity exceeding two tons of cocaine hydrochloride. This represented a key source of funding for sustaining criminal and drug trafficking activities in the region and to international markets in this important border area with Ecuador.

The controlled destruction of the laboratory and the material found, carried out on site under strict operational protocols, significantly impacted the resource subsystem of these organizations, weakening their capacity to act and contributing to the protection of the civilian population and stability in the southwest of the country.

Esta práctica fraudulenta pone en riesgo los derechos de las familias.

Tras el lamentable accidente del avión Hércules, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el que fallecieron miembros de la Fuerza Pública, el Ejército Nacional, a través del Comando de Personal,hace un llamado especial a las familias de los soldados fallecidos para que extremen las medidas de precaución frente a posibles estafas relacionadas con el trámite de prestaciones sociales.

La institución ha tenido conocimiento de personas inescrupulosas que, aprovechándose del dolor y la vulnerabilidad de las familias, ofrecen supuestos servicios de asesoría o intermediación para gestionar beneficios, solicitando dinero o información personal de manera fraudulenta.

El Comando de Personal invita a las familias a comunicarse directamente al número 312 242 6437 para recibir orientación sobre el proceso de cesantías.

Así mismo, la Dirección de Familia reitera que todos los trámites relacionados con seguros obligatorios y subsidiados, así como los servicios funerarios, son completamente gratuitos, no requieren intermediarios y se centralizan a través de los centros de familia a nivel nacional.

El Ejército Nacional enfatiza que todos estos trámites son directos y sin costo alguno, por lo que cualquier solicitud de dinero o gestión externa debe considerarse una alerta de posible estafa.

Fuente:  Prensa Comando de Personal Ejército Nacional  https://ejercito.mil.co/comando-de-personal/

English version

Alert to families after air tragedy: Army warns of scams in social security and insurance claims.

This fraudulent practice puts families’ rights at risk.

Following the tragic accident of the Colombian Aerospace Force’s Hercules aircraft, in which members of the Public Force perished, the National Army, through its Personnel Command, is issuing a special appeal to the families of the deceased soldiers to exercise extreme caution against potential scams related to social security claims.

The institution has become aware of unscrupulous individuals who, taking advantage of the families’ grief and vulnerability, are offering purported advisory or intermediary services to manage benefits, fraudulently requesting money or personal information.

The Personnel Command encourages families to contact them directly at 312 242 6437 for guidance on the severance pay process.

Likewise, the Family Directorate reiterates that all procedures related to mandatory and subsidized insurance, as well as funeral services, are completely free of charge, do not require intermediaries, and are centralized through family centers nationwide.

The National Army emphasizes that all these procedures are direct and free of charge, so any request for money or external assistance should be considered a potential scam.

Source: Press Office, National Army Personnel Command https://ejercito.mil.co/comando-de-personal/

Con esta operación que integró las capacidades de la Policía, Fiscalía General de la Nación y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda se logró una afectación superior a los 360 millones de pesos entre maquinaria y extracción ilegal de oro.

En cumplimiento del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 8 San Mateo, en coordinación con los Carabineros de la Policía Nacional en Risaralda, el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, llegaron hasta la vereda Río Arriba, en el municipio de Mistrató, Risaralda, donde se adelantaban actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros.

Para el desarrollo de esta operación coordinada, las autoridades recopilaron información durante varias semanas que permitió establecer la existencia de 10 socavones ubicados en la orilla del río Risaralda, los cuales estaban generando afectaciones a las fuentes hídricas, la flora y la fauna del ecosistema.

En el lugar fueron ubicadas e inutilizadas tres dragas tipo buzo y tres motobombas industriales, avaluadas en aproximadamente 160 millones de pesos. Así mismo, se logró la captura de cinco personas, procedentes de Pereira, Guática y Mistrató, Risaralda; El Bagre, Antioquia, y Cartago, Valle del Cauca.

En este punto, la actividad ilegal permitía la extracción aproximada de 450 gramos de oro mensuales, con un valor estimado superior a los 200 millones de pesos en el mercado, recursos que presuntamente financiaban economías ilícitas.

Estas operaciones adelantadas por las autoridades buscan prevenir y mitigar el fortalecimiento de estructuras ilegales, evitando que consoliden sus finanzas ilícitas, y contribuyendo a la protección del medio ambiente, la seguridad y la estabilidad en la región.

El Batallón de Artillería de Campaña N.° 8 San Mateo, como unidad del Ejército Nacional en el departamento de Risaralda, continúa comprometido con la protección de los recursos naturales, el control de las economías ilícitas y el bienestar de las comunidades.

English version

Five people captured in an operation led by the Army against illegal mining in Risaralda.

This operation, which integrated the capabilities of the Police, the Attorney General’s Office, and the Regional Autonomous Corporation of Risaralda (CARDER), resulted in the seizure of over 360 million pesos worth of machinery and illegal gold extraction.

In compliance with the Ayacucho Plus Campaign Plan, troops from the 8th San Mateo Field Artillery Battalion, in coordination with the National Police’s Carabineros in Risaralda, the Technical Investigation Corps (CTI) of the Attorney General’s Office, and officials from CARDER, arrived at the Río Arriba village in the municipality of Mistrató, Risaralda, where illegal mining activities were taking place.

For this coordinated operation, authorities gathered information over several weeks, which allowed them to establish the existence of 10 mine shafts located on the banks of the Risaralda River. These shafts were damaging water sources, flora, and fauna within the ecosystem.

At the site, three diving dredges and three industrial water pumps, valued at approximately 160 million pesos, were located and disabled. Five individuals were also apprehended, originating from Pereira, Guática, and Mistrató, Risaralda; El Bagre, Antioquia; and Cartago, Valle del Cauca.

At this location, the illegal activity allowed for the extraction of approximately 450 grams of gold per month, with an estimated market value exceeding 200 million pesos. These funds were allegedly used to finance illicit activities.

These operations carried out by the authorities aim to prevent and mitigate the strengthening of illegal structures, preventing them from consolidating their illicit finances, and contributing to environmental protection, security, and stability in the region.

The 8th Field Artillery Battalion «San Mateo,» as a unit of the National Army in the department of Risaralda, remains committed to protecting natural resources, controlling illicit economies, and promoting the well-being of communities.